Tras la aprobación de una ley que penaliza la participación en pandillas, surgen en El Salvador, interrogantes sobre su compatibilidad con las nuevas políticas de seguridad del Gobierno de Mauricio Funes y con el respeto de los derechos humanos.

Tras meses de discusión, la llamada “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal” fue aprobada esta semana por la Asamblea legislativa.

La normativa, que cuenta con 11 artículos, especifica y penaliza en diversos grados la pertenencia a pandillas, maras y asociaciones criminales, sin importar el nombre que adopten e incluso sin que asuman identidad alguna.

Para Aída Escobar, la actual presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, este cambio en las legislaciones se constituye en una base administrativa que hacía falta. “Ahora se determina que ciertas pandillas son constitutivo de delito y entran a formar parte de las agrupaciones y asociaciones ilícitas que están reconocidas en nuestro código penal”.

La importancia de las pruebas
Este nuevo instrumento en principio va acorde con la estrategia en políticas de seguridad del actual Gobierno de Mauricio Funes, pero para su aplicación, según Escobar, debe obrarse con prudencia. ‘Para que la ley sea efectiva,” aclara Aída Escobar, “necesariamente tenemos que tener bien definidas la evidencias que determinen que una persona pertenece a las pandillas. Así que se va a necesitar mucha inteligencia policial y técnicas de investigación eficaces para demostrar de forma efectiva a un juez que una persona es pandillera”.

Escobar señala que el mayor problema que se da al momento de combatir las pandillas es que la policía hace su trabajo, identifica a los pandilleros y las zonas donde operan, y los capturan, pero en el término de 72 horas, los jueces los dejan en libertad porque la fiscalía no tiene las herramientas para poderlos procesar. “De ahí la importancia de la eficacia de las pruebas que se recojan”.
Entre las nuevas penalizaciones por pertenecer a grupos pandilleros figuran, entre otras, penas entre los 4 y 6 años de cárcel y la incautación de bienes adquiridos como parte del actividad delictiva. “Los criterios para las penalizaciones se basan en el grado de violencia que emplean estos grupos en su actuar delictivo,” indica.

Estrategia de 5 ejes
Las nuevas disposiciones legales sirven para reforzar la actual estrategia del Gobierno de Mauricio Funes. Su política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala Escobar, se enmarca en 5 ejes estratégicos: el combate a la criminalidad, la prevención, la respuesta y atención a la víctima, la reinserción y rehabilitación y el fortalecimiento y reforma legal.

Desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Escobar juega un papel importante en el trabajo de la prevención. “La prevención es algo a lo que le apuesto,” enfatiza, “y para evitar que los jóvenes sigan incorporándose a las pandillas, debemos hacer una labor preventiva”.

Escobar, quien conoce muy a fondo el funcionamiento de estos grupos, sabe lo difícil que le resulta a los jóvenes abandonar el circuito de las pandillas. A tal respecto, señala que se está considerando que, en caso de que personas estén dispuestas a salirse de las pandillas o puedan dar fe de que lo están haciendo, debería informarse a la policía para que no sean objeto de persecución.

Menos represión, más equilibrio
“Hay sectores y países que le apuestan más a la parte represiva,” agrega, Escobar, quien ya no quiere eso para su país. “No se trata de priorizar uno u otro eje estratégico, sino de mantenerlos en equilibrio”.
En otras palabras, la policía tendrá que hacer su tarea combatiendo y generando más confianza y seguridad ciudadana. Junto con otras instancias, el Consejo Nacional de Seguridad Pública hará lo suyo en el tema de la prevención; los centros penales realizarán su tarea en lo tocante a la rehabilitación de las personas que ya están privadas de libertad; las instituciones de justicia están haciendo ahora su labor de reforma legal, tratando siempre de responder a principios que inspiren una política de respecto a la constitución y los derechos humanos.

Temores
Lastimosamente, el Gobierno de Funes encontró a las instituciones muy débiles, señala Escobar. “Encontramos una policía corrupta, encontramos un sistema carcelario corrupto. No se nos ha hecho fácil introducir los cambios tal y como el presidente Funes los ha ordenado, para lograr un Gobierno transparente”.

Escobar se pregunta “si hay gente infiltrada, crimen organizado dentro de las misma estructura de la policía ¿cómo lograr recoger las evidencias para que todas estas personas sean llevadas a la justicia si ellas no las han dejado, si hicieron un trabajo fino?”

La funcionaria señala que este tipo de estructuras metidas en instituciones sumamente importantes, como es el sistema carcelario y el sistema de la policía, obstaculizan los planes de seguridad que se puedan en un momento dado impulsar. “Es muy difícil, pero lo estamos haciendo. La policía tiene ya datos de inteligencia sobre funcionarios de esta institución que están involucrados en el crimen organizado y sobre quienes los están financiando.”