El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue procesado por los delitos de "violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita —en carácter de miembro—", en el marco de la causa que investiga las escuchas telefónicas ilegales.

Además, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Macri por 250.000 pesos (alrededor de 64.100 dólares). Macri está acusado de haber integrado una asociación ilícita que se dedicaba a intervenir comunicaciones telefónicas, entre las que figuran las de su cuñado y Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En agosto del año pasado, Burstein había denunciado que su teléfono estaba “pinchado”, es decir, que era víctima de escuchas ilegales, luego de que un llamado anónimo le advirtiera que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas por orden del ex comisario Jorge Palacios, procesado por el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas. En ese momento, Palacios era el jefe de la flamante Policía Metropolitana —creada por Macri—, y Burstein era una de las caras visibles de un grupo de familiares de víctimas del atentado que se oponían a que Palacios ocupara ese cargo. Finalmente, Palacios tuvo que renunciar, y actualmente permanece detenido en el marco de la investigación por las escuchas ilegales.

Otros procesados
El juez Oyarbide también procesó por los mismos delitos y sin prisión preventiva a los ex jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo, quienes están acusados de haber firmado órdenes judiciales para autorizar las escuchas dentro de supuestas causas que llevaban adelante sus juzgados. El magistrado también procesó sin prisión preventiva al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski por el delito de encubrimiento, ya que en su ministerio trabajaba el "espía" Ciro James, detenido y procesado por haber sido quien ejecutaba esas escuchas.

Por otra parte, el juez dictó el sobreseimiento del ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Macri, Guillermo Montenegro, quien este martes será interpelado por la Legislatura porteña.

Los fundamentos
Según los fundamentos del fallo, que se dieron a conocer este lunes, "la mayor demostración de la voluntad de integrar el acuerdo criminal se centra en el hecho que Macri intentó montar la estructura ilegal dentro del régimen gubernamental del que era Jefe, es decir, intentó darle un viso de legalidad a la empresa ilícita". Según el juez, esa asociación estaba conformada, entre otros, por Palacios —a quien Macri le asignara la jefatura de la Policía Metropolitana— y por James.
 

En sus fundamentos, el juez sostiene que, mientras que el rol de Palacios era procurar los números telefónicos que se iban a intervenir "y el control posterior del producto de aquellas intervenciones ilegítimas", y James era "el nexo entre la estructura local con aquella conformada al efecto en la ciudad de Posadas (provincia de Misiones)", Macri "tuvo a su cargo darle un cariz de legalidad al arreglo criminal". De acuerdo con el magistrado, el alcalde porteño lo logró al incorporar a las filas de su gobierno "a los miembros de la asociación ilícita que actuaban en el medio local".

La defensa
"Estamos con mucha bronca respecto del fallo de Oyarbide, que es un disparate, no tiene ningún elemento, ningún asidero", dijo este lunes el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, antes de conocer los fundamentos del fallo. Luego de reconocer que el procesamiento de Macri no afecta la gestión de la ciudad "desde el punto de vista del trabajo", intentó desligarlo de las sospechas: "Las escuchas existieron, pero Macri no tiene nada que ver. No hay ningún elemento, ningún dato en la causa que lo asocie a Macri con esas escuchas".
 

El viernes pasado, en declaraciones a la prensa, Macri había acusado al juez Oyarbide de formar parte de una operación política liderada por los Kirchner para permanecer en el poder, más allá de 2011 (año de elecciones presidenciales). "Antes de que empiece la causa, mi procesamiento estaba escrito", había dicho Macri al conocer las primeras versiones periodísticas que confirmaban su procesamiento.
 

Después de haber conocido la resolución judicial, los abogados de Macri adelantaron que, luego de analizar el fallo completo (de 641 páginas), podrían pedir el juicio político contra el juez Oyarbide por mal desempeño. "Hay que estudiar los fundamentos para juzgar lo que hizo. No lo descartamos, porque por lo que vimos no hay ningún elemento para involucrar a Macri", dijo el diputado Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO , el partido de Macri.

La apelación
Según versiones periodísticas, el jefe de Gobierno porteño estaría preparando su apelación ante la Cámara Federal, cuyo objetivo sería demostrar que el juez "direccionó la investigación" al dejar de lado otras cientos de llamadas que hizo el espía Ciro James para concentrarse en aquellas que sólo involucraban al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios.
 

A principios de junio, comenzará una nueva etapa de declaraciones indagatorias en el marco de la investigación judicial. Mientras tanto, diversos sectores de la oposición reclamaron que Macri sea interpelado por la Legislatura porteña y que se cree una comisión investigadora dentro del ámbito legislativo.