A las empresas petroleras que no firmen nuevos contratos con el Estado se les podría expropiar sus campos de explotación. La amenaza la hizo el presidente Rafael Correa durante su enlace radial semanal del sábado pasado. Las empresas petroleras están operando en la actualidad con contratos transitorios que deberían migrar hacia contratos por servicios.

Sobre el tema conversamos con Alberto Acosta, ex ministro del ramo y ex presidente de la Asamblea Constituyente. Para Acosta, primeramente, “las empresas petroleras están ejerciendo su derecho al pataleo al tratar de defender sus ingresos lo más posible (…) Cuando se trata de tanto dinero como el que existe en los contratos petroleros, las posibilidades para una redistribución de los ingresos son mínimas o son difíciles si no hay una verdadera voluntad política y una clara y definida estrategia de acción, sobre todo en el campo jurídico, que tiene que ser respaldado políticamente”. Acosta cree que las empresas petroleras harán lo imposible por retener la mayor cantidad de beneficios a su favor, mientras el Estado lo hará, dentro del marco de la Constitución y la Ley, para defender los intereses nacionales.

¿Por qué la amenaza del presidente Correa?
Acosta considera que el presidente de la República está presionando a las compañías para que sigan invirtiendo en el país, para que sigan extrayendo crudo y para obtener una mayor renta petrolera. “Las empresas petroleras han dejado de invertir lo que les correspondía y sus planes de ampliación de la actividad extractiva se han visto frenados en los últimos tiempos, lo que se ha reflejado en la caída de la tasa de extracción de crudo (se ha recuperado la tasa de la empresa estatal pero no de las privadas)”. Así las cosas, para este conocedor de la materia, el gobierno trataría de conseguir una mayor participación por cada barril que extraigan las compañías privadas, “lo cual es lógico y hay que apoyar”.
 

Crítica a una visión de expropiación
Lo que preocupa a Alberto Acosta es la visión de expropiación que tiene el Gobierno. “Una expropiación en estricto sentido jurídico sería solo de los equipos, instalaciones y maquinarias existentes. Yo preferiría que el gobierno nacional optara por una revisión integral de todos y cada uno de los contratos petroleros, que son algo así como 34, y que se obviara la visión de la expropiación porque puede ser mucho ruido y pocas nueces, y no va a conducir a lo que se busca en definitiva.”
 

Para Acosta sería muy riesgoso empezar con procesos de expropiación que luego podrían terminar en demandas ante el CIADI, “aquel tribunal de arbitraje que protege la inversión privada extranjera en al marco del Banco Mundial”.

Mejor que expropiar, revisar integralmente los contratos
Acosta considera que lo correcto sería avanzar hacia la revisión de los contratos petroleros y, a partir de ello, dar paso a la caducidad de los mismos cuando sea necesario, o a una reformulación. “Deberíamos preguntarle al presidente de la República, por qué no ha dado paso a la reversión del bloque 18 y del Campo Palo Azul, que están en manos de Petrobrás, que están atentando directamente contra la Ley y la Constitución.

Habría que anotar también que el gobierno del presidente Correa renegoció 7 contratos petroleros, en el marco de lo que se llamó la transición temporal, que también están al margen de la Constitución y de la Ley. Los contratos petroleros habría que revisarlos con base en los artículos 315 y 316 de la Constitución y en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Empresas que deberían ser la base. Incluso, la nueva Ley de Hidrocarburos, que está todavía en discusión, debería hacerse a partir de estos principios constitucionales”, agrega.
 

En definitiva, según Acosta, las declaraciones del presidente Correa del sábado anterior habría que considerarlas como una medida de presión hacia las empresas petroleras. Sin embargo, más efectivo sería realizar una revisión integral de los 34 contratos que tiene el Estado con ellas.