Estupor por el hallazgo de los cadáveres de 72 personas en un rancho de la comunidad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, al noreste de México. Todo apunta a que las víctimas son inmigrantes indocumentados procedentes de El Salvador, Ecuador, Honduras y Brasil.

Las autoridades mexicanas comunicaron este miércoles en rueda de prensa que los cadáveres hallados en una hacienda de la comunidad de San Fernando, en el mexicano estado de Tamaulipas, podrían corresponder a 72 inmigrantes indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres.

Las víctimas, originarias de Ecuador, Brasil, El Salvador y Honduras, habrían caído presas de las prácticas de secuestro y extorsión de los grupos criminales que funcionan en el estado de Tamaulipas, fronterizo con los Estados Unidos. Se trata de la mayor matanza de inmigrantes en un solo sitio.

Secuestro de inmigrantes, una práctica común
Según las organizaciones no gubernamentales con experiencia en el tema, este trágico suceso pone en evidencia el drama del secuestro de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, a manos de bandas del narcotráfico, que les cobran rescate o los fuerzan a trabajar para ellas.

En México son centenares los inmigrantes que cada año son secuestrados en su intento de llegar a los Estados Unidos a través de trenes de carga. "Por los frecuentes testimonios de las personas migrantes víctimas de secuestro podemos afirmar que la masacre cometida en contra de 58 hombres y 14 mujeres en situación migratoria irregular no es un suceso aislado", señalaron en un comunicado una decena de organizaciones de defensa de los inmigrantes.

Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Casa del Migrante de Saltillo, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Las ONG’s denuncian que esto "es una muestra clara de cómo se agudiza la violencia ejercida en contra de los y las migrantes por parte de agentes del Estado y particulares, hemos constatado cómo las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para fines ilícitos".

Superviviente ecuatoriano
La voz de alarma la dio este martes un inmigrante ecuatoriano que sobrevivió a la matanza de San Fernando. Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, viajaba hacia los Estados Unidos con la intención de ayudar a sus padres, quienes tienen una deuda pendiente con sus “coyotes”, las personas que los condujeron hacia EE.UU. El propio Freddy contrajo una deuda de 11.000 dólares con un traficante de personas que lo iba a ayudar a hacer el itinerario.

Freddy, herido en el cuello, llegó a un retén de la Marina mexicana y pidió ayuda. A partir de su testimonio, la Marina lanzó un operativo en el que murieron un agente y tres delincuentes y por el que descubrieron los cadáveres de los 72 inmigrantes.

Una fuente de la Procuraduría General en Tamaulipas explicó que, según la versión del sobreviviente, los secuestradores les ofrecieron trabajo como sicarios con una paga de 1.000 dólares quincenales.

Los indocumentados rechazaron la propuesta y los secuestradores comenzaron a disparar contra ellos, de acuerdo al testimonio del joven ecuatoriano.

Reacciones de indignación
Alberto Herrera, director de la organización Amnistía Internacional en México, aseguró que "este caso, después de que las autoridades hayan precisado su documentación, se va a convertir en un emblema de la capacidad o incapacidad para hacer frente a los abusos contra los indocumentados en México”. Herrera añadió que "es una realidad que está mucho más extendida que un caso focalizado como el que hemos tenido en las últimas horas. Son escandalosos los niveles de impunidad que hay en este país".

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2009, sólo en seis meses alrededor de 10.000 inmigrantes fueron secuestrados en México por células de los Zetas o pandillas.

En el informe se detalla que, por su liberación, los secuestrados deben pagar hasta 2.500 dólares cada uno, lo que aporta un beneficio a los delincuentes de cerca de 25 millones de dólares.

Los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala han expresado su condena y preocupación por lo ocurrido en Tamaulipas, y es de esperar que lleguen más reacciones desde otros países, especialmente desde las naciones de origen de las víctimas.