El juez chileno Juan Guzmán Tapia dictaminó que "el general en retiro Augusto Pinochet está en condiciones de enfrentar un juicio penal" y lo encargó reo como presunto responsable de un homicidio y de nueve secuestros, ocurridos en los primeros años de la dictadura, en el marco de la llamada "Operación Cóndor". Los abogados defensores de Pinochet presentaron de inmediato un recurso de amparo, que deberá ser visto por la Cuarta Sala de la Corte. La orden de arresto domiciliario contra Pinochet no podrá cumplirse mientras los jueces estudian el recurso de la defensa.
Esta es la segunda vez que el octogenario ex dictador enfrenta cargos parecidos. El año 2001 el mismo magistrado lo procesó por las ejecuciones imputadas a la "Caravana de la Muerte", pero en esa ocasión la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema lo declararon no imputable por razones de salud.
En la resolución por los delitos relacionados con la "Operación Cóndor" el juez Juan Guzmán declara que Pinochet está apto mentalmente para enfrentar un juicio, que existen antecedentes suficientes para procesarlo, y ordena su arresto domiciliario. Esta resolución empeora la situación judicial de Pinochet, que ya tiene abiertos otros procesos. Uno de reciente data lo transforma en indagado por el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prat, y de su esposa, hecho ocurrido en Buenos Aires en los años setenta. Además, el ex dictador deberá responder por las cuentas secretas descubiertas en el Banco Riggs de Estados Unidos.
Aunque se trata de casos diferentes, los abogados señalaron que este último fallo impactará notoriamente en las otras causas. Se confirmó que para tomar la decisión, el juez Guzmán estudió diversos tratados sobre la demencia moderada. En septiembre del año 2003 se produjo un hecho que fue determinante para probar la buena salud mental de Pinochet, cual fue la entrevista que concedió a un canal de televisión de Miami, donde en forma coordinada y con buena memoria respondió a las preguntas de la periodista. Lucía Pinochet Hiriart, hija del ex dictador, señaló que su familia y en especial su madre estaban muy afectadas. Lucía argumentó que su padre está recibiendo un tratamiento cruel y que sus familiares estiman que es objeto de una venganza.
Dialogamos con el abogado Eduardo Contreras, quien se mostró contento con el curso de los acontecimientos: "con este fallo Chile se agranda en su camino de búsqueda de la verdad y la justicia. Es un buen mensaje al país, a los abogados de derechos humanos y al mundo entero. Lo recibimos con enorme alegría". Por su parte, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos manifestaron igualmente su satisfacción por lo que consideran un acto de justicia. Muy distinta fue la reacción de Pablo Rodríguez, abogado del ex dictador, para quien la sentencia judicial es "un atropello a los derechos humanos". Rodríguez agregó: "todo Chile sabe que Pinochet ha sido perseguido constantemente por el abogado Juan Guzmán". El Gobierno, por medio de su vocero, Francisco Vidal, ratificó que en Chile rige el estado de derecho, lo que garantiza un debido proceso para cualquier ciudadano.
Los analistas jurídicos coinciden en que la batalla legal retardará cualquier castigo efectivo a Pinochet, pero es evidente que el otrora poderoso general ya no es un intocable para la justicia. La determinación del juez Guzmán Tapia está contenida en un texto de más de 60 páginas, en las que se describe claramente el fundamento de la resolución, sentando otro precedente en la larga historia de acusaciones contra Augusto Pinochet Ugarte.




























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