Cuando el periodista sirio Ali al-Abdallah terminó de cumplir su condena, a las puertas de la cárcel de Damasco no lo esperaba la libertad sino un grupo de agentes de los servicios de inteligencia política. Al-Abdallah fue llevado directamente ante un fiscal militar que lo devolvió con la misma prontitud a la cárcel, a esperar un nuevo proceso.
Durante el tiempo que estuvo en prisión, el periodista consiguió irritar a las autoridades. Escribió un artículo en el que criticaba el sistema político de Irán, uno de los aliados más importantes de Siria. Por ello deberá comparecer nuevamente ante el juez, dentro de poco. Uno de los abogados que lo representan, Hossam *, no confía en el tribunal.
“Da lo mismo lo que digamos o intentemos probar durante el juicio: la sentencia es una decisión política”, afirma Hossam. “En realidad estamos en esto como apoyo moral del acusado, nada más”.
Declaración de Damasco
Ali al-Abdallah es parte de un grupo de 12 intelectuales que a fines de 2008 fueron condenados a 30 meses de prisión por “la difusión de noticias falsas o exageradas” y “difamación del sentimiento nacional”.
Los doce eran firmantes de la llamada Declaración de Damasco, un documento político que toca casi todos los temas que ponen nerviosas a las autoridades: democracia, liberación de los presos políticos, fin del estado de emergencia que otorga amplios poderes represivos al gobierno.
El arresto, en su momento, de los 12 firmantes de la Declaración de Damasco, así como la actual persecución de Ali al-Abdallah, son ejemplos de una política que en los últimos años se ha hecho más represiva. Es lo que opinan activistas de derechos humanos, abogados y diplomáticos en Damasco. Un informe reciente de Human Rights Watch señala que en Siria “la situación de los derechos humanos ha empeorado desde 2009 en adelante. Las autoridades detienen a activistas políticos y de derechos humanos, censuran sitios en Internet, encarcelan a blogueros, imponen prohibiciones de viaje”.
Asesinato del primer ministro libanés
Según el hijo de Ali al-Abdallah, Mohamed, el gobierno sirio estrechó el control de los disidentes hacia el año 2005. La razón principal fue la presión de franceses y estadounidenses para que Siria retirara sus tropas de Líbano, después del asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri. El gobierno de Damasco entendió esta presión internacional como el presagio de un intento de cambio de régimen, por lo que decidió tratar a la oposición interna con mano dura.
A fines de 2008 terminó el aislamiento internacional de Siria. Varios países europeos, y más tarde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidieron que lo mejor para la estabilidad regional era el diálogo con el gobierno de Damasco.
De pronto, los diplomáticos europeos y estadounidenses se agolparon a las puertas de la capital siria y dejaron de preocuparse de la represión a los opositores. “Siria entendió el interés de Occidente como una señal de luz verde”, dice Mohamed. “Hagan ustedes lo que quieran, nos da lo mismo, lo que necesitamos son buenas relaciones con el gobierno”.
Represión
En Siria, la línea divisoria es clara: aquel que lucha por reformas políticas, publica artículos sobre corrupción en los círculos de poder, critica al presidente, denuncia a los servicios de inteligencia o aboga por los derechos de la minoría kurda, corre serio riesgo de entrar en conflicto con las autoridades. En los casos más graves hay persecución y arresto, pero antes de eso ha habido casi siempre advertencias, en serias conversaciones con algún servicio de inteligencia. A menudo siguen medidas de castigo: “todos mis amigos tienen prohibido salir del país”, dice el abogado Hossam con un rictus amargo.
Juicios sin esperanzas
Una vez conocida la fecha de una comparecencia ante el juez, Hossam y sus colegas comienzan los preparativos para un nuevo caso sin esperanzas. Además, el trabajo de abogado no está libre de riesgos. En junio pasado un conocido jurista de derechos humanos fue condenado a tres años de cárcel.
Cuando se le pregunta si está preocupado por su seguridad, Hossam se encoge de hombros. “Por supuesto que me preocupa. Cada vez que suena el teléfono, me pongo nervioso. Cada vez que alguien llama a mi puerta, lo mismo. Pero ¿qué podría hacer? ¿Abandonarlo todo? Imposible”.
* A petición de los involucrados se ha mantenido en reserva el nombre del abogado. Hossam es un seudónimo.



























Sakineh Mohammadi Ashtiani aún no está a salvo, ya que todavía pueden aplicarle lo que en Irán llaman púdicamente "pena sustitutoria", es decir, la muerte por ahorcamiento, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué crimen cometió Sakineh Mohammadi Ashtiani, una madre de familia de 43 años? ¿Qué imprescriptible falta la hizo merecedora, hace cuatro años, de 99 latigazos y, más tarde, de una condena que consiste en ser enterrada viva hasta el cuello para que una horda de machotes le destroce la cabeza a pedradas? Sí, ¿cuál fue ese crimen que pese a que, lo repito, la Embajada de Irán en Londres acabe de anunciar la anulación in extremis de la orden de lapidación, la retiene en el corredor de la muerte de la prisión de Tabriz a la espera de un castigo que, aunque aparentemente menos bárbaro, será igual de atroz? Su crimen, su único crimen, un crimen que, entre paréntesis, ella niega haber cometido, ese crimen que, en el momento en que escribo, y pese a que tres de los cinco jueces que se pronunciaron sobre el caso expresaron serias dudas sobre su culpabilidad, la abocan a una salvaje ejecución, no es otro que el de haber mantenido relaciones extramatrimoniales con un hombre varios años después de... ¡la muerte de su marido!
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