El Gobierno chileno investigará los casos de desaparecidos falsos, pero no permitirá que esta situación contamine el proceso de búsqueda de la verdad histórica en Chile. Los defensores de derechos humanos consideran que no se trata tan solo de un fraude al Estado, sino también de una afrenta al dolor de las víctimas.

Escuche la entrevista a Pamela Pereira

El escándalo del fraude cometido por cuatro personas, de un total de 1.180 víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet, ha desencadenado un enorme revuelo alrededor del proceso de búsqueda de verdad y justicia emprendido por la sociedad chilena. Inmediatamente, los partidos de derecha se apresuraron a reivindicar sus denuncias. Durante años, los partidarios de Pinochet han puesto en duda la lista de víctimas elaborada por las comisiones Valech y Rettig.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago nombró al magistrado Carlos Gajardo para que investigue dichos casos, mientras que presidenta chilena, Michelle Bachelet, fue contundente al declarar que no permitirá que se politice el sufrimiento y la necesidad de justicia de las miles de víctimas de la dictadura. Al respecto dijo que "tanto como mujer que sufrió en carne propia este dolor, pero a la vez en mi responsabilidad como Presidenta de la República, no voy a aceptar el aprovechamiento, ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia".

Afrenta al dolor de las víctimas
La abogada de derechos humanos Pamela Pereira considera que no existe ningún mérito para revisar la lista de víctimas-desaparecidas confeccionada por las Comisiones de la Verdad. Tampoco cree que esta situación de falsos desaparecidos conceda la razón a los partidarios de Pinochet, que han alegado por años, la inexistencia de los delitos de desaparición forzada perpetrados por la dictadura.

Pereira agrega además que esta situación no sólo significa un delito contra el Estado, sino que violenta a los familiares de las miles víctimas. "Ha sido un hecho que ha conmocionado enormemente a la sociedad y ha provocado también un gran impacto en todas las familias que tenemos a alguien en calidad de detenido-desaparecido, porque se siente que hubo gente capaz de hacer una verdadera afrenta a una realidad tan dramática". La abogada opina, no obstante, que la mejor manera de aclarar y poner las cosas en su sitio es dejar que sea la misma justicia la que investigue y juzgue, tal y como lo ha hecho el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.