Una plataforma formada por artistas e intelectuales celebran en Jaén, España, un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón, quien enfrenta tres querellas en su contra y podría quedar apartado de la judicatura.

No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo soporte, debe haber pensado el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien ha disfrutado de cierto respiro esta semana en su particular batalla con la justicia en la que él mismo se desempeña.

Si la semana pasada concluía con la noticia de que el Tribunal Supremo español había aceptado a trámite la tercera querella en contra del magistrado, en los últimos días Garzón ha recibido el respaldo de la Fiscalía, buenas noticias de la Universidad de Nueva York, y el apoyo de numerosas personalidades españolas y de otros países, quienes han puesto en marcha la Plataforma de Apoyo a Baltasar Garzón. Aún así, la situación del juez es delicada, pues hace frente a tres querellas aceptadas a trámite por el Tribuna Supremo y podría quedar inhabilitado para la práctica de la judicatura.

Tres querellas
El juez Baltasar Garzón hace frente a tres querellas ante el Tribunal Supremo. Una de ellas, por la decisión del juez español de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo; otra, por su actuación en la investigación de la trama corrupta que se conoce en España como caso Gürtel y que implica a varios altos cargos del opositor Partido Popular; y otra, por haber recibido, supuestamente a través del Banco de Santander, fondos de alto valor económico por su estancia en la Universidad de Nueva York durante el curso 2005-2006.

En este último caso, este jueves se ha sabido que Garzón ha remitido al Tribunal Supremo un escrito de la Universidad que indica que el magistrado ni pidió ni recibió dinero del Banco Santander. Este documento lo ha presentado el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y en él se certifica que fue el Centro Rey Juan Carlos I, dependiente de la Universidad de Nueva York, el que pidió y recibió financiación del Banco Santander Central Hispano para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios: "Diálogos Transatlánticos" y "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica".

En el escrito, firmado por el ex director del centro James D. Fernández, y por su actual responsable, Jo Labanyi, se señala que el Centro Rey Juan Carlos "administró y gastó estos patrocinios en la realización de esas iniciativas" y se añade que "ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez Garzón, o a su familia".

Según quienes acusan a Garzón de cohecho en este caso, el juez compensó al presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, por el presunto arreglo económico no admitiendo a trámite una querella que recibió contra el banquero. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la inadmisión.

Caso Gürtel
La última de las tres querellas aceptadas a trámite, y la que promete revolver más la política nacional española, es la relacionada con el ‘caso Gürtel’. Esta trama, que recibe su nombre por la traducción al alemán del apellido del principal imputado, Francisco Correa, se considera la red de corrupción más extensa destapada durante la democracia española. En ella están implicados cargos del Partido Popular de Valencia, Madrid y Galicia, y entre los presuntos delitos cometidos se incluye evasión de dinero, fraude fiscal, soborno a las autoridades, adjudicación a dedo de contratos a las empresas de la red corrupta, e incluso se habla de supuesta financiación irregular del partido.

En un principio, Baltasar Garzón fue el juez instructor del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM. En esa etapa de la instrucción, el juez intervino las comunicaciones privadas entre algunos de los detenidos y sus abogados, y esto ha sido el motivo de la querella que se ha presentado en su contra. Garzón fue recusado por el Partido Popular.

Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y actual abogado de uno de los implicados en la trama, el constructor José Luis Ulibarri, es el autor de la querella presentada contra Garzón, a quien acusa de delitos de prevaricación y contra la garantía de la intimidad por haber ordenado las escuchas. El Tribunal Supremo aceptó a trámite dicha querella, con lo que aumentó el estupor de quienes consideran que existe una conjura estudiada contra el juez de la Audiencia Nacional.

Tanto la Fiscalía anticorrupción como el actual juez instructor del caso ante el TSJM, Antonio Pedreira, han avalado las escuchas. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, asegura que Garzón actuó adecuadamente al ordenar la intervención las comunicaciones. La Fiscalía ha recurrido la querella interpuesta contra Garzón y argumenta que ésta contiene numerosas e importantes incorrecciones y oculta datos de forma interesada. “Estas inexactitudes confirman la intención del querellante de obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de la trama Gürtel”, señala el fiscal en su recurso de súplica.

