En un ambiente de violencia e impunidad la labor de los defensores de derechos humanos en México es tremendamente difícil. Aparte de la dureza de obtener lo que exigen, a menudo ellos mismos sufren de abusos, amenazas y hasta asesinatos.

Dos defensoras de derechos humanos de Tijuana cuentan su historia.

“Sentía que sólo estaban esperando el momento para matarnos. Era un hostigamiento institucionalizado. Empecé a recibir diario amenazas. Primero una bomba Molotov a la casa de mis padres, luego llamadas telefónicas en las cuales me dijeron que me callara y que ya no siguiera con mi trabajo.”

Habla Silvia Vázquez, abogada de derechos humanos en Tijuana, ciudad fronteriza en el estado de Baja California, en el norte de México. Hasta hace un par de meses trabajaba en Tijuana, ocupándose de la defensa de víctimas de tortura por parte de las fuerzas armadas mexicanas. Ahora se encuentra en otro lugar, lejos de las personas que la amenazan. Y no sólo ella, sino su familia entera tuvo que salir de Tijuana.

Impunidad
“Yo represento personas que son ilegalmente encarcelados en cuarteles militares, donde son torturados y donde se les entrega listas con nombres, diciéndoles a quienes tienen que entregar que supuestamente son involucrados en el narcotráfico. Pueden ser tanto policías municipales como civiles.” Junto a su labor de abogada es el contacto en Tijuana de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Dice que su trabajo es muy necesario en Tijuana, porque “existe un patrón de tortura, de impunidad.”

La misma impunidad, sin embargo, también les pega a activistas como ella. El caso de Vázquez es uno de muchos ejemplos de la situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en México. Ellos forman un grupo que a menudo sufre de abusos de sus propios derechos, por parte de diferentes actores.

Vulnerable
En enero Amnistía Internacional publicó un reporte en el cual dio quince casos de defensores de derechos humanos victimizados por abusos de todo tipo, variando desde intimidaciones y asesinatos hasta encarcelaciones injustas. Los perpetradores de los abusos pueden ser autoridades locales y federales, miembros de la delincuencia organizada o grupos con intereses específicos. Casos de abusos contra defensores de derechos humanos rara vez son adecuadamente investigados por las autoridades mexicanas, y casi nunca son resueltos. Un ambiente de impunidad los deja sin apoyo y en un estado muy vulnerable.

Los defensores de derechos humanos nunca han tenido mucha protección en México. Pero desde que el presidente Felipe Calderón en el 2006 militarizó la lucha contra la delincuencia organizada ante todo las fuerzas armadas son cada vez más denunciadas por presuntas violaciones de los derechos humanos. Bajo el pretexto de acabar con los carteles de droga el ejército usa métodos que parecen a los de la guerra sucia de los años setenta. Los defensores de derechos humanos se quedan sin protección por las autoridades y a menudo tienen que huir por temor a un atentado a su vida.

Tortura
“En una visita a mi papá él me contó sobre las sesiones de tortura. Dijo que le asfixiaban con una bolsa de plástico sobre su cabeza, que le golpeaban y le descargaron electricidad sobre sus genitales,” dice Blanca Mesina, también activista de derechos humanos en Tijuana que trabajaba con Vázquez en el caso de su padre. Él es policía municipal que, según Mesina, ha sido arbitrariamente prendido y torturado por las fuerzas armadas el año pasado. Tal y como con el caso de Vázquez, Mesina empezó a recibir amenazas casi desde el momento que se metió en el caso de su padre. “A un cierto punto manejaba mi carro en Tijuana y me detuvieron hombres desconocidos en uniforme. Me pusieron una pistola en mi cabeza y me preguntaron si quería que se muriera un familiar. Fue el momento que me di cuenta que ya no pude quedarme en Tijuana, más aún porque las autoridades no hicieron nada para garantizar mi seguridad.”

Las dos lamentan que ya no puedan hacer su trabajo como antes. Sin embargo, no ven otro remedio que seguir trabajando fuera de Tijuana. Vázquez: “Lo más importante para nosotras era que una muerte de Blanca o mía de nada iba a servir para los casos. Muertas no pudiéramos seguir llevando una defensa. Obviamente es difícil dejar la ciudad donde naciste, ante todo para nuestros hijos. Pero bueno, lo estamos manejando como si fueran unas vacaciones.”