En América Latina, donde ocurre más de la mitad de los secuestros cometidos en todo el mundo, disminuyen aquellos perpetrados por motivos políticos, pero aumenta la llamada modalidad extorsiva.
Los casos de secuestro extorsivo, también conocido como ‘secuestro exprés’, son por lo general cometidos por bandas juveniles, de carácter espontáneo, producto de la crisis económica en la región.
Estos son unos de los aspectos que se hicieron manifiestos durante la Primera Conferencia Hemisférica de Lucha Contra el Secuestro, que concluyó ayer en Bogotá.
Caja negra de cifras
En materia de secuestros, las cifras siempre son inciertas, ya que muchas familias no los denuncian por temor a la situación de sus parientes cautivos o porque prefieren negociar directamente con los delincuentes. El caso de Colombia es indicativo: no se sabe a ciencia cierta la cifra de secuestrados, aunque algunos calculan un promedio anual de 300, la cual se asemeja a la que manejan autoridades federales de México. Al sub-registro, común a todos los países, se añade la diferencia de metodologías. Por ejemplo, el estatal ‘Fondelibertad’ pasó de reportar, en el 2009, un acumulado de 1.502 personas secuestradas, a 614 este año, trasladando de categoría a muchas de ellas.
A este respecto, en marzo pasado, País Libre señaló que “los sistemas se están quedando en simples instrumentos de promoción de los éxitos políticos (…), funcionan como una caja negra donde entra una acción puntal de las fuerzas y sale una reducción general e inmediata del fenómeno”.
Hasta hace dos años, el británico Grupo de Control de Riesgos estimaba que en América Latina ocurría un promedio anual de 7.500 plagios, que generarían una suma de 1.470 millones de dólares para las organizaciones criminales en concepto de rescates.
‘Secuestro exprés’
Se ha generalizado el ‘secuestro exprés’, o relámpago, modalidad en la que la víctima permanece menos de un día en poder de sus captores, y se pagan rescates que se tasan y transan en el momento. Las expresiones más acentuadas se presentan en Brasil y Argentina, país éste donde, según informó el Comisario Raúl Britez, Jefe de la División Antisecuestros de la Policía Federal, tiene carácter netamente urbano, es perpetrado por bandas juveniles que actúan de manera espontánea y preferentemente en la noche.
“De manera muy clara, el secuestro relámpago aumenta en situaciones de gran crisis económica, cuando hay más desempleo, mas no por eso es menos importante, porque normalmente los secuestradores no son criminales expertos, sino gente muy joven, desesperada, factores que los puede hacer muy peligrosos”, comentó a Radio Nederland Alexandre Addor-Netto, Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos OEA. “Esta modalidad del crimen organizado obedece a la variación de actividades de bandas criminales: si la trata de personas no funciona bien, opera el tráfico de armas, así como del narcotráfico se deriva al secuestro,” explicó.
Al referirse al actual panorama latinoamericano, Addor-Netto recordó que en algunos países la situación fue mucho peor, como Colombia, y que en general “el secuestro de interés político está en situación de baja, es menos frecuente”.
Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen en su poder a 23 soldados y policías, algunos desde hace más de una década, y aspiran a canjearlos por unos 500 presos de su organización. En los últimos tres años, mediante gestiones del Gobierno de Venezuela y de la senadora colombiana Piedad Córdoba, ese grupo liberó a ocho secuestrados políticos. Otros 11 fueron rescatados en el 2008 en la Operación Jaque del Ejército, entre ellos cinco soldados y policías, tres contratistas estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Corresponsabilidad
Marianne Moor, Coordinadora para América Latina de la Organización Pax Christi, de Holanda, señaló la corresponsabilidad entre Estados y sociedad civil como un aspecto determinante en el combate al secuestro. A su juicio, con la estrategia que su organización impulsa en la Unión Europea se busca minar recursos que acaban en manos del crimen organizado y establecer códigos éticos comunes para enfrentar el delito.
Estos sus objetivos:
Política comunitaria para toda la Unión Europea de no pago de rescate y extorsión, que incluya un protocolo para el proceder de las embajadas y los ministerios en casos de secuestro de ciudadanos europeos en el extranjero. Código de conducta de ‘principios voluntarios’ para empresas europeas y multinacionales que operan en zonas de conflicto en las que el secuestro es recurrente. Y prohibición de la deducción de impuestos y gastos fiscales por el pago de rescates.
Radio Nederland.- ¿Qué tanta receptividad han encontrado?
Marianne Moor.- Nos ha ayudado mucho la más reciente resolución en la que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas condena el pago de rescate a grupos terroristas. De alguna manera, ahora la UE está consciente de que debe implementar esta resolución, y que ya no puede ser apática con respecto a la corresponsabilidad, como lo ha sido en los últimos diez años. Ahora hay más apertura, aunque los trámites y tiempos son lentos y largos.
RN.- En el mapa mundial del secuestro, ¿qué lugar ocupa América Latina?
MM.- Es la región más afectada de todo el mundo, tanto por su larga historia de secuestros, como por el papel del narcotráfico, el cual tiene un vínculo muy estrecho con este delito y la extorsión y, además, porque hay un efecto de réplica y exportación de modalidades de secuestro de país a otro.
Moor considera necesario cooperar desde la sociedad civil con las autoridades y los Gobiernos, pues las acciones militares no bastan para resolver el problema. A su juicio, “se requiere voluntad política”.
Las víctimas
Intercambio de información y proyección de trabajo en equipos, es la expectativa común a los delegados a la Primera Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Secuestro. Acentuar una visión desde la óptica de las víctimas y de sanción a los victimarios, también fue una reflexión generalizada. En palabras de José Luis Gómez, ponente de la Universidad de París,“hay que perseguir a los secuestradores, juzgarlos y llevarlos a la cárcel, extraditarlos si es necesario, y pensar en competencias universales de los jueces”.





























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