Las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas y dificultosas desde hace más de una década pero, según observadores, la crisis actual motivada en última instancia por la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, parece ser la más grave que afecta a los dos países suramericanos. Ana María Sanjuán, del Centro de Estudios Sociales, Venezuela analiza los antecedentes, desarrollo y perspectivas de la actual situación.

I.- ANTECEDENTES

El trasfondo de crisis que atraviesa las relaciones entre Colombia y Venezuela desde hace ya una década, es la percepción, en Colombia (percepción compartida por las elites y la opinión publica, menos por la izquierda), de que Hugo Chávez busca a través de su ayuda y colaboración con las FARC (no confirmada fehacientemente), la expansión de su proyecto bolivariano en America del Sur. Mientras, en Venezuela, la percepción del oficialismo y que por supuesto no comparte la oposición, que se inclina mas por la de Colombia, es la de que a través de Colombia, específicamente vía paramilitares, se concretara una acción de Estados Unidos contra Venezuela, destinada a desalojar del poder por la fuerza a Hugo Chávez. Esta percepción tampoco ha sido comprobada fehacientemente. No obstante esta grave falta de confianza, en la década de gobierno de Hugo Chávez, ha habido etapas en las que las relaciones binacionales se han fortalecido, bien con Andrés Pastrana, bien con Álvaro Uribe, alcanzando con este ultimo cotas superlativas en el comercio binacional (en 2008, el intercambio comercial sobrepasó los $8.000 millones). En los periodos de distensión, las relaciones binacionales han descansado fuertemente en ambos mandatarios (Uribe y Chávez), condición que si bien permitió aliviar en ocasiones puntuales algunos problemas y limitaciones, es otra de las causas subyacentes de la conflictividad intermitente, debido justamente a la alta personalización y baja institucionalización de relaciones binacionales.

Falta de visión compartida
El problema de las percepciones encontradas entre Colombia y Venezuela, ya de carácter estructural entre los dos países, considerando las implicaciones políticas que ha adquirido en los planos domésticos e internacional y las consecuencias que de ellas se derivan, se suman al problema central, cual es, la falta de una visión compartida para tratar el tema de seguridad de la frontera binacional, asolada por una creciente violencia cuyos responsables son actores armados ilegales de ambos países (narcotraficantes, contrabandistas, guerrilleros y paramilitares) y frente a la cual los Estados respectivos suman una serie de discapacidades estructurales graves y de visiones ideológicas contrapuestas que hacen mas difícil el despliegue de los recursos imprescindibles de cooperación binacional para atender la zona de inseguridad mas compleja de Suramérica por la interacción de múltiples actores ilegales armados, algunos de ellos en abierta confrontación con los Estados colombiano y venezolano. Es claro que Colombia no puede contener la violencia en su territorio y es claro que Venezuela no puede impedir su trasvase, mientras ambos países guardan miradas radicalmente distintas sobre las causas, desarrollo y posible desenlace del conflicto colombiano.

"Tierra de nadie"
La frontera colombo-venezolana es una suerte de “tierra de nadie”, en la cual existe un alto transito de irregulares de todos los bandos lo que aumenta la inseguridad y la violencia en una zona de por sí compleja por sus altos niveles de intercambio comercial y crecimiento poblacional. La situación es explosiva en toda la frontera, en la Guajira (norte), en la zona andina y en los llanos (sur). Dicha frontera binacional, desde hace más de dos décadas, es un espacio en el que las externalidades del conflicto colombiano se manifiestan crecientemente. Desde 2002, el conflicto de Colombia se traslado en parte a las fronteras con Ecuador y Venezuela, debido al desarrollo del Plan Colombia. Por su parte en Venezuela, desde esa misma fecha, se ha incrementado el delito social y organizado en la zona, aumentando la presencia de contrabandistas, narcotraficantes y guerrilleros locales. A la acción de la guerrilla en la frontera (FARC, ELN y FBL), se suman la de los paramilitares en los Estados Táchira y Zulia, incluyéndose la acción de paramilitares venezolanos. Esto se ha traducido, en el lado venezolano, en el aumento de homicidios, secuestros, robos y contrabando. Ambos gobiernos han recurrido a repetir políticas aisladas e intermitentes en la frontera, con escasos o nulos resultados e impacto.

