“Un asunto administrativo sobre la custodia de sus hijos” es el motivo principal que señalan varios medios en torno al caso de detención de la periodista mexicana Sanjuana Martínez. Defensores de los periodistas se muestran sorprendidos y observan atentos ante un eventual caso de coerción de la libertad de expresión.
La detención de la más de una vez premiada Martínez, tuvo lugar el jueves en Monterrey, Nuevo León. Según informaciones, policías estatales la capturaron sin mostrarle orden de detención y la trasladaron a una cárcel en la zona metropolitana de Monterrey por órdenes de la Jueza del Quinto Juzgado de lo Familiar de San Pedro, Luz María Guerrero Delgado.
¿Acto de venganza?
“El arresto es administrativo y por juicio de convivencia con su ex marido, el juez español Carlos Castresana Fernández”, señala el portal Informador.com. Entretanto, el sitio de internet SinEmbargo.mx cita a la abogada de Martínez, Queeney Rose Osorio Fernández, quien dijo que “ésta no es una cuestión meramente familiar, sino una venganza directa por el caso documentado por Sanjuana en 2008 dentro de su ejercicio periodístico”.
La abogada de Martínez se refiere una investigación sobre la detención de la directora de la ONG Alternativas Pacíficas y el secuestro en 2008 de dos menores que albergaba esa institución para víctimas de la violencia. Esos hechos fueron documentados por Martínez en su labor periodística para el diario La Jornada. Según Osorio, la orden de captura de la juez hacia Martínez es un acto de ‘venganza directa’ por esa cobertura.
Periodista de trayectoria
Sanjuana Martínez tiene una trayectoria periodística de casi 25 años. Su cobertura de temas “delicados” como la crisis de la Iglesia Católica, los escándalos de pederastia y las tragedias de emigrantes, le ha costado ser víctima de amenazas y amedrentamientos. Además de colaborar con La Jornada, ha recibido el premio Nacional de Periodismo de México y El Ortega y Gasset de España, entre otros.
En las próximas horas se espera una petición de amparo para la liberación de la periodista.
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Si no se conoce a fondo el asunto no tendrían porqué emitir una opinión unilateral, eso es muy grave y es lo que realmente alarma de los periodistas, el hecho de juzgar sin conocimiento de causa. La circunstancia de que la mujer sea periodista no justifica que esté por encima de la ley, porque el asunto NADA TIENE QUE VER CON SU CALIDAD DE PERIODISTA, es un juicio de carácter estrictamente personal y no se le está juzgando por ser periodista, sino por no cumplir con una orden judicial, pues es evidente el desacato de la dama a lo ordenado por la autoridad, de ahí que haya sido acreedora a esa medida legal de apremio prevista en el art. 42 f. IV del Código Procesal Civil de Nuevo León, que indica: "Los magistrados y los jueces para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio: ...IV. Arresto hasta por treinta y seis horas" Es innegable, la dama está utilizando sus influencias periodísticas para desacreditar una orden de una autoridad.
Sanjuana Martínez
He pasado 24 horas en la cárcel por una "falta administrativa", luego de haber sido objeto de la violación de mis garantías individuales.
El jueves por la mañana sufrí un allanamiento en mi domicilio: policías encapuchados, con armas largas, encabezados por la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija, irrumpieron violentamente en mi casa, y sin una orden de cateo y/o aprehensión, frente a mis hijos, fui privada de mi libertad.
Fui retenida y "paseada" durante varias horas por los elementos de la policía estatal de Nuevo León hasta que me llevaron a la prisión de El Alamey.
La detención ilegal se produce un día después de que denuncié a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, por corrupción y otras irregularidades en dos procesos de materia familiar, de convivencia y alimentos, que "casualmente" le fueron asignados; situación que violenta mis derechos, ya que dicha juez está resentida conmigo desde que, en 2008, publiqué una serie de delitos que cometió al violar la confidencialidad del albergue Alternativas Pacíficas, para mujeres maltratadas.
El jueves la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija ejecutó su venganza, violó mis garantías individuales, por lo que desde prisión interpuse una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.
Debido a la confusión producida por la falta de información mientras estuve presa e incomunicada, deseo aclarar algunos puntos que han sido manipulados:
a) En ningún momento fui notificada legalmente de la existencia de una orden de detención, presentación o aprehensión.
b) Al momento del arresto no se me mostró orden de cateo o aprehensión alguna.
c) El gran despliegue del operativo policiaco, encabezado por la juez Guerrero Delgado de Leija, fue ejecutado con lujo de violencia, con armas largas, como si yo fuera un capo del narcotráfico o miembro del crimen organizado.
d) Se me negó el derecho a fianza, a pesar de que se me imputó sólo una falta administrativa por un asunto de carácter familiar.
Hoy han violado mis garantías individuales, como todos los días lo hacen con millones de mexicanos. Estoy de pie, fortalecida y lista para enfrentar lo que sigue.
A todas y todos un abrazo agradecido.
Quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que se han mantenido al pendiente de mi situación jurídica e integridad física. Ayer por la tarde he obtenido mi libertad, me encuentro bien, rodeada de mis seres amados, fortalecida por tantas muestras de cariño de la comunidad, de mis colegas periodistas, de las amigas y amigos de Twitter y Facebook.
Si no se conoce a fondo el asunto no tendrían porqué emitir una opinión unilateral, eso es muy grave y es lo que realmente alarma de los periodistas, el hecho de juzgar sin conocimiento de causa. La circunstancia de que la mujer sea periodista no justifica que esté por encima de la ley, porque el asunto NADA TIENE QUE VER CON SU CALIDAD DE PERIODISTA, es un juicio de carácter estrictamente personal y no se le está juzgando por ser periodista, sino por no cumplir con una orden judicial, pues es evidente el desacato de la dama a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional. Además, es innegable que la dama está utilizando sus influencias periodísticas para desacreditar una orden de una autoridad judicial. Recuerden, nadie está por encima de la ley.
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