Holanda no quiere seguir siendo un atractivo refugio para criminales de guerra extranjeros, torturadores o asesinos múltiples. Un proyecto de ley propone que los jueces holandeses estén facultados para juzgar incluso “antiguos” genocidios. ¿Qué significa esto para los centenares de sospechosos de crímenes de guerra que residen en Holanda?

En su momento llegaron a Holanda, en grandes cantidades, solicitantes de asilo ruandeses que se presentaba como víctimas del régimen responsable del genocidio de 1994. Más tarde, algunos fueron reconocidos como probables colaboradores de dicho régimen, perdieron sus documentos de residencia y muchos desaparecieron en los circuitos ilegales. Entre los refugiados de la ex Yugoslavia había también algunos con las manos manchadas de sangre, sospechosos de haber colaborado en la matanza de Srebrenica, en 1995.

En ese momento los jueces holandeses podían juzgar a sospechosos de genocidios cometidos después de 2003. Los crímenes anteriores a esa fecha solo podían llegar a los tribunales cuando involucraban a ciudadanos holandeses.
El sospechoso de haber colaborado en el genocidio en Ruanda, Joseph M., fue detenido en Amsterdam, pero “solamente” fue juzgado por crímenes de guerra y tortura durante las matanzas de 1994. El año pasado recibió una condena de 20 años de cárcel por torturas, mientras que el verdadero delito que pesaba sobre su cabeza era el de genocidio.

Una mala señal
El ministro de Justicia holandés, Ernst Hirsch Ballin, presentó esta semana un proyecto de ampliación de la ley de genocidio. “Es inaceptable que un extranjero acusado de genocidio pueda permanecer en Holanda sin ser perseguido, a causa de una ley que no cubre las fechas en las que fue cometido el delito. Esto es una muy mala señal para las víctimas y sus familiares”, dice el ministro en su proyecto de ley.
Con la nueva ley, estos casos sí podrán ser vistos en los tribunales, asegura Johannes Houwink ten Cate, del Centro para el Holocausto y Estudios de Genocidio.
“El proyecto de Hirsch Ballin hace más fácil llevar ante los jueces a un sospechoso de genocidio. Es parte de una ofensiva del ministro para ampliar el poder de la justicia en Holanda”.
El contacto con Holanda sigue siendo fundamental: el sospechoso debe encontrarse en territorio nacional. Esto quiere decir que también puede ser detenido en el aeropuerto de Schiphol, como pasajero en tránsito.

Solicitantes de asilo
Una vez que la nueva ley entre en vigor, la fiscalía podrá revisar los casos de sospechosos de genocidio en Ruanda que viven en Holanda. Otros casos “antiguos” que podrán reabrirse son los crímenes del régimen iraquí contra los kurdos en 1987 y 1988, y la limpieza étnica de 1995 en Srebrenica.

El sello F-1
Desde 2003, la policía mantiene vigilados a los sospechosos que viven en Holanda. Los antecedentes de los nuevos solicitantes de asilo son cuidadosamente estudiados. Los sospechosos de crímenes de guerra no obtienen un permiso de residencia sino el llamado sello F-1. En Holanda hay en este momento más de 400 personas bajo esta categoría, en su mayoría provenientes de Afganistán e Iraq.
Si bien la nueva ley amplía las facultades de fiscales y jueces, el castigo de los crímenes internacionales sigue siendo complicado. Los hechos tuvieron lugar en otros países, no siempre están bien documentados y las pruebas dependen, en gran parte, de las declaraciones de testigos presenciales. Estos testigos no siempre son fáciles de ubicar y luego deben estar dispuestos a declarar judicialmente. Ante esta situación, no es extraño que Hirsch Ballin halla expresado sus “reservas” sobre el procesamiento penal de los sospechosos.

La nueva ley será un mejor instrumento para juzgar a solicitantes de asilo indeseables, pero el ministro agregó otro importante argumento a su favor: como sede de la Corte Penal Internacional (CPI) y tribunales especiales como los de la ex Yugoslavia y Líbano, Holanda debe “ir un paso adelante” en la persecución y enjuiciamiento de las violaciones internacionales de los derechos humanos.