La masacre de 72 emigrantes de América Central, Ecuador y Brasil la semana pasada en San Fernando, Tamaulipas, es otra expresión trágica de la guerra que se libra en México contra el crimen organizado.

Los responsables, los Zetas, mafia que opera desde Guatemala y el sur de México controlando las rutas de drogas, armas y tráfico de emigrantes en los tres estados del Golfo de México: Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, está considerada la organización criminal más despiadada de México. El presidente Felipe Calderón los denominó como unos “bestias”, por la brutalidad y sangre fría con que cometen los asesinatos.

Desde hace aproximadamente cinco años se habla de que se está criminalizando a niveles superiores el tráfico de seres humanos. En los países centroamericanos se tienen reportadas casi a 600 personas que sus familiares les han perdido el rastro en su paso por México. El año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, reportó gran cantidad de actos de corrupción y actividades de participación de funcionarios gubernamentales en el tráfico de personas y en violaciones de los derechos de emigrantes indocumentados.

Los Zetas han sustituido a los tradicionales “polleros”, cuyo negocio era trasladar de forma segura a los emigrantes a su destino. Buscan también emplear a los emigrantes en los trabajos de “burros”, para cargar droga a cambio de la paga por el cruce de la línea fronteriza. También se sabe de actos de secuestro y extorsión, hablándoles por teléfono a sus familiares en Estados Unidos, para que depositen en cuentas de banco dinero a cambio de dejarlos libres, siendo falso ello, pues crecientemente éstos son asesinados para que no identifiquen a sus raptores.

Los carteles del narcotráfico están expandiendo sus actividades criminales. Además del secuestro y asesinato de los indocumentados, cobran “impuestos” a comerciantes de ciudades, a empresarios, también tienen como objetivo a aquellos que les son incómodos, como los periodistas (se reportan gran cantidad de comunicadores asesinados en México), extorsionan a dueños de bares y restaurantes para vender los “productos” que ellos distribuyen. Quien no colabore corre el peligro de ser asesinado. También buscan comprar autoridades políticas y policíacas, sobre todo en las ciudades que atraviesan las rutas del narcotráfico en la frontera con Estados Unidos. En Tamaulipas, antes de realizarse las elecciones para gobernador del Estado, a fin de julio, fue asesinado el candidato que gozaba de las mayores posibilidades para ganar los comicios, se sospecha que también por los Zetas.

Este escenario tiene momentos de crisis por el descubrimiento de los 72 cuerpos. El ecuatoriano que salvó su vida y caminó toda una noche para pedir auxilio fue el factor que se conociera la tragedia y se supiera quiénes habían sido los responsables. Sin embargo, el hecho abre muchas interrogantes. ¿Cómo lograron llegar desde la frontera de Guatemala hasta Tamaulipas? ¿Qué pasa con las policías municipales y estatales, la policía federal, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, incluso con las fuerzas militares? En teoría vigilan las carreteras y ciudades por donde pasan los inmigrantes, ponen retenes y puestos de control, pero el hecho incuestionable es que 72 personas pudieron pasar sin ser vistas. ¿Cuántas de estas autoridades recibieron su parte del botín para dejar traficar a estas personas? ¿Cuántos pasaron antes en esas condiciones? ¿cuántos han desaparecido de igual forma sin conocerse su destino?

Entre las respuestas están, o bien que están comprometidos con los Zetas gran cantidad de autoridades, o que los despliegues policíacos y militares son fácilmente burlados, por lo que en realidad son inútiles para detener el comercio de drogas, armas y ahora personas. En realidad, si la respuesta segunda es usada para saber lo que pasó, se puede constatar la ineficacia de la estrategia de militarización y saturación de fuerza policíaca de carreteras y ciudades. O sea, mucha fuerza desplegada, en teoría para “disuadir”, y muy poca inteligencia e información para detectar a las células criminales. La lógica indica que tres respuestas que explican los hechos: hay corrupción, los despliegues de fuerza son inútiles y está creciendo el poder de los criminales.

En México hay una psicosis por los más de 28 mil ejecutados y asesinados en esta “guerra”. La información del gobierno señala que hay siete guerras entre los seis carteles que dominan el narconegocio. Estas guerras se intensifican en el norte del país. Ciudad Juárez es el escenario donde suceden el 30 por ciento de los asesinatos, pero Tamaulipas rápidamente está mostrando ser un territorio muy peligroso. De esos 28 mil muertos, se estima que aproximadamente 25 mil son entre sicarios de los carteles. Dos mil pertenecen a fuerzas gubernamentales, militares, policías, funcionarios judiciales y políticos en el nivel local principalmente. Hay un saldo trágico de casi mil muertos entre la población civil no involucrada, donde estar en el lugar equivocado en el momento erróneo fue su crimen. Estos últimos son los que provocan una gran indignación social. Ahora se agregan los humildes emigrantes indocumentados y el aumento del peligro en su búsqueda por una mejor vida en Estados Unidos. Sucedió en México y sus autoridades deben investigar, responder y tratar de evitar futuros hechos de esta naturaleza.

Hay críticas notables a la estrategia de militarización implementada por el gobierno. En parte provoca el aumento exponencial de las ejecuciones entre las bandas criminales, y también hay denuncias de abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas del gobierno. No hay guerra que no se gane sin el apoyo de la población y el presidente de México necesita urgentemente obtenerlo. El gobierno necesita recuperar la confianza de la gente en su estrategia, pero para ello debe asestar duros golpes a los carteles y bajar las ejecuciones y muertos. La violencia va en ascenso y toca incluso a ciudades muy importantes como Monterrey, donde la población está aterrada por las acciones de los Zetas.

La muerte de los emigrantes hace que la guerra al narcotráfico, que de por sí es un fenómeno trasnacional, pues el principal producto sale de Colombia, la cocaína, y se consume en Estados Unidos, ahora también se transnacionalice afectando a los humildes emigrantes. Es claro que los mismos narcos, ayudados por los traficantes de personas y funcionarios del gobierno, han traspasado las fronteras. Las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Brasil, además de tener legítimas reclamaciones hacia México por la tragedia, también tiene sus dosis de responsabilidad, pues las redes de traficantes –de drogas y personas- están en sus territorios. En los pueblos de esos países, los enganchadores de personas inician la cadena criminal y cobran a las familias las grandes sumas de dinero para trasladarlos a Estados Unidos y, cuando son secuestrados en México, les cobran las extorsiones.

El gobierno mexicano debe responder castigando a los funcionarios corruptos y capturando a los asesinos. ¿Hasta dónde puede aguantar un gobernante sin que se derrumbe su imagen y su capacidad de gobernar? ¿Cuántos muertos más están dispuestos a tolerar los mexicanos? ¿Cómo convencerá el presidente Calderón de que vale la pena respaldar su estrategia de militarización y guerra con estas tragedias? ¿Por qué programas de cooperación de Estados Unidos a México como la Iniciativa Mérida, que buscan controlar y reducir el narcotráfico, no tienen incluido el control del tráfico de personas?

Raúl Benitez es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.