La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de las Naciones Unidas que actúa en este país a petición del gobierno, acaba de proponer al Congreso de la República algunas modificaciones a la Ley de Armas y Municiones.

Entre ellas, considerar como un delito la alteración o supresión del registro que cada arma de fuego posee, y aumentar el control y la represión sobre la fabricación ilegal de las mismas.

El propósito de poner un límite a la profusión y al uso cada vez más frecuente y letal de las armas de fuego en este país parece condenado al fracaso.

Si la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego para su seguridad y la de los suyos; el Estado no cuenta con los recursos necesarios y la capacidad para proteger a la población de una delincuencia en aumento exponencial, y el negocio de la venta legal o ilegal de armas y municiones es cada vez mas común y rentable, la consecuencia inevitable es que los guatemaltecos estén armados hasta los dientes.

Y desde pequeños aprenden que si poseen un arma…es para usarla.

De allí que el 90 por ciento del promedio de 10 homicidios diarios que actualmente de registra en el país sea producido por armas de fuego.

Armas registradas e ilegales
Hace diez años 63 mil personas tenían debidamente registradas 190 mil armas semiautomáticas, entre revólveres, pistolas, rifles y escopetas, es decir tres por individuo.

Si esa proporción de 3 a 1 se ha mantenido, actualmente puede estimarse que no menos de 100 mil ciudadanos son propietarios legales de unas 300 mil armas de fuego. A ellas hay que sumarles otras 100 mil (la mayoría escopetas) en manos de igual número de empleados de agencias de seguridad. Más las que poseen los guardaespaldas privados, la cantidad total ronda en el orden del medio millón de armas en poder de los “buenos”.

En el bando de los “malos” la cantidad se desconoce y la calidad cambia dramáticamente: los delincuentes comunes también usan armas cortas semiautomáticas – mas fáciles de manipular y ocultar – pero el llamado “crimen organizado”, narcotraficantes, especialmente, posee armas de guerra, automáticas, como fusiles de asalto y ametralladoras, teóricamente de uso exclusivo del Ejército y los organismos oficiales de Seguridad.

Papel del Estado
Ante este panorama, el Estado guatemalteco y la CICIG parecen más preocupados por controlar las armas en posesión de los “buenos”, que en desarmar a los “malos”.

Algo así como ejercer toda o casi toda la presión estatal sobre los contribuyentes y olvidarse de los evasores tributarios.

Está demostrado que más y mejores reglamentos y penas más severas no tienen el efecto disuasivo sobre la delincuencia que los legisladores esperan.

Alrededor de un 90 por ciento de las armas – con las que se cometieron delitos – que ingresan al laboratorio de balística de la Policía Nacional Civil de Guatemala, nunca fueron registradas.

Ley de Armas y Municiones
En el 2009 la actual Ley de Armas y Municiones rellenó algunos baches y lagunas en materia de compra-venta, tenencia y porte.

Y hasta aportó un toque humorístico – o ridículo – al castigar “la ostentación” en la que podrían incurrir los autorizados para portar armas.

Sin embargo, no resolvió problemas de fondo que aun están pendientes y que la CICIG ha pasado por alto.

Dicha ley aun carece de la correspondiente reglamentación.

El control continúa en manos del Ministerio de Defensa, por medio de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, en lugar de haber sido transferido a jurisdicción civil: el Ministerio de Gobernación (Interior).

Arsenales ambulantes
Y una de las principales aberraciones consiste en que, según la ley vigente, una licencia de porte ampara hasta tres armas….pero como no establece la cantidad de licencias que puede poseer un individuo, dejando abierta la posibilidad para que en Guatemala existan verdaderos arsenales ambulantes..

Por otro lado, se tiene que la población se sigue armando, que los hechos violentos con armas de fuego aumentan cada vez más y surge el cuestionamiento sobre qué hace o facilita que la población se arme. Se perciben tres causas principales: En primer lugar, un Estado que no está cumpliendo con su deber de proporcionar seguridad; en segundo lugar, una legislación permisiva; y en tercer lugar, disponibilidad de armas de fuego. Ya que si el Estado no me está protegiendo ni a mí ni a mis vecinos, por un lado, me permite el acceso a un arma de fuego y no me está controlando constantemente, y por otro lado puedo adquirir un arma en muy buenas condiciones en el mercado legal o ilegal, entonces nada me obstaculiza para tener un arma de fuego.