Trabajadores bananeros y el gobierno panameño llegaron a un acuerdo parcial para poner fin a las protestas de los últimos días por la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Ricardo Martinelli.

La ciudad de Changuinola, en la región de Bocas de Toro en el noroeste panameño, recupera la calma tras más de diez días de conflicto laboral entre trabajadores bananeros y el gobierno. Ambos sectores alcanzaron un acuerdo provisional con el que se pone fin a las protestas de los trabajadores por un periodo de 90 días, plazo en el que gobierno, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil entablarán un diálogo para encontrar una solución al problema que los enfrenta.

Huelga general
A pesar del acuerdo, el presidente panameño Ricardo Martinelli afrontó este martes la que ha sido la primera huelga general desde que llegó al poder hace un año. El paro general estaba convocado desde hace días en rechazo a la reforma laboral que, según denuncian los sindicatos, restringe derechos de los trabajadores, y el pacto alcanzado en Bocas del Toro no impidió que el movimiento sindical siguiera adelante con la convocatoria. El gobierno se ha comprometido a posponer por 90 días la entrada en vigor de la cuestionada reforma laboral.

Gabriel Castillo, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CONUSI, explica a Radio Nederland que ya había decisiones tomadas por el resto del movimiento sindical, más allá de los sucesos de Changuinola, y señala que el paro se desarrolló con normalidad. Los sectores que siguieron la huelga de forma destacada fueron los de industria y docencia.

Derogación de la ley
Tras días de violentos enfrentamientos en la provincia de Bocas del Toro, que dejaron varios muertos y más de un centenar de heridos, el gobierno y los sindicatos consiguieron un acuerdo para detener el derramamiento de sangre. El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitru, dijo que "pretendemos llegar a un consenso y a conversar. Puede ser que se modifiquen algunos artículos, puede ser que no. Pero hablemos".

El gobierno admitió que falló en comunicar las "bondades" de la ley, pero defendió que con ella no busca restringir las facultades de los sindicatos. "Lo importante es que el Ejecutivo escucha y en este caso, al postergar su entrada en vigor, ha escuchado a la población", declaró el jefe del Congreso, el oficialista José Muñoz.

Por su parte, el sindicalista Ricardo Ábrego, subrayó que “hemos querido evitar una masacre y le hemos dado una tregua de 90 días al gobierno.

Sin embargo, Gabriel Castillo dice que desde la CONUSI se reclama la derogatoria de la ley para empezar entonces una discusión, “un diálogo donde podamos ver el tema de la ley que fue una imposición y que coarta una serie de derechos al movimiento sindical panameño”.

Medidas represivas
Castillo no se muestra optimista respecto al acuerdo parcial ya que no contempla temas tan sensibles como el ambiental o el de la policía, por lo que insiste en que el gobierno debe derogar la ley totalmente.

Según denuncia el secretario general de la CONUSI, el gobierno de Ricardo Martinelli ha adoptado una serie de medias que tienen que ver con leyes altamente represivas, con lo que se están vulnerando los derechos de la sociedad panameña.

Castillo cree que el diálogo nacional se debe desarrollar para buscar fórmulas de entendimiento a la gran problemática que se ha creado en este país y añade que los sindicatos no van a doblegar su posición hasta tanto el gobierno no dé fórmulas claras en las que no se vulneren los derechos de los trabajadores.