Se suman las crisis
Los gobiernos de Uribe y Chávez han atravesado tres graves crisis políticas en el ultimo quinquenio: en 2005, por el caso Granda, resuelta con la mediación de Cuba y Brasil; la del 2007, por la salida de Chávez del proceso de intercambio humanitario, resuelta luego de la mediación del Grupo de Río y la tercera, correspondiente a 2009, a causa de las facilidades militares otorgadas por Colombia a Estados Unidos en por lo menos siete de sus bases militares, para el combate al narcotráfico. Esta última crisis, considerada por analistas como la más grave entre los dos países en los últimos quince años, sigue en desarrollo, escalando en esta coyuntura sin que hasta ahora haya habido intentos explícitos y públicos de mediación por parte de ningún país u organismo de la región, excepto Brasil. A partir de esta ultima crisis, Venezuela “congeló” las relaciones con Colombia, especialmente en lo que se refiere a las compras gubernamentales de alimentos, vehículos y otros, siendo éste uno de los puntos que sustancia la denuncia de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

II.- DESARROLLO DE ESTA NUEVA CRISIS

El domingo 08.11.2009, el Presidente Chávez, en su Programa semanal “Aló Presidente”, hizo un llamado a los venezolanos a “prepararse para la guerra” debido a que a su juicio, se estaba orquestando en Colombia una agresión contra Venezuela por parte de los Estados Unidos. Su denuncia tuvo una amplia repercusión mediática regional e internacional. Es éste el episodio mas grave correspondiente a esta nueva crisis entre Colombia y Venezuela, la cual se remonta al mes de julio de 2009, al conocerse a través de los medios de comunicación de Colombia, la posibilidad del establecimiento de facilidades militares de los Estados Unidos en siete bases militares colombianas. Al confirmarse la veracidad de la noticia, Venezuela suspendió relaciones con Colombia y pidió una reunión de UNASUR para tratar el tema, buscando una sanción a Colombia. Por su parte, en dicho encuentro, Colombia denuncio la cooperación militar de Venezuela con Rusia e Irán, así como la permanencia en Venezuela de algunos de los dirigentes de las FARC (alias Timochenko e Iván Márquez). En dicho encuentro, los Presidentes de America del Sur abogaron por conocer el acuerdo y porque en todo caso, de darse este convenio y considerando los principios soberanos de cada Estado en la organización de su seguridad y defensa, se garantizara a la región que dichas bases no servirían para atacar o desplegar actividades militares o de seguridad contra países vecinos. Esta reunión de UNASUR en Bariloche, transfirió al recién creado Consejo de Defensa Suramericano la responsabilidad de abordar, en septiembre 2009, el caso de forma mas concreta. Esta reunión tuvo lugar en Quito, sin acuerdos relevantes.
 

Escalada de la situación
El convenio Estados Unidos-Colombia fue firmado a finales de octubre 2009 en Bogota, conociéndose posteriormente su alcance y contenido, así como las opiniones vertidas por el Consejo de Estado de Colombia acerca de sus implicaciones en materia de soberanía para Colombia. Asimismo, fueron hechos públicos por los medios de comunicación de Colombia, documentos oficiales de Estados Unidos que por su contenido, contribuyen a alimentar las percepciones de Venezuela sobre las causas subyacentes para el otorgamiento de dichas facilidades militares a Estados Unidos en Colombia. La actual coyuntura es extremadamente crítica, toda vez que ha sido agravada por el incremento del sicariato en la frontera binacional, con victimas de ambos países, las acusaciones mutuas de espionaje y amenazas de escalamiento militar del conflicto.

Violencia
Como se conoce, doce jóvenes fueron secuestrados a mediados del mes de octubre 2009, en El Chururu, Estado Táchira, Venezuela. Once de ellos, de los cuales nueve eran colombianos, aparecieron masacrados 12 días después. No están claros todavía muchos de los aspectos principales del hecho. Hasta ahora y según las autoridades del Estado Táchira y del Gobierno Nacional de Venezuela, el hecho forma parte de las externalidades negativas del conflicto colombiano, ya que entre los secuestrados y posteriormente masacrados habría paramilitares, mientras que en el grupo de captores y responsables de la matanza habría guerrilleros. El gobierno venezolano mantiene bajo custodia e interrogatorios al único sobreviviente de esta tragedia. Según ha trascendido, los asesinos habrían usado los teléfonos celulares de las victimas para comunicarse con otras personas, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Paralelamente al descubrimiento de las victimas, el gobierno venezolano denunció la captura en territorio venezolano de dos funcionarios del DAS, quienes estarían en labores de espionaje en Venezuela, al tiempo que entrego una nota de protesta al gobierno colombiano por el hecho. Posteriormente, presentó unas pruebas de sus afirmaciones, a través de un documento en el que se mencionan unos supuestos planes de contraespionaje en Venezuela y que corresponderían al DAS. Por su parte, el gobierno de Colombia no ha hecho pública ninguna declaración sobre los supuestos funcionarios del DAS detenidos. Solo se pronunció en torno al documento develado por las autoridades venezolanas, diciendo que formaba parte de documentación interna del DAS, sujeta a una investigación judicial.