Interpretación de las leyes
Según el abogado querellante, la intervención de las comunicaciones entre presos y abogados sólo se justifica en casos de terrorismo. Sin embargo, hay casos recientes no relacionados con el terrorismo en los que las escuchas han sido permitidas, como es el caso de la joven sevillana Marta del Castillo, desaparecida en enero del 2009, o del narcotraficante Pablo Vioque.

En la legislación española existen dos normas que atañen a la cuestión de las intervenciones telefónicas. La Fiscalía anticorrupción explica que hay que diferenciar entre la intervención de comunicaciones como medida de régimen penitenciario (regulada en el artículo 51 de la Ley orgánica General Penitenciaria) y la intervención como medida de investigación de delitos (regulada en el artículo 579 de la ley de Enjuiciamiento Criminal).

"La conciliación de ambos preceptos resulta perfectamente compatible con las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es respetuosa con el derecho de defensa y el secreto profesional", dice la Fiscalía en su recurso, y añade que dicha conciliación "es coherente con el hecho de que los autos recurridos acuerden la intervención de las comunicaciones de los imputados no sólo con sus abogados sino igualmente con otras personas".

La Sala de lo Civil y penal del TSJM critica que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen penitenciario, con la intervención de esas comunicaciones como medida de investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones de una se trasmitan a la otra".

De acuerdo con el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el TSJM considera que, en esta ocasión, "la medida estaba justificada, puesto que existían indicios delictivos y el juez autorizó las escuchas”. El juez instructor Antonio Pedreira subraya que “se respetó el derecho fundamental".

Escapar a la justicia
Muchos consideran que, además de apartar de la judicatura a Baltasar Garzón, los interesados en desautorizar las escuchas realizadas pretenden poner fin a la investigación del caso Gürtel. Cabe recordar que en los años 90, un caso de presunta financiación irregular del Partido Popular, conocido como caso Naseiro, fue archivado por el Tribunal Supremo porque un juez había ordenado escuchas telefónicas para perseguir un supuesto delito de narcotráfico y no de financiación ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reunirá el próximo 10 de marzo para deliberar sobre las escuchas y decidir si las valida o no.

Amigos y enemigos
Mientras tanto, desde distintos foros siguen llegando muestras de apoyo al juez español. La Plataforma de Apoyo a Garzón ha creado una página web en la que cualquier ciudadano, administración o colectivo puede adherirse al manifiesto a favor de la Justicia del juez.

El manifiesto destaca que Garzón "ha ejercido una Justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia".

Además de la convocatoria de este sábado en Jaén, provincia andaluza de la que es originario Garzón, se esperan otros actos para defender al juez en los meses de mayo o junio en Madrid. Desde fuera de España, la solidaridad con el juez ha surgido sobre todo en relación con la investigación que Garzón puso en marcha sobre los crímenes del franquismo y que también le ha valido una querella en contra. En ese caso, el magistrado instructor, Luciano Varela, considera que Garzón ignoró la Ley de Memoria Histórica para asumir el control de la localización de las víctimas de la represión y que se saltó la Ley de Amnistía. Los querellantes en este caso son el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

En todos sus años de práctica judicial y coqueteos con la política, fue Secretario de Estado en uno de los gobiernos del socialista Felipe González, Garzón se ha labrado prestigio y reconocimiento en España y fuera de ella, pero también se ha ganado muchos enemigos y ha despertado numerosas críticas. Sin olvidar los adversarios que tiene Garzón dentro de su propio oficio. Prueba de ello es el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial español haya iniciado el proceso para suspender a Garzón de la judicatura sin esperar a que haya un auto de procesamiento en su contra, como suele ser la costumbre. Para la Justicia será difícil mantener los ojos cerrados en un caso en el que confluyen tantos intereses, pero cabe esperar que así sea, y que se proceda de manera justa.