El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos del que se ocupó la cumbre de presidentes de la UNASUR, en Bariloche, Argentina, preocupa especialmente a una mujer artesana, cabeza de hogar, madre de dos niñas, una de ellas abusada carnalmente por agentes norteamericanos en la base militar de su pueblo, Melgar.
 

Su caso se ha convertido en ejemplo de los riesgos de la inmunidad que protege a los soldados estadounidenses en el extranjero. En breve, hasta 800 militares y 600 contratistas norteamericanos podrán operar desde siete bases terrestres, aéreas y marítimas de Colombia, en virtud del convenio que amplía el alcance del que opera en el marco del Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que desde el año 2000 ha implicado ayuda de Washington por más de 6.000 millones de dólares.
 

Los hechos
En agosto del 2007 la mayor de las dos hijas de Olga Lucia Castillo fue abusada carnalmente por el sargento del ejército de los Estados Unidos, Michael Cohen, y su asistente César Ruiz, adscritos al Plan Colombia, en la base de Tolemaida, en Melgar, localidad distante a unas dos horas por carretera de la capital colombiana, Bogotá.
 

La madre relató a Radio Nederland que la niña tenía 12 años cuando fue secuestrada, drogada y violada, hechos que consignó en la denuncia que en su momento interpuso ante las autoridades, sin que el caso haya tenido desenlace alguno. “Se rieron de mí, dijeron que tenían inmunidad. Yo no sabía qué era eso, no sabía nada de leyes”, dice. Pero aprendió en el camino por defender sus derechos y los de sus hijas. Respaldó su demanda con exámenes forenses e indagaciones hechas por su cuenta; mandó cartas al presidente Álvaro Uribe y golpeó cuanta puerta encontró para hablar de su dolor y exponer los hechos.
 

Seguimientos sospechosos, amenazas veladas y directas obligaron a la madre a abandonar su pueblo con las niñas para refugiarse en el anonimato de la capital; pasaron penurias que hoy que el caso ha cobrado resonancia espera ver recompensadas con justicia y reparación.
 

Olga Lucía dice que el de su hija no ha sido el único caso. Habla de redes de pornografía en los circuitos militares de su pueblo y menciona hechos trágicos, incluidos suicidios, derivados de los abusos de agentes extranjeros con la complicidad de militares locales.
 

Advertencias
El caso se ventila en el Congreso. El Senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, lo ha expuesto a manera de advertencia de lo que podría ocurrir a mayor escala cuando las tropas estadounidenses copen la cuota de hasta 800 militares y 600 contratistas que autoriza el acuerdo de cooperación que les da franquicia para operar desde siete bases colombianas. Pero tampoco en el Congreso hay clima a favor de develar la verdad; a mediados de agosto varios legisladores de la bancada oficialista se opusieron a que Olga Lucía Castillo presentara testimonio en ese recinto y evadieron el tema por “pornográfico”.
 

El recién posesionado ministro de Defensa, Gabriel Silva, ha dicho que se pondrá especial celo en que por el abuso del fuero militar “la inmunidad no se vuelva impunidad”.
 

El abogado Jorge Gómez, de la Corporación Reiniciar, miembro del equipo de juristas que ha tomado la defensa de Olga Lucía Castillo y su hija habló con Radio Nederland de las “consecuencias graves” como impunidad y ausencia de reparación para las víctimas. La madre no tiene capacidad económica para contratar quien la represente ante los tribunales estadounidenses, de lo que tampoco parece se ocupará el Gobierno, por cuanto hasta ahora se ha desentendido del caso y ni la Cancillería ni el ministerio de Defensa han hecho nada, afirmó. El jurista dijo que para hacer valer los derechos de la madre y su hija acudirán a todas las instancias, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.