A partir de este miércoles y por un periodo de tres meses, estará prohibido en una de las ciudades más inseguras del continente, Bogotá, el porte de armas durante las 24 horas del día.

Reducir la criminalidad y la alta tasa de homicidios es una de las tareas pendientes del recién posesionado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La medida, de la que solo se exceptuarán la fuerza pública, las empresas legales de seguridad y los permisos especiales como es el caso de los guardaespaldas, estará acompañada de una agresiva campaña de comunicación que busca motivar a la ciudadanía hacia una cultura del desarme.

La iniciativa tiene carácter temporal, pero si logra mostrar una baja en las estadísticas de muertes violentas en Bogotá, podría convertirse en una restricción definitiva. El Alcalde Mayor de Bogotá estudia además la posibilidad de un pago para quienes entreguen un arma de fuego legalizada.

Por su parte, el director general de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez Guzmán, dijo a Radio Nederland que no prevén que la medida tenga un impacto significativo en la seguridad de la capital, pero lo que se quiere “es empezar a sembrar en el ciudadano la idea de que el porte de armas es exclusivo de los miembros de la fuerza pública, y que debe ser un monopolio del Estado”.

Las armas legales también matan
Según cifras de la Policía Metropolitana y de la Alcaldía de Bogotá en el 2011, en la capital de Colombia se cometieron 2.632 asesinatos, de los cuales 1.016 fueron ejecutados con armas de fuego. Las autoridades estiman que entre el 10 y el 13 por ciento de esas armas que acabaron con la vida de alguien, tenían salvoconducto.

Desde la Asociación Colombiana Tradición y Acción, organización que defiende el porte legal de armas, cuestionan estas cifras. “Esta información que da la alcaldía es completamente falsa. No son números reales, son números inventados por algún funcionario de la administración distrital”, dice su presidente Eugenio Trujillo, quien cita como única fuente fiable a Naciones Unidas, que realizó un estudio de los homicidios perpetrados en Colombia, del cual se concluyó, señala Trujillo, que “solo el 4 por ciento de la muertes violentas en Colombia fueron ocasionadas por armas legales”. Pero ese porcentaje, defiende el Director de la Asociación Tradición y Acción, “no puede ser visto como un porcentaje de criminalidad, porque muchas veces esos muertos fueron delincuentes, y la persona que tiene un arma legal y que tuvo que usarla, lo hizo para no ser atacado. Ese 4 por ciento son episodios de legítima defensa.”

El derecho a la legítima defensa
La norma ha causado polémica entre aquellos sectores que defienden el derecho a la legítima defensa. El alcalde Gustavo Petro defendió la medida argumentando que en Colombia hay una mentalidad de autodefensa "que debe acorralarse". Está convencido que pensar “que la autodefensa es válida, es un error". Para Petro, "el porte de armas no es un mecanismo de defensa, es un riesgo", mientras que el desarme "es un mecanismo de seguridad, no de inseguridad".

Sin embargo, desde sectores de la sociedad civil le recriminan al Estado su incapacidad para desarmar a los portadores ilegales de armas, y su contundencia para prohibirles a los ciudadanos que se defiendan de los delincuentes. “Lo ideal sería no andar armados”, nos dice Eugenio Trujillo y agrega: “cuando el Estado no es eficiente en combatir a las organizaciones terroristas y es incapaz de defender a los ciudadanos frente a los grupos terroristas, autodefensas o narcos, el ciudadano común y corriente tiene que tener la posibilidad de un amparo legal, con un arma legal para poder defenderse”.

Desde la policía, les contestan a estos ciudadanos que con armas o sin armas va a haber delitos, y que la seguridad es un asunto que solo le compete a las fuerzas del orden. El general Luis Eduardo Martínez Guzmán cree que la inseguridad en Bogotá tiene que ver más con una percepción de los bogotanos que con hechos reales.

A pesar de ello, el director de la asociación colombiana Tradición y Acción, quien posee un arma legal, y quien desde hoy no podrá cargar su arma, se lamenta de que con o sin prohibición “todos los bandidos y los delincuentes van a estar armados como lo han estado siempre”.