Amnistía Internacional denuncia las consecuencias que tiene la prohibición total del aborto en Nicaragua sobre mujeres enfermas o víctimas de violación.

La organización Amnistía Internacional ha dado la voz de alarma por la situación en que se encuentra una mujer nicaragüense enferma de cáncer, a quien los médicos no le dan tratamiento contra la enfermedad por estar embarazada, ya que no pueden arriesgarse a dañar al feto..

La mujer, que aparece en el informe con el nombre figurado de Amalia, tiene 27 años, es madre de una niña y está embarazada de 10 semanas. A principios de mes, le diagnosticaron un cáncer que, según temen los médicos, se puede haber extendido al cerebro, pulmones y pecho. Amalia está hospitalizada, a la espera de que le apliquen el tratamiento médico.

Responsables del ministerio de Salud de Nicaragua dicen que están a la espera del dictamen de una comisión que han convocado para estudiar la situación de Amalia y tomar una decisión sobre su tratamiento.

Según denuncia la organización defensora de los derechos humanos, las autoridades nicaragüenses impiden a los médicos proporcionarle a Amalia el tratamiento adecuado contra el cáncer. Si durante el tratamiento los médicos causaran algún daño al feto, podrían ser perseguidos por la ley, aunque fuera un daño inintencionado.

Un caso que refleja una realidad
Amnistía Internacional se ha centrado en el caso de Amalia para denunciar una situación general de desamparo en la que se encuentran miles de mujeres nicaragüenses que sufren los efectos de una de las legislaciones más restrictivas de todo el mundo en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Según Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional para Nicaragua, el caso de Amalia es revelador de lo que supone la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua. La demora en el tratamiento médico puede ser fatal para Amalia y esto está pasando a muchas mujeres en Nicaragua, apunta Major. “La situación de Amalia ha salido a la prensa, por eso se habla de este caso, pero ella no es la sola mujer que padece cáncer y está embarazada”, lamenta la investigadora.

Gobierno no da marcha atrás
En Nicaragua el aborto es un delito bajo cualquier circunstancia. El nuevo Código Penal, en vigor desde 2008, prevé largas penas para las mujeres y niñas que se sometan a un aborto y también para los profesionales de la salud que proporcionen servicios de aborto y atención obstétrica que en algunos casos es necesaria para salvar vidas y preservar la salud de la paciente.

Es uno de los pocos países que contempla la prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, y es poco probable que la situación cambie a corto o mediano plazo.

En la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, numerosos países pidieron a las autoridades nicaragüenses la derogación de la prohibición del aborto terapéutico, pero el gobierno de Daniel Ortega no da marcha atrás.

Esther Major cita el ejemplo de Holanda, que fue uno de los once países que pidió a Nicaragua que cambie la ley. De no derogarse la ley, dice Major, las víctimas de violación van a seguir siendo forzadas a llevar adelante su embarazo o mujeres como Amalia van a ver cómo se les niega tratamiento en situaciones donde tienen cáncer u otro problema de salud.

Desde AI se pide a Holanda, España, Gran Bretaña... a todos los gobiernos, que hagan un llamamiento al gobierno nicaragüense para que revise la cuestión.

Postura de la profesión médica
Las voces que piden que se cambie la ley no llegan sólo desde las organizaciones de la sociedad civil o desde gobiernos de otros países, la propia asociación ginecológica más grande de Nicaragua pidió al gobierno de su país una reflexión en este sentido.

Esther Major, de Amnistía Internacional, cuenta que antes de que entrara en vigor la nueva legislación, en el año 2006, 21 asociaciones médicas nicaragüenses de todos los campos de la profesión médica publicaron un comunicado de prensa en el que lanzaban una advertencia explícita y clara: si se aprobaba esa prohibición se limitaría la capacidad de los profesionales de medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión, especialmente en casos de mujeres embarazadas, como Amalia.

Amalia tiene una hija de 10 años que está preocupada por su mamá. Amnistía denuncia que la propia paciente no sabe cuáles son sus opciones de tratamiento, no tiene la información necesaria sobre su condición, no conoce las consecuencias de su tratamiento, y, con todo esto, se encuentra en una situación muy vulnerable.

Humanidad y compasión
Lo que se pide desde Amnistía Internacional y otras organizaciones preocupadas por este caso es un poco de humanidad y compasión ante una situación muy grave. “Cada día cuenta para Amalia, el cáncer no espera a una decisión de una comisión médica, el cáncer está ya progresando y Amalia necesita este tratamiento y tienen que actuar de manera inmediata”, subraya Esther Major.

La investigadora de Amnistía Internacional explica que lo que la organización desea es, por un lado, que Amalia reciba el tratamiento necesario para su cáncer de forma inmediata, y, por otro, que el gobierno cambie la legislación y derogue la prohibición total del aborto en todas las circunstancias porque tiene efectos crueles.