A partir de la crisis por las bases militares en Colombia, desde el gobierno venezolano se ha sometido a la opinión publica una serie de noticias según las cuales el DAS de Colombia habría participado en varios intentos de asesinato del Presidente Chávez, mientras se afirma que los gobernadores de los Estados Táchira y Zulia, ambos de la oposición, tendrían nexos con los paramilitares. Colombia, a su vez, ha seguido reiterando la falta de cooperación de Venezuela en su lucha contra la insurgencia y el terrorismo, la posible complicidad de parte de los funcionarios del gobierno con la guerrilla y una alta tolerancia al sobrevuelo de naves del narcotráfico por su territorio.

Sondeos de opinión
Según distintas encuestas de opinión (Datanalisis, septiembre 2009), en Venezuela la mayoría de la población (mas de un 80%) esta en contra de un conflicto con Colombia, o con la ruptura de relaciones o suspensión del comercio binacional. Sin embargo, y aunque la mayoría de la población colombiana no apoya un conflicto con Venezuela (Opinómetro, Revista Cambio, Noviembre 12, 2009), el Presidente Uribe en Colombia, goza de más legitimidad en su conflicto con Venezuela, toda vez que la mayoría de la población lo apoya en su posición frente a Venezuela, además de que la imagen negativa del Presidente Chávez en Colombia ronda el 85%.

III.- PERSPECTIVAS

El recuento anterior permite alertar nuevamente los crecientes riesgos de no establecer de manera perentoria, entre Colombia y Venezuela, una agenda cooperativa de seguridad y un conjunto de medidas de confianza mutua, aunque sean mínimas, que trasciendan la amistad cíclica de los Presidentes y el vigoroso flujo comercial y económico que existe desde hace casi dos décadas entre ambos países.

Luego de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Trinidad, se abrieron enormes expectativas sobre la posibilidad de recomposición, en nuevos términos, de la relación de Estados Unidos con la región y, en especial, con Suramérica. La reunión del Presidente Barack Obama con UNASUR, fue un reconocimiento expreso de la nueva administración demócrata a la existencia de una región distinta en muchos aspectos y de sus búsquedas por una integración política y económica destinadas a su mejor desarrollo y por la consolidación democrática. Por ello, el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región andina es, en este momento, además de inexplicable como oferta para una “nueva” relación con América Latina, un hecho que va en contravia de la agenda regional. Más aún, podría ser un elemento perturbador para la recomposición de dichas relaciones, ya que antepone una agenda de seguridad, en este caso bastante difusa, en lugar de desarrollar una agenda positiva más amplia de cooperación, promoción al desarrollo y entendimiento político, tal y como fue ofrecida por el Presidente Obama en Trinidad. A esto se suma el desenlace no deseado de la crisis política en Honduras, que amenaza con crear nuevos puntos de desencuentro de algunos países de la región con Estados Unidos.

Bases norteamericanas
Asimismo, una mayor presencia militar de Estados Unidos en Colombia, se contrapone a los acuerdos alcanzados en febrero por todos los países de Suramérica, en ocasión de la constitución del Consejo Suramericano de Defensa, y del que Colombia forma parte. Uno de los objetivos principales del Consejo es crear medidas de confianza mutua para la atención de los problemas de seguridad regionales. Por su parte, y considerando que el tráfico ilícito de drogas tiene carácter regional, no queda claro cómo los problemas de seguridad de Colombia puedan ser enfrentados sólo con el aumento de la presencia militar de Estados Unidos y sin la cooperación activa de los países vecinos. La creación del Consejo de Defensa de UNASUR en febrero de 2009, permitió abrigar en sus comienzos cierta esperanza sobre, al menos, el planteamiento abierto de estos temas en su seno, a través de una discusión abierta y franca sobre los problemas reales y sus causas estructurales, todas más bien de carácter regional que de carácter nacional. Sin embargo, hasta ahora el organismo ha sido incapaz de establecer ningún mecanismo de concertación, de confianza mutua, ni de abordar, mas allá de la retórica, los trasfondos implícitos en esta grave y recurrente crisis.
 

