La masacre, la semana pasada, de 72 inmigrantes en el Estado mexicano de Tamaulipas pone al Gobierno de Felipe Calderón entre las cuerdas.

Muchas autoridades locales, en complicidad con los traficantes de personas, facilitan este negocio. Para ponerle fin, Calderón debe someter a investigación desde el Instituto Nacional de Migración hasta los mismos militares.
 

La matanza, cometida por miembros del cartel narcotraficante de ‘Los Zetas’, fue revelada en detalle por el sobreviviente ecuatoriano, Luis Freddy Lala Pomovilla. Según él, en total sobrevivieron cuatro personas. Las autoridades mexicanas han identificado hasta el momento a 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos, un brasileño y 16 hondureños, entre los asesinados en un rancho, a 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
 
"Calderón tiene que actuar muy enérgico," explica el analista mexicano Raúl Benítez. Para ello, debe investigar casos de corrupción y remover a las autoridades locales "de bajo nivel", involucradas con el tráfico de personas. "Sobre todo personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, que están en los puestos de control de las carreteras, incluso hasta militares" que, según Benítez, "se van coaligando, van haciendo mafias pequeñas, ligadas con los traficantes de personas".
 

Desde los países centroamericanos se pidió esta semana la convocatoria a una cumbre birregional, con México y los países de la región, así también como la creación de un observatorio de derechos humanos.
 
"Todos tienen su parte de culpa," afirma Benítez, para quien Centroamérica no puede ignorar su responsabilidad, por ser allí donde se contacta a las personas. "También los Gobiernos centroamericanos tienen la responsabilidad de desmantelar las redes de 'contactadores' de traficantes de personas".