La prolongación del conflicto que enfrenta a Israel con buena parte de sus vecinos árabes ha dado pie a la generación de muchos subproductos.

Además de los referidos a una auténtica industria de la ocupación y a un numeroso grupo de supuestos negociadores de la paz, entre otros, es notable asimismo la profusión de eufemismos que se vienen empleando en el lenguaje oficial para esconder realidades que no interesa hacer visibles. En estos últimos días hemos vuelto a tener buenos ejemplos de esta misma figura retórica, que solo engañan a quienes prefieren autoengañarse.

La primera muestra responde a unas declaraciones del actual alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, que el pasado lunes daba a conocer su intención de aprobar la construcción de un nuevo asentamiento (Kidmat Zion), en un área ubicada entre las localidades palestinas de Abu Dis y Jabal Mukkaber (ambas en el área de Jerusalén Este). Visto así, y si finalmente se construyen las alrededor de doscientas casas previstas, estaríamos ante lo que Israel suele denominar “asentamientos legales”.

Una expresión como ésta, que también se suele escuchar en círculos occidentales, daría a entender que existen dos tipos de asentamientos- legales e ilegales-, cuando en realidad solo existen los ilegales. Y esto es así por la sencilla razón de que el derecho internacional determina que el ocupante no puede tomar decisiones que prejuzguen la solución del problema originado por la ocupación. Por tanto, no tiene sentido llamar, como pretende Israel, legales a aquellos que tienen permiso administrativo israelí (lo que dejaría como ilegales a los que no cumplen esos trámites). Todos los que hay en Cisjordania- en una cifra que supera ya los 400- son, por definición, ilegales. Y cada nuevo permiso de construcción supone, por tanto, una nueva violación del derecho internacional que vienen cometiendo desde principios de los años setenta del pasado siglo todos los gobiernos israelíes (sea cuál sea su signo partidista).

No deja de ser igualmente sarcástico el comentario (que no llega a ser ni una denuncia de una advertencia seria) que significados representantes de la comunidad internacional formulan ante cada nueva decisión gubernamental israelí por seguir adelante con esta fiebre constructora. La frase más repetida en esos casos es la de que decisiones de esa naturaleza “ponen en peligro el proceso de paz”. ¿De qué proceso hablan? ¿Acaso no son sobradamente conscientes de que desde hace años- la muerte de Isaac Rabin (noviembre de 1995) a manos de un ciudadano israelí, para ser más exactos- que el proceso de paz está muerto? ¿Tal vez no se han dado cuenta de que hoy no existe ni siquiera un proceso de diálogo directo entre las partes, mientras la violencia recíproca sigue en aumento?

La segunda muestra reciente de este mismo juego de escapismo, tiene a la Corte Penal Internacional (CPI) como protagonista. Por boca de su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, la Corte rechaza investigar los posibles crímenes cometidos por las fuerzas armadas israelíes en el desarrollo de la operación Plomo Fundido (Gaza, 2008-09) en la que más de 1.400 palestinos cayeron bajo la ofensiva de las FDI (frente a 13 israelíes muertos). El tecnicismo del que se vale la CPI para autoexcluirse de un tema tan políticamente delicado es que la Autoridad Palestina no está reconocida como Estado miembro de pleno derecho en la ONU y, por tanto, tampoco ha podido suscribir el Estatuto de Roma. En consecuencia, su petición para que la Corte actúe no puede tener efecto alguno.

Se ha convertido en un lugar común afirmar que Palestina no es un Estado reconocido, cuando resulta que hay 132 países y organizaciones internacionales que sí lo han hecho a título bilateral, desde su proclamación en 1988. Lo que no ha logrado todavía- y de ahí la decisión de la CPI- es que la ONU apruebe su estatuto como miembro de pleno de derecho (en lugar del de observador que tiene hasta hoy la Organización para la Liberación de Palestina). Esta fue la petición que presentó el presidente Mahmud Abbas en el otoño pasado, como paso final de un proceso de capacitación que, de hecho, el Banco Mundial y otros organismos internacionales han avalado. A pesar de ello, y como simple resultado de la oposición de Tel Aviv- que ha declarado que ese reconocimiento le llevaría a no firmar nunca un acuerdo de paz en la región- y de Washington- dispuesto a seguir protegiendo a su aliado con su veto, asumiendo el coste político de quedarse solo en el Consejo de Seguridad-, es bien fácil pronosticar que ese cambio de estatuto no se va a producir.

De ese modo, los crímenes cometidos (también los de los grupos palestinos) quedarán impunes, dado que ni Israel va a investigarlos (y juzgarlos) ni el Consejo de Seguridad va a instar a la CPI a que lo haga. La principal responsabilidad en este caso no es de la CPI, sino la de quienes abusan de su dominio (político, militar o ambos simultáneamente) para ponerse por encima de la legalidad internacional.

Quizás imbuido de ese clima de eufemismos generalizado, Günter Grass ha preferido por fin hablar sobre el insoportable silencio que él (y tantos otros) ha mantenido sobre el comportamiento de Israel, recurriendo a la poesía en lugar de a un artículo de denuncia. Su gesto debe ser valorado como positivo, sobre todo en clave personal, especialmente en lo que se refiere a la corresponsabilidad que todos tenemos en permitir que siga adelante un proceso que aleja tanto a israelíes como a palestinos de sus verdaderos intereses (obcecados en una dinámica de violencia suicida). Desgraciadamente, no cabe imaginar que su voz vaya a modificar unas tendencias tan consolidadas de uso de figuras retóricas que nos alejan de una realidad que, mientras tanto, nos conduce a todos hacia mayores cotas de cinismo y pasividad.