El lunes 16 de agosto nueve oficinas americanas y europeas de Amnistía Internacional enviaron una carta al presidente de México Felipe Calderón, pidiendo la liberación de Raúl Hernández, un indígena de la etnia Me’phaa, en el estado de Guerrero.

El 17 de abril de 2008, cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército mexicano,

Un año después de su arresto, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago recobraron la libertad por orden judicial. Sin embargo, Raúl Hernández continúa detenido. El juez federal le negó el amparo debido al testimonio de dos testigos que habían certificado su presencia cuando se disparó a la víctima.

Después de haber examinado atentamente el caso, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que las pruebas en contra de Raúl Hernández han sido fabricadas y las que hay en su favor fueron desestimadas.
Amnistía Internacional considera que Raúl Hernández es inocente y que su detención y enjuiciamiento tienen una motivación política debido a sus actividades legítimas dentro de OPIM.
Amnistía Internacional define a Raúl Hernández como preso de conciencia.

Pide la PGJE 50 años de cárcel para el me’phaa
A pesar de que no hay elementos para mantener preso al indígena de la etnia Me`phaa, la fiscalía exige para él una pena de cincuenta años de prisión.

Radio Nederland preguntó a Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de Raúl Hernández ¿por qué a pesar de que no hay elementos condenatorios, sigue un juicio muy duro contra Raúl?

“Raúl Hernández es un activista por los derechos humanos. Es líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Su organización denunció la violación de varias mujeres por soldados del ejército mexicano. Las víctimas exigieron justicia en México sin encontrarla por lo que el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México en el banquillo de los acusados. Eso no se lo van a perdonar”.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña señala que el estado de Guerrero, tienen uno de los niveles de marginación más altos del país. Allá viven más de cien mil indígenas Me’ phaa, en un calidoscopio de grupos étnicos.

La defensa de Raúl Hernández la lleva en Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en una de las zonas más alejadas y pobres de Guerrero.

El pasado 6 de agosto hubo un descargo de pruebas tanto para la fiscalía como para la defensa. A esta diligencia jurídica fueron invitados en calidad de observadores, diplomáticos acreditados en México de las embajadas de Francia, Alemania, Austria Finlandia, así como de la Unión Europea y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Uno de estos observadores que pidió el anonimato, narró a Radio Nederland:
“Fuimos a Tlapa que queda como a 80 kilómetros del puerto turístico de Acapulco. El juicio fue oral y hubo un traductor al castellano porque Raúl Hernández no habla español, habla me`phaa.”

El juicio 
El 6 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó conclusiones acusatorias y pidió una sentencia máxima de 50 años de cárcel para el indígena y luchador social.
Los abogados defensores presentaron varias pruebas que demuestran la inocencia de Raúl Hernández, y evidenciaron que no hay pruebas para mantenerlo en prisión, ya que las declaraciones de los dos testigos de cargo habían sido desvanecidas, además de que hubo contradicciones y falsedades en sus testimonios.

Aún así, la Procuraduría no cede. La defensa asegura que en Guerrero los órganos de procuración de justicia se utilizan de manera facciosa para reprimir a defensores de derechos humanos que cuestiona el autoritarismo y la prepotencia de las autoridades.
 

El veredicto
Con la audiencia de descargo del 6 de agosto concluyó buena parte del juicio. El juez tiene entre 15 y 20 días para dictarle a Raúl Hernández auto de libertad o declararlo culpable.

¿Y si se declara culpable a Raúl Hernández, qué pasará? preguntó Radio Nederland al abogado Vidulfo Rosales.

“Apelaremos el veredicto y llevaremos el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM)
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) fue fundada en el 2002. Su objetivo es proteger la cultura y derechos de los me’phaa. Esta organización es la que ha denunciado y documentado arbitrariedades, abusos y crímenes como las violaciones sexuales de dos mujeres indígenas por soldados del Ejercito Mexicano en 2002 y la esterilización forzada de 14 indígenas de El Camalote, que recibieron indemnización después de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
 

Tales casos significan un alto costo político para el gobierno y han resultado en una serie de amenazas en contra de la OPIM. El años pasado fue encontrado el cuerpo de un miembro de la OPIM, cuyo cadáver presentaba huellas de tortura.

Amnistía Internacional ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones de derechos indígenas en Guerrero, tal como la OPIM, durantes varios años.