Muchos líderes de las organizaciones criminales han aseverado que las balas son el peor ingrediente para un negocio que por naturaleza debe desarrollarse en sigilo. El acoso a las mafias colombianas desde hace 20 años, llevó a que los mexicanos sustituyeran a los andinos, al ser vitales para el trasiego de las drogas, por la imposibilidad de trasladarla directamente a Estados Unidos. Los viejos traficantes mexicanos de Sinaloa no tenían competencia y no necesitaban la violencia para el éxito de la lucrativa actividad. En los años noventa apareció el primer cartel rival, el del Golfo, que fue el primero que copió la modalidad de contratar sicarios para abrirse paso. El Cartel del Golfo sobornó a militares de bajo rango, pero muy bien entrenados, los denominó los Zetas, y también logró reclutar a ex militares guatemaltecos expertos en contrainsurgencia, conocidos como Kaibiles.

Comenzó la guerra por la ruptura del monopolio de Sinaloa. También en esa época un sinaloense trasladado a Ciudad Juárez se volvió legendario por su poder, el “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, quien construyó su imperio en el centro norte del país, para trasladar cocaína a Texas y llevarla a los grandes mercados de Chicago, Nueva York y Canadá. A su vez, en la ciudad de Tijuana, una familia de narcotraficantes (los Arellano) se abrió paso y monopolizó la exportación de drogas a California. Con ello, se ampliaron las empresas criminales y comenzaron a eliminarse entre ellas. El último de los cárteles, la Familia Michoacana, trata de arrebatarle a los Zetas las carreteras y embarques que pasaban por Michoacán y entre ellos comenzó una sangrienta guerra.

Así, se consolidan los cárteles rivales en Sinaloa, el cartel de Tijuana, el de Juárez, el del Golfo y los Zetas, más la Familia Michoacana. Estos seis ejércitos de sicarios luchan por el polvo blanco, la marihuana, la heroína y las metanfetaminas. No podía darse otro escenario que el de la guerra entre ellos. A ello se agrega la ofensiva militar del gobierno y el apoyo de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida.

La ofensiva del gobierno
Cuandoen el año 2006 Felipe Calderón obtuvo la presidencia, afirmó que el diagnóstico que le presentaron fue el de un cuerpo invadido de cáncer. El Estado estaba en riesgo de fenecer, estaba enfermo y había que aplicar una dura terapia contra las células invasoras. La debilidad de las estructuras policiacas y del sistema de justicia lo lleva rápidamente a señalar a las fuerzas armadas como el brazo que iba a librar esa guerra sin cuartel. La milicia ya estaba comprometida desde hace más de 20 años en la guerra al narcotráfico, pero ahora se la señala como el epicentro del esfuerzo del gobierno. Este combate pasó rápidamente de un nivel silencioso a mostrar las facetas más despiadadas de la violencia criminal: las ejecuciones son realizadas con saña, descabezamientos, desmembramientos, cuerpos quemados en ácido. Por ello la población, sobre todo en las ciudades del norte del país como Tijuana, Juárez, Culiacán, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, ve a las fuerzas armadas como un alivio, aunque también expresa su desacuerdo con algunas de las tácticas empleadas cuando afectan a civiles inocentes.

El tema de los derechos humanos se ha vuelto una espina que no se puede quitar el gobierno. Desde hace dos años el Congreso de Estados Unidos lo señaló como una condición para aprobar la Iniciativa Mérida. Amnistía Internacional redactó un extenso reporte señalando graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército, y la prensa internacional y mexicana cada vez es más enfática en que las tácticas del Ejército no consideran a la población. Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado informes muy enérgicos contra el Ejército. Este es uno de los Talones de Aquiles en la estrategia del gobierno que explica el viraje discursivo dejando atrás la palabra guerra y dirigiendo el discurso a la seguridad pública. En democracia se deben respetar las garantías de las personas a pesar de la naturaleza del esfuerzo que hacen los funcionarios del gobierno y todos los cuerpos de seguridad. En otras palabras, no hay guerra que no se gane sin el respaldo de la población y el gobierno mexicano debe hacer un gran esfuerzo no sólo para desmembrar el liderazgo que los cárteles tienen en algunas zonas del país, donde se habla ya de que ejercen “control territorial”, sino para lograr que todos los sectores comprendan y apoyen al presidente. Por ello, los derechos humanos son tarea pendiente en esta guerra.

Se gana o se pierde la “guerra” al narcotráfico
Amplios sectores de la opinión pública sostienen que el gobierno va perdiendo la guerra y que los cárteles avanzan. Atribuyen el fracaso a que sólo el empleo de las fuerzas armadas, las policías y servicios de inteligencia, no resuelven los dilemas estratégicos. Se habla también de legalizar ciertas drogas como la marihuana y despenalizar el consumo, para tratar a los adictos como enfermos y no como delincuentes. Todo ello es cierto, pero también se debe tener en cuenta que el nivel de desarrollo de las batallas entre los seis grandes cárteles obliga al gobierno a contenerlos, para evitar que consoliden su fuerza territorial, y para evitar que amplios sectores de jóvenes desempleados se adhieran a sus filas.
Por tanto, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón debe ser respaldada por políticas integrales que incorporen aspectos sociales (educación, salud, deportes), para que haya equilibrio entre el esfuerzo de la parte “dura” del Estado (fuerzas armadas, policías, cuerpos de seguridad y de inteligencia) y la parte social y económica. Tampoco hay consistencia entre qué hace México con las obligaciones de otros gobiernos, principalmente el de Estados Unidos, donde el control de la distribución de drogas es muy laxo, el lavado de dinero se protege con leyes de secreto bancario y las armas se venden libremente.
El gobierno de México no ha perdido la guerra, pero tampoco se ve consistente en el horizonte una estrategia de victoria, que logre demostrar que se puede reducir la violencia y recuperar la gobernabilidad. Finalmente, el crecimiento del narcotráfico puede debilitar la joven democracia mexicana, pues el país podría quedar en manos de poderes fácticos mafiosos.

Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional de México.