La región de América Latina y el Caribe cuenta con su propio mecanismo de protección de los derechos humanos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, porque fue firmada en la capital de Costa Rica en 1969.

Para salvaguardar los derechos fundamentales en el continente americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos instrumentó dos órganos competentes para dar a conocer y combatir las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte son organismos que funcionan en el seno de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La Corte Interamericana no pudo establecerse y organizarse hasta mayo de 1979, unos meses después de la entrada en vigor de la Convención, en julio de 1978.

Fallos contra los Estados
Durante sus más de 30 años de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha revisado cientos de casos y en muchos de ellos ha fallado en contra de los Estados, que han sido denunciados tanto por particulares como por organizaciones de la sociedad civil. Antes de llegar a la Corte, los casos se tienen que presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, lo que hace que todo el proceso se alargue, para desazón de las víctimas. A pesar de la lentitud de los procesos, los expertos destacan la importancia del papel que juega la Corte como defensora del sistema interamericano de derechos humanos.

Sin ser el país con más demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México ha protagonizado algunos de los procesos más emblemáticos que se han visto en San José en los últimos años. Además de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas por militares mexicanos, la Corte ha dictado sentencia en contra del Estado mexicano en las demandas por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por la detención injusta y tortura de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y por el caso de Campo Algodonero, sobre la muerte de mujeres en Ciudad Juárez.

Sentencias innovadoras pero también mejorables
A juicio de la periodista mexicana Gloria Leticia Díaz, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un efecto reparador sobre las víctimas. En esta misma línea se manifiesta Gabriela Pacheco, una de las abogadas que trabaja en su sede.

Desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entidad que trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos, Roberto Cuéllar coincide en el carácter excepcional y vanguardista de las sentencias de la Corte Interamericana.

Sin embargo, no faltan las críticas al sistema judicial interamericano, que apuntan sobre todo a la falta de mecanismos para aplicar las sentencias que emite la Corte. El director del centro Pro Derechos Humanos en Ciudad de México, José Rosario Marroquín, que llevó el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, apunta algunas de las carencias de este sistema.