Con un acto oficial en el seno de la Asamblea Nacional, el Gobierno panameño aprobó un proyecto de ley que penaliza la tortura y la desaparición forzada de personas, un compromiso que venía ya de años y que, por fin, se hace realidad.

La formalización es, en parte, producto de una Sentencia impuesta hace años por la Corte Interamericana de Justicia por un caso específico, el de la desaparición del dirigente opositor Heliodoro Portugal, en 1970, pero también de un compromiso, adquirido por el Gobierno panameño tras la firma, en 1995, de la Convención de Belén du Pará, que regula la desaparición forzada.
‘Lo que ha sucedido con la desaparición forzada, al igual que con muchos otros mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos en Panamá, es que los mismos no son incorporados a los códigos. Ahora, lo que el Gobierno ha decidido es incorporarlos al Código Penal para darle así un carácter más institucional,’ comenta Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Panamá.

El caso Portugal
Recientemente la Corte Interamericana de Justicia dictó un llamado al Estado panameño para que cumpliese la sentencia dictada hace ya casi más de tres años en relación a la desaparición forzosa del opositor Heliodoro Portugal, en 1970 durante la dictadura militar.

Según Bernal, el Estado panameño no había querido cumplir con la decisión de la Corte Interamericana, ‘o lo ha venido haciendo a cuenta gotas’ y ahora esta decisión de incorporar al código penal contribuirá a que se haga justicia.
‘En definitiva ha tomado varias décadas el poder cristalizar que se hiciera justicia en el caso Portugal. Por lo menos en la sentencia que se dictó a nivel internacional, en vista de la negativa posición asumida por los organismos internos, en específico la Corte Suprema de Justicia panameña’.

Corte debe cambiar de actitud
Bernal denuncia que la Corte Suprema de Justicia sigue negando toda una serie de casos de desapariciones forzadas que se dieron y continúa adoptando negándose a reconocerlos.
‘Creemos que ahora, con la incorporación al Código penal, se deba hacer un poco más difícil a la Corte Suprema seguir manteniendo la política de negar la necesidad de hacer justicia con los numerosos casos que todavía están pendientes ante la justicia panameña’.
Bernal se refiere a la serie de desapariciones forzadas que se ha dado entre 1968 y 1989, cuyo número asciende, según la Comisión de la Verdad que se encargó de las investigaciones, a más de 100.
Esta decisión podría conllevar, estima Bernal, a un cambio de actitud de parte de las autoridades judiciales y el Ministerio público frente a estos casos.

Reputación internacional
Bernal confía que esta formalización de la ley sea de influencia positiva para Panamá frente a sus compromisos internacionales. ‘Estábamos bastante atrasados en esta materia, pues ha habido una sistemática oposición de parte de los distintos gobernantes a cumplir de una manera más decidida la responsabilidad que conlleva Panamá como Estado parte en el Sistema Interamericano con las disposiciones’
Se formaliza algo que ya existía. Pero suponemos que esto tendrá influencia en la manera cómo Panamá se posiciona en el ámbito de los derechos humanos y sus compromisos internacionales.

Las disculpas de Martinelli
En nombre del Estado panameño, el presidente Ricardo Martinelli pidió disculpas a la familia Portugal, puesto que así lo dictaba la solicitud establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual había sido incumplida, y anunció la formalización la elaboración del proyecto que hoy ha tomado forma.
La esperanza de Bernal es que este gesto de Martinelli se extienda a otros casos que están todavía pendientes dentro de los tribunales panameños y también ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ‘y también se extienda una práctica cotidiana de parte del Estado, de protección, divulgación y defensa de los derechos humanos, que es la aspiración para poder tener un verdadero respeto hacia la dignidad humana’.