Un antiguo líder rebelde congoleño podría quedar en libertad y evitar un juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI), frente a la reticencia de los fiscales de seguir las órdenes de los jueces actuantes.

Thomas Lubanga Dyilo es acusado de reclutar a niños soldados y enviarlos al frente de batalla, en la dura guerra que se libra en el este de la República Democrática del Congo, en una región rica en minerales.

El juicio fue suspendido a consecuencia de la acción de la Fiscalía. Si la disputa no se soluciona, el juicio contra Lubanga podría quedar anulado, ya que el veredicto se espera este jueves.

Según expertos en derecho internacional, el fracaso del juicio será considerado como una “pesadilla de relaciones públicas” y un “desastre” para la CPI. Esto significaría un gran bochorno para el Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, considerando que el juicio contra Lubanga es el primer caso juzgado en la CPI.

Casi en libertad
Lubanga fue detenido en 2005, pero su juicio sólo comenzó cuatro años más tarde, postergado a raíz de críticas a las pruebas recogidas por la Fiscalía. Lubanga casi recupera la libertad pero, al cabo de varias apelaciones, comenzó el juicio en 2009.

Esta vez, la disputa legal se centra en la manera en que los fiscales consiguieron las pruebas en el Congo. Los fiscales emplearon a intermediarios para encontrar testigos, y fueron acusados por la defensa de pagar a personas para armar pruebas en contra de Lubanga.

Desde el comienzo del juicio, dos testigos de la Fiscalía se han retractado de sus testimonios iniciales, una vez en la Corte. En vista de estos problemas, los jueces ordenaron a Ocampo revelar los nombres de uno de los intermediarios, algo que el fiscal jefe se ha negado a hacer aduciendo que se pondría en peligro la vida de los agentes.

Autoridad de la Corte
Wayne Jordash, abogado defensor en el vecino Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, comenta:

“No puedo comprender la actuación de la fiscalía. En primer lugar, no se puede aceptar que una parte del proceso penal pueda afirmar su derecho a ignorar órdenes judiciales. Es un principio básico de procesos penales, el que la autoridad de la corte es primordial.”

Jordash hace referencia al Consejo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Corte, que afirma no tener objeciones al revelado del nombre en la Corte. Jordash sospecha que hay algo oculto detrás de escena en este caso.

“No existe una base legítima para que la fiscalía adopte esa postura”, opina Jordash. “Lo que reivindican es su derecho a no revelar cierta información hasta que se haya cumplido satisfactoriamente con la obligación de adoptar medidas de protección. La Unidad de Víctimas y Testigos concuerda con la cámara del juicio, de que se podría revelar el nombre, y sin embargo la fiscalía insiste en que no está preparada para hacer dicha revelación.”

Jean-Pierre Bemba
El juicio contra Lubanga debería haber sido relativamente sencillo. Por su parte, los fiscales se niegan a comentar sobre el tema pero están apelando la suspensión del juicio. Si el caso se desploma, se elevarán serias preguntas hacia la fiscalía y surgirán dudas sobre el futuro de casos más complejos.

El juicio contra el antiguo vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, acusado de tres cargos por crímenes de guerra y dos de crímenes de lesa humanidad, es un caso mucho más complejo y ya ha sido postergado varias veces. Bemba sigue protestando contra la admisibilidad del entero caso en su contra.

Juicio justo
El profesor William Schabas, experto en derecho internacional, afirma que en caso de fracaso del juicio contra Lubanga, eso también sería una demostración de que prevalece el principio de juicio justo.

“Si la corte determina que el juicio no puede continuar, estaría ofreciendo la seguridad de que el tribunal funciona según el principio de juicio justo”, explica Schabas. “Y que sólo procederán cuando estén convencidos de que el juicio justo es posible.”

Queda por verse si aquellos ajenos a los círculos legales comparten esta opinión.