En Guatemala se ha dictado la primera condena por desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil que vivió el país entre los años 1960 y 1996. El ex comisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por la desaparición de seis indígenas.

La lucha contra la impunidad en Guatemala avanza, aunque sea a paso lento. Tras años de decepciones por la ausencia de justicia, los familiares de las víctimas del conflicto armado que asoló el país durante más de 30 años vivieron ayer una jornada de alivio, al conocerse la condena de 150 años de prisión dictada contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero.
 

Según el tribunal que lo ha condenado, Cusanero es responsable de las desapariciones de seis indígenas ocurridas entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984. Los desaparecidos son Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay. Las desapariciones ocurrieron en la aldea Choatalum, del municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Cusanero, que ahora tiene más de 60 años, estaba al mando de un grupo de unos 40 soldados que operaban en la región en los años 80 del pasado siglo.
 

Cerca de 250.000 personas, la mayor parte de ellas indígenas, fueron asesinadas durante la guerra civil guatemalteca. Se calcula que 45.000 de ellas fueron forzadas a desaparecer.
 

Juicio emblemático
El juicio se reinició la semana pasada después de 15 meses de estancamiento por un recurso que había interpuesto el militar guatemalteco. El juez Walter Jiménez, del tribunal de Chimaltenango, ordenó leer la sentencia este lunes, poniendo así fin a meses de incertidumbre y desazón por la lentitud de la burocracia judicial.
 

Entre las pruebas que se tomaron en cuenta durante el proceso figuran documentos del informe Recuperación de la Memoria Histórica y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigaron los crímenes cometidos durante la guerra civil. Según el informe de la comisión, respaldado por las Naciones Unidas, más del 80 por ciento de los crímenes fue cometido por los militares.
 

Esperanza para el futuro
La pequeña sala del tribunal que dictó sentencia en Chimaltenango estaba repleta de pobladores de la región y familiares de los desaparecidos. “No buscábamos venganza, sino verdad y justicia”, manifestó Hilarión López, cuyo hijo fue detenido por los soldados en 1984, cuando tenía 24 años. Nadie de la familia lo ha vuelto a ver.
 

La condena fue recibida con alborozo por parte de las organizaciones de derechos humanos. "Esta sentencia constituye un gran paso en la historia del país y da una luz de esperanza a los miles de familiares de víctimas de la guerra", declaró Alex Castillo, portavoz del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, CALDH.
 

Los organismos de derechos humanos sospechan que el ex comisionado Felipe Cusanero es responsable de la muerte y desaparición de más gente, pero sólo las familias de los seis desaparecidos por los que se ha condenado a Cusanero han testificado contra él en el juicio.
 

Guatemala lleva más de una década batiéndose en su particular lucha contra la impunidad, en un itinerario hacia la verdad que está lleno de obstáculos. Pocas personas han sido procesadas por las atrocidades cometidas durante el conflicto, y las fuerzas armadas han impedido el acceso a sus archivos secretos. El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt mantiene su cargo como diputado del Congreso, a pesar de las acusaciones que pesan contra él por genocidio.
 

Sentencias como la dictada este lunes contra Cusanero abren la puerta a la esperanza de un cambio. María Tan, cuyo marido fue desaparecido por Cusanero, dijo que el veredicto es un paso muy significativo para el país. “Mis nietos están creciendo, y es muy importante que nunca tengan que vivir lo que vivimos nosotros”, señaló.
 

Ley de comisión de búsqueda de desaparecidos
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala pidió este sábado al Congreso del país centroamericano que apruebe la ley de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada durante la guerra (1960-1996).
 

El organismo internacional instó al Estado guatemalteco a ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. El llamado se hace porque "la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad que, por su naturaleza, es imprescriptible", según el comunicado de la oficina de las Naciones Unidas.