Uno de los símbolos de Ámsterdam, una postal típica de Holanda, el de los okupas, podría desaparecer cuando entre en vigor, a partir de este viernes, la ley que prohíbe la invasión de propiedades deshabitadas. El Senado aprobó una iniciativa de los partidos de centroderecha, con oposición de la izquierda, para obligar a los inquilinos -se calcula en más de un millar- de estos inmuebles. El castigo podría ser el de una pena de hasta dos años de cárcel.

 

Para contrarrestar esta ley, promovida por los demócratas cristianos (CDA), la Unión Cristiana y los liberales (VVD), los okupas se concentraron el domingo pasado en la plaza del Dam, frente al Palacio Real, para protestar contra la llamada ley "anti-kraak".

En esa ocasión, un joven activista opinaba a un medio radial que "la ocupación de inmuebles continuará" pero que han querido demostrar pernoctando en la plaza es lo que ocurriría si son desalojados por la fuerza. Según él, "además de ser criminalizados quedarían en la calle y eso no sería una solución".

Las acciones continúan toda esta semana -uno de ellos ve a esta medida como una "declaración de guerra"- e incluyen las tomas de edificios como una vieja oficina de bomberos. La mayoría de estas protestas se concentran en Ámsterdam donde se registran dos tercios de los edificios tomados por los okupas. En la capital holandesa se cuentan a unos 1500 okupas, de los cuales 300 son activos.

"No sé cuál va a ser la respuesta del Estado", decía una joven de 35 años que se escuda detrás del nombre Petra (no nos quiere revelar su procedencia, si bien su español es muy fluido). "Yo de aquí no me voy", aseguraba.

Las dudas respecto a los efectos de la ley se hacen evidentes frente al presunto desinterés de algunas municipalidades holandesas para entrar en acción. Una de las razones es la disminución, en los últimos años, del número de inmuebles ocupados. Por otro lado, para ordenar un desalojo se requieren denuncias concretas por molestias o planes de remodelación de las propiedades, previa rectificación judicial.

Además, a esto se le suma la actividad oficial "anti-okupa" que consiste en darle alojamiento a nuevos inquilinos, a bajo precio, de una propiedad que próximamente será restaurada o demolida. Ésta modalidad ha evitado en el pasado reciente la ocupación ilegal de muchas viviendas.