El martes 27 de abril, una caravana compuesta por defensores de los derechos humanos y periodistas mexicanos y extranjeros fueron emboscados por un grupo paramilitar en San Juan Copala, Oaxaca.

La comitiva llevaba comida y medicinas a la comunidad indígena Triqui en San Juan Copala, que desde hace varias semanas fue tomada por un grupo paramilitar que los dejó sin agua, sin energía eléctrica, sin comida, además de impedir el paso a quienes querían entrar o salir.
 

La comunidad de San Juan Copala envió un llamado de auxilio al que las autoridades locales, estatales y federales hicieron oídos sordos. Los defensores de derechos humanos y los periodistas llegaron al lugar el martes pasado en seis vehículos donde fueron recibidos a balazos.

No se sabe del destino de los miembros de la Caravana por la Paz y la Solidaridad, con excepción de la muerte del finés Jyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esta última integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).
 

“Sus cuerpos fueron prácticamente despedazados por las balas”, tenemos el reporte de personas heridas y muertas, pero no tenemos datos exactos”, dijo el Coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Oaxaca Wilfrido Mayrén Peláez.
 

Jyri Jaakola desarrollaba dos proyectos, uno de combate al cambio climático y otro de observación para la paz. Beatriz Alberta era una de las principales promotoras de un diálogo entre los Triquis, y tenía más de 15 años trabajando con organizaciones sociales y de mujeres.
 

Mónica Citlalli Santiago Ortiz, de 22 años de edad, sobrevivió al ataque y se encuentra en un hospital de Oaxaca. La jovencita se niega a declarar pues teme por su vida.
 

Los desaparecidos
Francisco López Bárcenas, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, dijo que se desconoce el paradero de Meni Morne, de Finlandia; David Casinori, de Italia; Martín Saukal de Bélgica, y de los oaxaqueños David Venegas, David Arellano, Fernando Santiago y Rubén Valencia.
Erika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralínea están desaparecidos.
Las primeras versiones del ataque señalaban que al menos cinco personas fueron vistas en el suelo cubiertas de sangre en el camino a San Juan Copala, como lo informó ayer la agencia Apro.

La caravana
En un comunicado, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca Antequera (Codijup), el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca-DH) y el Frente de Organizaciones Sociales de Izquierda (Fosdi) informaron que la misión, integrada por defensores de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, así como miembros de organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembros de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, viajaban en varios vehículos cuando fueron agredidos alrededor de las 14:50 horas cerca de La Sabana, poblado situado antes San Juan Copala.

El gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca se deslinda
"Ante estos acontecimientos, el Gobierno del Estado manifiesta lo siguiente: lamenta los hechos ocurridos y se deslinda de los mismos, toda vez que en ningún momento tuvo conocimiento formal de la caravana, ni de sus objetivos, participantes, itinerario y organización", expresó a través de un comunicado.
 

Los autores de la emboscada
Los autores de la emboscada son hombres armados de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el gobierno de Oaxaca desde 1929.
 

Previamente a la salida de la caravana, el presidente autónomo de San Juan Copala, Jesús Martínez Flores, responsabilizó de cualquier agresión a Evencio Nicolás Martínez, Procurador General de Justicia, Jorge Franco Vargas ”el chuky”, Secretario de Gobierno del Estado, y Carlos Martínez, candidato para la diputación local por el PRI. Así mismo exigieron que la UBISORT y el MULT actuaran con responsabilidad y seriedad con la Mesa de Paz para el pueblo Triqui.
 

Una de las integrantes de esta caravana, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo durante una conferencia de prensa con dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que el ataque contra las camionetas en que viajaban “venía de una de las partes altas, se veían los hombres armados como a 500 metros”.
 

Agregó que “eran ráfagas que venían directamente a las camionetas. Los disparos movían y movían las camionetas, después salimos como pudimos de las camionetas, pero los compañeros que murieron se quedaron allá adentro, ya no pudieron salir”.
 

Señaló que cuando intentaron escapar “nos detuvieron, todos eran encapuchados, son jóvenes, estaban cubiertos de la cara, cuando ya nos tenían detenidos, nos sentaron sobre unas piedras y nos dijeron que quien mandaba allá era Heriberto Pazos Ortiz y Rufino Juárez”. Éstos son dirigentes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT). Pazos Ortiz es el dirigente-fundador del MULT, de donde nació el Partido Unidad Popular (PUP) hace aproximadamente cinco años, y que por segunda legislatura consecutiva tiene representación en el Congreso del Estado.
 

Gabriela Jiménez, consejal de la APPO, también señaló que los hombres armados les dijeron que el territorio donde se encontraban “era de la UBISORT”, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, y “que eran protegidos del gobernador Ulises Ruiz Ortiz”.
 

La concejal liberada dijo en la conferencia de prensa que durante su detención los hombres, que tenían cubierto el rostro, les dijeron “ya matamos a dos de sus compañeros, ahora los vamos a matar a ustedes. Cuando nos liberaron nos dijeron que nos iban a perdonar la vida, que era una orden que llegaba a través de los radios que usan para comunicarse, después corrimos hacia la carretera".
 

Por medio de un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos AC (Cactus), la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos resaltan que “no se tiene información oficial de que haya personas heridas o muertas, porque el gobierno local se ha negado a entrar en la zona”, en tanto que el gobierno federal “ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil, de diputados y senadores para ingresar a rescatar a las víctimas”.
 

El comunicado de las ONGs
Las organizaciones agredidas publicaron un comunicado en Internet donde exigen:
Al gobierno del asesino Ulises Ruiz, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui.
Cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos grupos paramilitares en nuestro Estado. Garantizar la salida y atención de los heridos, que aún se encuentran en el lugar de a emboscada.
Actuar de manera inmediata para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis.
Su inmediata intervención en la investigación de los hechos violentos suscitados el día de hoy, y la pronta reparación del daño conforme a los principios internacionales de derechos humanos.
Garantizar la protección de Defensores/as de Derechos Humanos.
Asumir su responsabilidad al no aplicar los mecanismos adecuados para los defensores/as, que se ven obligados a intervenir en situaciones de riesgo para cumplir con su labor.

Reacciones internacionales
La embajadora de Finlandia en México, Ulla Viasto, pidió el día 28 al gobierno mexicano aclarar el asesinato de un ciudadano finlandés en la ciudad de Oaxaca, en el sur del territorio mexicano.
 

En entrevista con la agencia de prensa china Xinhua, la embajadora dijo que su país estaba profundamente triste por el asesinato de Jyri Antero Jaakkola,
El periódico italiano La República dio fe de una reunión parlamentaria para discutir el tema de Oaxaca. Uno de los desaparecidos, David Casinori Portabano, es italiano.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México condenó el ataque y pidió a las autoridades a realizar una investigación expedita para dar con los responsables. Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de una pronta indagación.
 

Las organizaciones sociales mexicanas exigen a los gobiernos estatal y federal garantías para ingresar a Sabana y recuperar a sus compañeros, así como la investigación de los hechos y sanción contra los responsables del atentado.
 

También exigen la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Oaxaca, así como del titular de Procuraduría de Justicia del Estado “por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor”.
 

La policía de Oaxaca declaró que no se acerca a la zona porque los paramilitares los han repelido a balazos, según reportó el periódico La Jornada.
 

Entonces, ¿el Gobierno está pintado? ¿Para qué sirve el monopolio de la violencia? ¿Serán los paramilitares los que gobiernen? ¿Hay un Estado fallido en Oaxaca? ¿Será que el gobernador Ulises Ruiz peca de negligencia o de complicidad ante los paramilitares?