La búsqueda de un equilibrio o la delimitación de la frontera entre la justicia nacional y la justicia internacional es uno de los desafíos más destacados en el combate global contra la impunidad.

La actuación de las cortes internacionales puede abrir algunas heridas en las relaciones entre unos países y otros. A menudo se pone en duda la imparcialidad de estas cortes y se critica que no se siente en el banquillo de los acusados a los países más poderosos. Los procesos judiciales internacionales se perciben como una injerencia contra la soberanía nacional de los Estados.

Un denominador común en los casos que examina la justicia internacional es la incomodidad que sienten los estados al verse señalados como violadores de los derechos humanos en las cortes internacionales. Para las organizaciones de la sociedad civil, también sería preferible que los procesos se resolvieran en el marco de la justicia nacional, pero no siempre se dan las circunstancias para ello, y en ese caso, la escena internacional se erige como la vía alternativa para que se haga justicia.

Reforma del fuero militar mexicano
Los activistas de derechos humanos que trabajan en México tienen como principal objetivo la reforma del fuero militar, para que los casos de abusos de derechos humanos se procesen en los tribunales de la justicia civil.

Hasta ahora, los casos que han desembarcado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica con México como acusado tienen como elemento común que los perpetradores de los crímenes eran miembros del ejército.

Caso de Colombia
Colombia es otro de los países de la región que tiene que lidiar con el escrutinio internacional en lo relacionado con la justicia y los derechos humanos. La ley de Justicia y Paz que comenzó a operar desde el 2005 en Colombia como un proceso de justicia transicional para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad se ha nutrido desde sus inicios del Derecho Internacional humanitario.

Para los representantes de víctimas, el problema no es la falta de capacidad de la justicia en Colombia, sino el acceso que las personas tienen a ella. Por su parte, para los jueces colombianos que tienen la enorme responsabilidad de juzgar miles de los crímenes atroces ocurridos en Colombia en las dos últimas décadas, el mayor aporte de la justicia internacional es la complementariedad.

Corte Penal Internacional como esperanza
La creación de la Corte Penal Internacional en el año 2002 despertó en Latinoamérica enormes expectativas. Las víctimas de países como Colombia comenzaron a mirar a la CPI como la instancia que venía por fin a hacer justicia. El número de denuncias o las amenazas de denuncias se han multiplicado en los últimos tiempos. Algunas de ellas sin ningún fundamento, según reclaman algunos expertos.

Si bien consideran necesario establecer un balance entre justicia nacional y justicia internacional, académicos del derecho y los profesionales que trabajan en las cortes internacionales defienden la actuación de la justicia internacional como garantía de última instancia para que los crímenes de lesa humanidad no permanezcan impunes.