La prohibición, aprobada por el Parlamento de Cataluña por 68 votos contra 55, de las corridas de toros en esta región nordeste española, ha sido considerada por muchos como histórica.

Y como tal fue festejada en toda España y en el resto del mundo por los movimientos de protección de animales en Cataluña, que habían planteado el tema al Parlamento de Barcelona.

Pero, probablemente, fue más significativo que, inmediatamente después de la votación, el presidente de la región, José Montilla, hizo una declaración formal para pedir “moderación”; y para rogar que esta prohibición a los espectáculos taurinos “no se convierta en un nuevo conflicto entre Cataluña y el resto de España.” Con esa “moderación” Montilla se refería, desde luego, tanto a la celebración del triunfo de los anti-taurinos, como al disgusto en otras partes de España porque Cataluña una vez más se desmarca de España.

Él mismo, ha aclarado, votó en contra de la prohibición, sin duda porque temía añadir leña al fuego de los conflictos políticos entre Madrid y Barcelona que, últimamente, han alcanzado un grado preocupantemente abrasivo. Pero también porque a Montilla, como a mucha gente en Cataluña, en el fondo no le gusta el método de la prohibición. Hubieran preferido que este espectáculo, antaño popular también en esta región como sigue siéndolo en la mayor parte del país, hubiese desaparecido por “muerte natural”.

Así sucedió en las Islas Canarias, donde la prohibición de las corridas votada en 1991 no fue más que la constatación de un hecho: hacía ya casi diez años que no se organizaban espectáculos taurinos en las islas, simplemente por falta de espectadores. Y en Cataluña probablemente habría pasado lo mismo, ya que entre la juventud estaba ganando terreno, claramente, el sentimiento de rechazo al sufrimiento de los toros en las arenas.

Pero sin duda, eso es, por ahora, una excepción en España. Las demás regiones, por mucho que los movimientos de protección animal se esfuercen, están todavía muy lejos de una mayoría social a favor de tal prohibición. En Pamplona, por ejemplo, habría un levantamiento popular con sólo mencionarla. Y en ciudades como Bilbao, Valencia o Sevilla – sin olvidar a Madrid - los pro-taurinos siguen siendo clara mayoría.

Sea como fuere, a partir del 1 de enero de 2012 no habrá corridas en Cataluña. Ahora, el opositor Partido Popular aún menciona la posibilidad de presentar un recurso. Por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional de Madrid, con el (dudoso) argumento de que un Parlamento regional no tiene potestad para este tipo de prohibiciones. Sin embargo, esta iniciativa sería un suicidio político para el PP en Cataluña, donde precisamente necesita atraer votantes, si algún día quiere gobernar con cierta comodidad en España.

La prohibición va a costarle dinero, que algunos calculan en varios centenares de millones de euros a las arcas del autogobierno catalán, para indemnizar a los empresarios del toreo que tenían permisos oficiales concedidos: la arena de Barcelona tenía una licencia para 99 años más. Pero eso, sobretodo para los radicales catalanistas que apoyaron la prohibición de los toros, no tiene importancia en comparación con lo que consideran el triunfo de la civilización sobre la barbarie.

Ese punto, que subrayaron una y otra vez en el debate antes de la votación, demuestra que, en el fondo, sí se trata de un conflicto grave entre Cataluña y ‘Madrid’ (entendida como representante de los pro-taurinos en todo el país). Los catalanes, o al menos estos catalanes, se consideran a sí mismos como más civilizados. Lo cual no deja de ser un poderoso argumento para cuestionarse por qué han de dejarse gobernar por ‘bárbaros’.