La provincia de Catamarca, enclavada en el norte de Argentina, es noticia y no por las bondades de su clima, sus beneficiosas aguas termales, sus hermosos valles o sus elevadas montañas y cerros sino por el brutal desalojo de militantes ambientalistas.

La minera Bajo de la Alumbrera opera a cielo abierto desde hace quince años en la provincia de Catamarca, extrayendo cobre y oro. A pesar de las promesas de bienestar económico para los habitantes y el cuidado ambiental, la realidad demuestra que ni ha llegado el tan mentado trabajo ni se ha producido el anunciado desarrollo local y que sólo arrecian las denuncias por contaminación y represión contra los vecinos que rechazan la megaminería.

Las protestas se vienen desarrollando mediante bloqueos. El último tuvo lugar hace una semana. Julieta Pasolini, integrante de la Asamblea Nacional de la localidad de Cerro Negro, explica que se ha decidido utilizar el bloqueo como método de acción directa, ya que tiene una doble función: Es selectivo e informativo. Selectivo porque no se dejan transitar camiones que llevan insumos a emprendimientos mineros e informativo porque se busca concientizar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo y sus consecuencias.

Represión
Tras doce días de acampe y 5 días de bloqueo, los ambientalistas fueron desalojados en la localidad de Cerro Negro, próxima a la intersección de las Rutas nacionales 40 y 60. Los asambleístas eligieron estratégicamente este cruce porque allí se encuentra el acceso de insumos mineros. En el desalojo de Cerro Negro participaron fuerzas de choque, “unas 100 personas pagadas por la mina Bajo la Alumbrera, con la ayuda de los municipios de Tinogasta y Belén y con la actuación de un grupo de elite de la policía antidisturbios”, precisa Julieta Pasolini. Es más, los ambientalistas acusan que los grupos de choque “arrojaron piedras y bombas de estruendo, hiriendo a dos participantes. Un autobús con asambleístas fue secuestrado y llevado a la provincia de Córdoba y un activista fue detenido por sacar fotos a un policía de civil”.

Estos graves incidentes fueron elevados ahora a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

No obstante, Julieta Pasolini, reconoce que es una lucha desigual porque hay mucha impunidad: “Hay persecución, represión y se judicializa a los activistas. La situación es muy complicada porque el gobierno provincial, las municipalidades y las fuerzas del orden responden directamente a la minera Bajo la Alumbrera porque hay mucho dinero de por medio”. Los asambleístas tampoco encuentran respuesta en el gobierno nacional y los medios de comunicación no dan la cobertura necesaria al problema.

Demandas
Los ambientalistas ya han abierto el debate a cielo abierto con claras demandas: Piden el cierre de la Minera Bajo la Alumbrera con la debida seguridad ambiental y la consecuente seguridad laboral, priorizando a los trabajadores de las minas. Asimismo exigen que se frene la nueva apertura, también en Catamarca, de Agua Rica, un emprendimiento minero de oro, plata y molibdeno que pertenece a la misma accionista de la Alumbrera y que será tres veces más grande y contaminante que la propia Bajo la Alumbrera.

A pesar del fuerte impacto ambiental, de las protestas e incluso de la represión, la actividad minera ha crecido en Argentina un 1.500 por ciento más que en el 2003, según el informe oficial “la minería en números”.

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