El Gobierno de Fernando Lugo ha comenzado la primera etapa de su plan de reforma agraria, enfatizando la seguridad y soberanía alimentaria de las familias campesinas.

Escuche la entrevista a Alberto Alderete, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

"La idea central es producir suficientes alimentos, tanto vegetales como animales y brindar las herramientas para procesarlos con el fin de garantizar la generación de ingresos económicos para el bienestar de las familias" explica en entrevista con Radio Nederland el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Alberto Alderete.

El representante de gobierno indica que sólo un conjunto de medidas que tengan en cuenta el acceso a la tierra, al agua potable, a la energía eléctrica, a la educación, la salud, la capacitación y el apoyo para la producción, la comercialización y el manejo de recursos naturales contribuirán a que estas familias tengan acceso al desarrollo económico y social que necesita Paraguay.
 

Como parte del plan, según señala Alderete, se distribuirá alimentos y semillas y se beneficiará a por lo menos 5.500 familias distribuidas en 60 asentamientos creados por el organismo de reforma agraria, que habían sido abandonados por el Estado. "El Estado se había desentendido de ellos, se les había abandonado a su pobreza y miseria y se les había dejado sin infraestructura y servicios básicos".
 

Hacendados y sin tierra
La redistribución de las tierras forma una parte importante de la primera etapa de la reforma agraria, y para el Gobierno paraguayo será un desafío proteger los intereses de los hacendados, principalmente brasileños, que tienen explotaciones agrícolas en el país, y a la vez procurar un espacio para los campesinos sin tierra, que buscan en el nuevo Gobierno una solución a su necesidad de tener un lugar donde cultivar.
 

Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras en América latina, por encima de Brasil. "La desigualdad en la distribución de la tierra se evidencia en el 1 por ciento de población que concentra en sus manos el 77 por ciento de las tierras", indica Alderete.
 

Según las nuevas disposiciones, el Estado paraguayo tiene una constitución y una ley que garantizan la reforma agraria, y en ese sentido establece parámetros obligatorios de producción y uso de la tierra. "Si el poseedor de tierras no cumple con ciertos parámetros, el Estado está facultado para proceder a la compra o a la expropiación de los inmuebles para su posterior redistribución a familias campesinas, que sí le van a dar un uso más racional", cita Alderete.
 

Brasil y MERCOSUR
El canciller brasileño, Celso Amorin, había manifestado la preocupación de Brasil por los supuestos ataques y atropellos contra la propiedad privada de agricultores brasileños. Sin embargo,Alderete envía un mensaje de calma: "Todos los propietarios de tierras que tengan sus propiedades y tierras en condiciones legales, el Estado los va a proteger y respetar".
 

A nivel internacional, el presidente de Indert es optimista de que el desarrollo y el apoyo a la pequeña agricultura familiar campesina y la reforma agraria que se lleva a cabo en estos momentos en Paraguay irán en concordancia con los objetivos de MERCOSUR de fortalecer su políticas de carácter social.