Los violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, o están muertos o se pasean las calles con absoluta impunidad. “La justicia paraguaya, a pesar de la reforma, no funciona’’, afirma Federico Tatter, investigador de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay.

“La reforma del aparato judicial paraguayo no fue más que una operación cosmética, pues en la práctica la justicia no está dispuesta a condenar actos de violación a los derechos humanos perpetrados durante el periodo dictatorial”. Así lo afirma Federico Tatter, investigador de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay y actual miembro de la Unidad de Políticas Reparatorias.

Según Tatter los tiempos han cambiado pero el aparato judicial sigue funcionando como en los tiempos de la dictadura. “La justicia demuestra que para algunas acciones si plantea la punición y no para otras”, asegura categórico refiriéndose a la decisión tomada por la justicia paraguaya de no condenar al ex ministro del interior, Augusto Montanaro, por los abusos cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Montanaro falleció recientemente y “fue uno de los personajes más crueles que persiguió así a todos los que se oponían a la dictadura’’.

En una conversación con Radio Nederland, Tatter expresó que a la hora de pronunciarse, la justica paraguaya ha jugado un papel “muy discreto”, especialmente en la persecución penal de las graves violaciones a los derechos de las personas, perpetradas durante los más de 35 años que duró el gobierno de Alfredo Stroessner. Por eso, el investigador insiste en la necesidad de intentar construir una sociedad democrática donde impere la justicia para todos aquellos que cometan o hayan cometido algún abuso.

Tatter no está solo a la hora de analizar el funcionamiento de la justicia paraguaya. Según el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay, “el desempeño de la Corte Suprema de Justicia en casos en los que ha sido evidente su intencionalidad política ha agravado aún más la desconfianza y el desprestigio social de la administración de justicia. Ello es un obstáculo para el desarrollo del sistema democrático y priva a la sociedad de un instrumento imprescindible para construir la paz social como es un Poder Judicial respetuoso. Debe renovarse, en consecuencia, esa credibilidad”.

El investigador insiste en que la justicia paraguaya además de responder a intereses políticos está sesgada. “La justicia tiene una mirada hacia el poder económico de indulgencia” y acota que Paraguay tiene una tasa de condenas bajas pues “solamente 3 ex torturadores han sido condenados”, y los demás que han cometido actos gravísimos han pasado su vida con absoluta impunidad. Uno de ellos fue Augusto Montanaro. Tatter: “El sistema de justicia por lo visto, no está dispuesto a condenar estos actos de violación a los DD.HH. del período dictatorial”.