El presidente uruguayo Tabaré Vázquez confirmó lo que se esperaba desde el pasado martes y vetó los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizan el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. El proyecto necesita ahora una mayoría clara en las dos Cámaras parlamentarias para poder salir adelante.
 

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no agotó el plazo de diez días que tenía desde la aprobación de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en el Senado uruguayo para interponer su veto a los artículos que despenalizan el aborto.
 

Artículos vetados
Los artículos que despenalizan y regulan la interrupción del embarazo estaban contenidos en los capítulos II, III y IV de la ley. En dichos artículos, la ley establecía que la mujer podía "decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez", alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. También contemplaba el aborto por razones de salud, malformaciones del feto o peligro para la vida de la madre.
 

Asimismo, la ley disponía que los abortos fueran considerados actos médicos sin valor comercial. Los médicos o miembros del equipo quirúrgico con objeciones de conciencia tenían la posibilidad de informarlo a sus instituciones en un plazo de 30 días. Estos artículos modificaban, a su vez, la actual legislación uruguaya que considera el aborto un delito.
 

Un veto anunciado
Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, había asegurado en diferentes ocasiones que no promulgaría la ley por motivos filosóficos y biológicos. La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, acompañó con su firma el veto del presidente.
 

El ministro de Turismo, Héctor Lescano, explicó que "por razones de rapidez del trámite se optó que el veto fuera firmado por la ministra Muñoz, quien ya públicamente había anunciado que, más allá de su posición personal que era coincidente con esta norma, por razones de lealtad y por aquello de hacer posible que se exprese la voluntad política del presidente, acompañaba con su firma el veto".
 

Fallidos intentos de evitar el veto
Después de la sonada aprobación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva en el Congreso y el Senado uruguayos, algunos legisladores del gobernante Frente Amplio intentaron, sin éxito, impedir que el mandatario interpusiera el veto y ofrecieron la posibilidad de realizar un referéndum sobre la cuestión en Uruguay. La propuesta consistía en incluir la consulta en la papeleta de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país en octubre del 2009.
 

El diputado oficialista Luis Gallo dijo a los medios de comunicación que Vázquez "equivocó su decisión, porque la misma no debió ser tomada por convicciones personales y sí respetar y defender el deseo de la mayoría de la sociedad, interpretado cabalmente por el Parlamento".
 

Gallo, médico anestesiólogo e intensivista aparte de legislador, señaló que el presidente uruguayo "debió tomar el ejemplo del presidente francés Valéry Giscard D'Estaing, quien siendo ferviente católico, no vetó en la década del 70 [del siglo pasado] la despenalización del aborto y explicó al Papa Juan Pablo II las razones por las cuales no interpuso su criterio personal".
 

Apoyos a Tabaré
El ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle (1990-1995), actual precandidato opositor, aplaudió la decisión de Tabaré Vázquez y dijo que la actitud del presidente "es digna de ser destacada, porque no vaciló en adoptarla aún siendo contraria a un interés político".
 

Por su parte, el obispo de Melo y secretario general de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Luis del Castillo, declaró que "autorizar el aborto de forma indiscriminada equivale a dar permiso a cualquier ciudadano a hacer justicia por mano propia, con lo cual se estaría generalizando la pena de muerte".
 

Asamblea General
Para poder levantar el veto presidencial, los legisladores deben convocar a una Asamblea General que reúna a los miembros de las dos Cámaras parlamentarias, y la iniciativa tiene que recibir los votos de tres quintos de los presentes para poder ser aprobada, algo muy poco probable.
 

Si la Asamblea General no consigue quórum en 30 días, el veto quedará automáticamente confirmado. Hay quienes aseguran que, dada la poca probabilidad de que la ley reciba el apoyo mayoritario de la Asamblea General, es posible que ni siquiera se trate. En cualquier caso, el proyecto se podrá presentar en la próxima Legislatura.
 

Las reacciones al veto presidencial no se han hecho esperar y seguirán llegando. De momento, el grupo CNS Mujeres ha convocado a actos de protesta contra "este acto de autoritarismo que implica un retroceso enorme para el sistema democrático del país". La organización manifestó su indignación en un comunicado y sostuvo que "la voluntad del presidente no representa la voluntad del país".