A pesar de la declaración del estado de emergencia en la región peruana de Cajamarca, la población ha salido a las calles y ha continuado las protestas contra el proyecto Conga. Cuatro muertos, doce detenidos y varios heridos es el saldo hasta el momento de los enfrentamientos con la policía.

Por Mara Landa

La población de Celendín, una de las zonas militarizadas, rechaza el estado de emergencia y continúa saliendo a la calle a protestar, lo que ha producido nuevos choques entre policías y militares y los manifestantes. Mirta Vásquez, asesora legal de las comunidades, denunció graves violaciones de los derechos humanos:
“Intervino el ejército, los detuvo y los encerró en un coliseo, las personas han sido torturadas y los han tenido detenidos en unas condiciones realmente terribles, amarrados, descalzos; los han traído a otra instalación del ejército aquí en Cajamarca, aquí los diversos organismos de derechos humanos hemos exigido que se traslade a estas personas a las comisarías de policía donde corresponde y no al ejército. Hay tres menores desaparecidos que la población da fe de que fueron intervenidos por la policía, que fueron subidos a una camioneta de la policía, pero hasta este momento no han ingresado en la comisaría. Además, todavía habría que confirmarlo, pero hay varios testimonios que apuntarían a decir que no se tratarían de muertes provocadas en un tiroteo, sino que habrían sido victimadas de manera directa por el personal del ejército. Esto sería gravísimo porque se tratarían de ejecuciones extrajudiciales”.

El martes 4 de julio se ordenó la militarización de tres provincias de la región, debido, según informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, a violentas protestas. “La situación se ha escapado de las manos de los que dirigen las protestas en la región”, acotó Jiménez. El choque se dio entre las fuerzas de seguridad y manifestantes contrarios al proyecto minero Conga, de la empresa estadounidense Newmont.

Estado de emergencia
El conflicto estalló a raíz de un viaje del alcalde de Celendín a Lima para negociar proyectos de inversión, hecho que motivó la ira de los habitantes. A pesar de no haberse aún decretado el estado de emergencia las fuerzas de seguridad arremetieron contra los manifestantes, denunció Vásquez. Al día siguiente se decretó el estado de emergencia.

Fueron 12 los detenidos en la ciudad de Cajamarca cuando, tras la declaración, la población volvió a salir a las calles y la policía reprimió la protesta, según Vásquez. Inicialmente se confirmó la muerte de 3 personas y un herido en estado grave que, poco antes de la entrevista a Vásquez, entró en coma. Hoy, ya se ha confirmado el cuarto fallecido.

Como Mirta Vásquez, representantes de organizaciones de derechos humanos y asesores legales de los damnificados ya hicieron las denuncias ante las autoridades pertinentes.
“Rechazamos la actitud del gobierno que nos ha declarado el estado de emergencia limitándonos en muchos derechos y en este momento los ciudadanos están indefensos a la violencia del estado”, denuncia Vásquez. La medida restringe el derecho de reunión, a la inviolabilidad de domicilio y al libre tránsito de las personas, entre otros puntos, recordó el titular de Justicia. Además el estado de emergencia, una medida prevista en la legislación peruana, autoriza a las fuerzas armadas a respaldar a la policía en sus labores de vigilancia y control del orden público.

Conga: un conflicto de larga data
Este es el segundo estado de emergencia que se declara en la región de Cajamarca en lo que va de año. A pesar de que el presidente, Ollanta Humala, ha manifestado en dos ocasiones su voluntad de diálogo, esta comunicación no se ha producido. Para los damnificados, Humala ha preferido la vía de la confrontación.
No confían en el argumento principal que esgrimen los defensores del proyecto: el desarrollo de la región. Según explica Vásquez, difícilmente podrá producir beneficios en los primeros 5 años. “Nos parece que eso es una justificación falsa y una empresa como Yanacocha tiene mucho poder aquí en el país y, claro, ellos están claramente decidiendo qué es lo que se va a hacer, están cogobernando con Humala”.
Un compromiso que pesa más que los efectos y consecuencias que tendrá la ejecución de Conga, según Vázquez: “básicamente el gobierno parece que tiene un compromiso muy fuerte con las empresas mineras, eso se evidencia porque a pesar de todo lo que ha significado este proyecto, de toda la evidencia del daño que va a generar, no ha querido dar marcha atrás”, declara Vásquez.

Manuel Pulgar Vidal, ministro de Medio Ambiente, anunció a principios de año que se fijarían nuevas condiciones a la empresa para la ejecución del proyecto. Sin embargo, esto no parece haber supuesto ninguna diferencia.

“Básicamente Cajamarca está harta y cansada de esa empresa tan irresponsable y que ha cometido tantos abusos y violaciones de derechos humanos como Yanacocha”, ésta empresa es propiedad de la multinacional estadounidense Newmont que lleva en conflicto con la población local desde finales de los años 80.

La región de Cajamarca es rica en minerales y los años de explotación minera han originado numerosos episodios de violencia en el país.