En los últimos años, los militares de los países centroamericanos están desempeñando cada vez más labores de policía civil con un amplio respaldo popular. Sin embargo, en el Cono Sur el papel del ejército en los golpes de Estado del siglo pasado aún marca distancias entre militares y civiles.

Hace una semana, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, designó como Director de la Policía Nacional Civil a un general en retiro del ejército. Recientemente se ha creado una unidad de Carabineros en Honduras para depurar la institución policial y en Guatemala, el actual presidente (y ex general del Ejército) Otto Pérez Molina acaba de anunciar que la lucha contra el narcotráfico en el país irá encabezada por las fuerzas armadas. Pero, ¿a qué se debe la “militarización” de la policía en estos países?

“Esto no es una novedad”, cuenta a Radio Nederland Ivan Briscoe, especialista en América Latina en el Instituto Clingendael Holanda. “Hace ya 8 años que en Guatemala hay patrullas conjuntas de policías civiles y militares. Hace ya tiempo que vimos un endurecimiento de la política militar contra las maras en toda Centroamérica y en México, la guerra contra las drogas del presidente Calderón también ha tenido mucha presencia militar”, dice este investigador británico.

Sin embargo, según Briscoe, “esto que vemos también en Colombia y Venezuela no ocurre al mismo nivel en Argentina, Chile o Uruguay. La presión de la sociedad civil después de las dictaduras ha empujado a los militares hacia un lado para que no se inmiscuyan en temas de seguridad ciudadana”, explica Briscoe.

Apoyo político y ciudadano
Uno de los factores que más llama la atención es que, en los países donde la violencia golpea más fuerte “las élites políticas prefieren otorgar esas funciones de policía a los cuerpos militares porque piensan que son más eficientes y que pueden tener un poder disuasivo para controlar a la población”, cuenta a Radio Nederland Carlos Cubas, coronel retirado de la Policía Nacional de Perú y experto en seguridad.

Así, la criminalidad y la violencia que existe en estos países hace popular la imagen de las Fuerzas Armadas. “En México y Guatemala los militares siguen teniendo un nivel de aceptación social y de legitimidad muy alta, en comparación con las altas instituciones estatales. Algo que tiene mucho que ver con el nacionalismo y los valores patrióticos”, dice Briscoe.

Además, el hecho de que en las instituciones militares se encuentren personas de todas las clases sociales, gran parte de ellos de las clases más bajas, y les ofrezcan opciones de progreso y movilidad social (que en otras partes no es posible) juega también a su favor. Según Briscoe, “este papel se vio claramente en el ejército de Venezuela, donde Hugo Chávez y otros políticos de hoy en día pasaron de soldados rasos a tener un estatus bastante alto. En esta región los militares tienen ese perfil distintivo que les da cierto apoyo social que no tienen otras partes del Estado que han sido muy degradadas por cuestiones como, por ejemplo, la criminalidad”.

Fortalecer a la policía
Pero trasladar funciones policiales a los cuerpos militares conlleva ciertos riesgos. Según el ex general de la policía peruana Carlos Cubas “los militares han sido formados para la defensa externa del país mientras que la función de la policía es proteger a la sociedad, por eso no deben confundirse”. Sin embargo, la fuerte corrupción que existe dentro de los cuerpos policiales ha desgastado mucho a estas fuerzas de seguridad y la población mira a los militares como una solución aceptable. “Hay muchas dudas acerca de la participación de los militares en cuestiones de seguridad ciudadana”, dice Briscoe, “pero en muchos casos, como en Guatemala o México, la población claramente exige y demanda esa participación”.

Para Cubas, esta política es “herrada” y la solución es mucho más simple. “Lo que estos países necesitan es que se fortalezcan los cuerpos de policía, que se mejoren sus procesos de selección y entrenamiento civil del personal y también darles las herramientas jurídicas para que puedan luchar contra la delincuencia, con herramientas legales y procedimientos democráticos”. En definitiva, que sean los cuerpos civiles que ya existen los que cuiden y protejan a los ciudadanos.