Después de marzo de 2008, Colombia ha desarrollado una agenda internacional destinada a mejorar sus relaciones con los países de la región, no sólo con Venezuela, sino también con Brasil, además de estar a punto de recomponer sus relaciones con Ecuador. Asimismo, como parte de esa agenda internacional, se planteó la necesidad de mantener una participación más activa en los organismos de concertación regional, tales como UNASUR y el Grupo de Río. Sin embargo, el aumento de la presencia militar norteamericana en territorio colombiano, no sólo puede aumentar el nivel de crispación de sus relaciones con Venezuela y Ecuador, sino que podría ralentizar su proceso de acercamiento a Suramérica, además de afectar sus relaciones comerciales, económicas, fronterizas y de cooperación con varios países suramericanos. En el caso de Venezuela, la última declaración del Presidente Chávez sobre los peligros de una guerra con Colombia, tuvo repercusiones internacionales inmediatas, concretamente en la posposición del debate en el Senado de Brasil, acerca de su esperado ingreso en MERCOSUR, además del alerta regional e internacional causado por lo grave de sus afirmaciones, más allá de su magnificación mediática. Todo lo anterior se une a la preocupación regional por el reequipamiento militar de algunos países de Suramérica, en un contexto en el cual, crecen las diferencias binacionales y regionales y la polarización, mientras aumenta la capacidad ofensiva y de defensa de varios países de la región.

Manejo de los problemas
Como se ha señalado en numerosas oportunidades, la forma más constructiva de encarar los problemas de seguridad regionales y los específicos de la región andina es mediante la cooperación de los países de la región, el manejo abierto de los problemas y dentro de los marcos regionales establecidos, como es el caso del Consejo Suramericano de Defensa. Una mayor presencia de actores externos, como es el caso de los Estados Unidos, en la región andina, región atravesada por profundos cambios estructurales, es un elemento que podría agravar los problemas de seguridad en vez de disminuirlos. Asimismo, podría generar numerosos impasses políticos, alejando por tanto el necesario proceso de integración regional y de concertación binacionales. No sólo Venezuela resultaría afectada con un aumento de la presencia militar norteamericana, sino la región misma. De allí la urgente necesidad de espacios específicos para tratar los problemas de seguridad binacionales por un lado, y el uso adecuado de los espacios regionales y multilaterales para el tratamiento de los problemas de seguridad colectivos por el otro.

Resultados inciertos
Sobre la resolución de este nuevo impasse, el futuro no está claro todavía. Colombia recurrió a denunciar a Venezuela como país agresor frente al Consejo de Seguridad de la ONU, buscando una condena, que si bien parece no se producirá por lo pronto en dicho ámbito, contribuye a ahondar más el espacio que separa a ambos países. Por su parte Brasil ha propuesto la posibilidad de editar entre los dos países, una experiencia similar a la adelantada para desbloquear las relaciones entre Colombia y Ecuador así como la creación de una comisión de verificación en la frontera, con su participación como garante, comisión a la cual Colombia propone se sume España. El Presidente Lula a su vez ha sugerido a ambos Presidentes una reunión trilateral el 26.11 en Manaos, a propósito de una Cumbre de Países Amazónicos. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento de alguno de los dos países sobre esta última posibilidad. Aunque la tensión del 09.11.09 ha decrecido, debido a las aclaratorias del Presidente Chávez acerca del objetivo de su llamado, los problemas siguen allí, latentes pero crecientes, esperando una concertación binacional concreta y clara, sin aspavientos emotivos ni ideológicos, que busque soluciones estructurales y no condenas a problemas que involucran responsabilidad de ambos Estados, que permita ampliar el marco de respeto mutuo que deben tener dos proyectos políticos antagónicos y que abra una minima senda de cooperación para contener la permanente violencia que asola la frontera binacional y que eventualmente podría convertirse en un detonante de un peligroso conflicto de impredecibles consecuencias regionales.