Las últimas legislaciones que se están adoptando en algunos estados norteamericanos despiertan el recelo de la extensa población migrante en los Estados Unidos.

Hace dos meses, Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona, EE.UU., rubricaba la ley SB1070, una ley que criminaliza la inmigración irregular y otorga facultades de agentes de inmigración a los agentes policiales locales. La ley, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, es la primera norma estatal que establece como delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el territorio de Arizona, y ha generado numerosas críticas tanto desde las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes como desde el gobierno vecino del mexicano Felipe Calderón e incluso de la Casa Blanca.

Sin embargo, los opositores a la ley migratoria no sólo no han hecho dar marcha atrás a las autoridades de Arizona sino que han sido incapaces de evitar que cunda el ejemplo: la semana pasada, los habitantes de la pequeña ciudad de Fremont, en Nebraska, aprobaban una ordenanza municipal de contenido similar a la ley de Arizona.

Ángel Freytez, director del canal 22 de Omaha, Nebraska, dice a Radio Nederland que los grupos derechistas, conservadores o de extrema derecha se han dado cuenta de la dificultad de aprobar sus reformas anti-inmigrantes en el ámbito federal, y por eso recurren a los estados y las municipalidades para tratar de proponer este tipo de iniciativas.

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Norma aprobada en consulta popular
La norma aprobada en Fremont prohíbe a las personas indocumentadas el acceso a la vivienda y al trabajo. Además, los alquileres de vivienda tendrán que ser verificados por la policía de la ciudad, que tendrá que emitir una licencia para que una persona determinada pueda rentar una vivienda en Fremont. La ordenanza tendrá además efectos negativos sobre la economía de Fremont ya que, como explica Freytez, hay dos plantas empacadoras de carne bien sólidas en la comunidad y que contratan a muchas personas hispanas que se verán afectadas por esta normativa.

Llama la atención que, en el caso de Fremont, la ordenanza municipal se aprobara por plebiscito popular. Dos años atrás, esta misma iniciativa se debatió en el concejo municipal en audiencia pública. Se pudieron escuchar opiniones a favor o en contra y, finalmente, cuatro concejales votaron a favor de la ordenanza y otros cuatro votaron en contra. El alcalde de Fremont, Skip Edwards, rompió el empate al decir que no, que la norma era inconstitucional, lo que se consideró un triunfo de la comunidad latina. Ahora, ante el resultado del referéndum, el mismo alcalde ha dicho que hay que escuchar lo que dice el pueblo y ha afirmado que seguirá adelante con la ordenanza.

Estrategia de los conservadores
Según Ángel Freytez, los grupos conservadores se están volviendo cada vez más creativos, y optan por organizar estos plebiscitos para sacar adelante su ideario.
Hay un abogado reconocido que representa a estos grupos, denuncia Freytez, y que escribe y da consejos a personas para que pasen este tipo de leyes. Se ha introducido en este tipo de municipios, donde no hay mucha presencia de grupos latinos que puedan contrarrestar el trabajo que están haciendo ellos. Eso es lo que pasó en la ciudad de Fremont, una ciudad pequeña en comparación con otras ciudades del estado de Nebraska, con 25.000 habitantes, de los cuales solo 2.500 son hispanos y no todos indocumentados. “No había basamento legal o lógico de que estas personas se estuvieran aprovechando del sistema o arruinando la ciudad, se trata simplemente de una agenda anti inmigrante ha llegado a los municipios”, subraya Freytez.

En el estado de Nevada hay un asambleísta republicano que está introduciendo 97.000 firmas para desarrollar una ley similar a la de Arizona.

Reforma migratoria bloqueada
Mientras tanto, las organizaciones latinas denuncian que no se avanza en la discusión sobre la reforma migratoria anunciada por el presidente estadounidense, Barack Obama, en su campaña electoral del 2008.

Ángel Freytez es optimista en este sentido y cree que la Administración Obama retomará esta cuestión, sobre todo a raíz de las declaraciones de Janet Napolitano, Secretaria de Estado de Seguridad Nacional, quien la semana pasada mostró su rechazo a esta tendencia de aprobar leyes estatales o municipales. “La política migratoria es una responsabilidad y un mandato federal”, declaró Napolitano.

El momento para debatir la reforma, sin embargo, no es idóneo, dado que este es año electoral en los EE.UU. “Es muy difícil poder pasar ese tipo de medidas controversiales que pueden polarizar a los votantes, los republicanos han tenido mucho éxito en transmitir el mensaje del miedo”, concluye Freytez.