El doloroso paquete fiscal que entró en vigor en México este año fue negociado a finales del 2009 a espaladas del Senado y de la Nación por la cúpula del Partido Revolucionario Institucional y la del Partido Acción Nacional.

En un pacto secreto firmado en la oficina del secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, el PAN se comprometió a no hacer alianzas con el Partido de la Revolución Democrática para no perjudicar al PRI, en las elecciones estatales de 2011.

Llegaron las votaciones de la ley de egresos y los priistas abandonaron el salón de sesiones del Congreso. El PAN acusó a la bancada del PRI de no cumplir su parte del pacto y se sintió libre de compromisos para ahora sí, aliarse con el PRD para las elecciones regionales del próximo años.

Aún así, hubo un aumento en el IVA de 15 a 16% los impuestos, más gravámenes a los depósitos bancarios y un aumento en el precio de los energéticos.

La idea de la alianza entre la izquierda y la derecha es vencer al PRI en las urnas en varios estados como Oaxaca y el Estado de México donde el PRI lleva casi 80 años gobernando despótica e ininterrumpidamente.

El escándalo estalló cuando empezaron los reclamos mutuos entre el PAN y el PRI por el incumplimiento del pacto firmado por las partes.

Negociaciones chuecas en fondo y forma

El gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, suspira por ser candidato del PRI a las elecciones presidenciales del 2012 y ve con gran preocupación una alianza entre el PAN y el PRD que merme su poder y el de su partido en las elecciones del 2011en su entidad.

Se redactó un documento para este pacto secreto no sólo a espaldas del Congreso, del Senado, de la nación y por su puesto del PRD. El documento fue tan mañosamente redactado que en ningún momento el PRI asume su compromiso de apoyar el paquete fiscal.
Dicho escrito está firmado por Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, por César Nava, presidente nacional del Partido Acción Nacional. El gobernador Enrique Peña Nieto no dio la cara y envió a su secretario de Gobierno Enrique Miranda Nava a firmar el acuerdo secreto y como testigo “de honor”, plasmó su rúbrica Fernando Gómez Monta, nada más y nada menos que el Secretario de Gobernación.

Cuando estalló el escándalo César Nava negó la existencia del documento pero fue tanta la presión que al día siguiente tuvo que aceptar que mintió y dijo a los medios: “Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos”, al mismo tiempo acusó a Beatriz Paredes de violar el solemne acuerdo porque los senadores priistas no aprobaron la ley de ingresos.

A fin de cuentas, lo único que no aprobaron los priísta fue la creación de un “impuesto contra la pobreza” que gravaría absolutamente todo la producción, venta o compra de cualquier artículo o servicio.
De que hacienda nos clavó el diente profundamente no hay duda.

¿Todos lo sabían, menos el presidente?

El destino y los impuestos del país fueron negociados por una cúpula de políticos corruptos que ahora no saben cómo salvar la cara. Ninguno perderá su trabajo, ninguno irá a la cárcel, pero ellos mismos se han exhibido.

Sus explicaciones son un insulto a la inteligencia de los mexicanos, sobre todo la afirmación de que el presidente Felipe Calderón “no sabía nada”.

La sesión del 10 marzo en el Congreso de la Unión estuvo llena de gritos, insultos, retos y exigencia de priistas y panistas a someterse a la prueba de polígrafo para detectar quién miente.

César Nava retó a Pena Nieto a dar la cara
El presidente Felipe Calderón desde otro foro pidió la unidad “ de los mexicanos”. Claro, cuanto antes se olvide el escándalo, mejor para él.

Pacto ilegal y anticonstitucional

Cada vez que estalla un escandalazo en México, el Gobierno saca al día siguiente una reforma del Estado. Tras la matanza de estudiantes en 1968, uno de los responsables, Luis Echeverría ya como presidente hizo una apertura política y permitió que unos cuantos partidos políticos de oposición tuvieran registro.

Después del Levantamiento Zapatista de 1994, el entonces presidente, Ernesto Zedillo, armó a grupos de asesinos paramilitares e hizo una reforma política donde el gobierno dejaría de ser juez y parte en las elecciones. Desde los años veinte del siglo pasado, el gobierno organizaba, calificaba, evaluaba y reconocía las elecciones a su conveniencia, pero desde 1996, hay mal que bien, un Instituto Federal Electoral y un Tribunal Electoral. Es decir, desde hace catorce años este tipo de pactos en “lo oscurito” son ilegales e inconstitucionales.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete lo puso en estos términos en conferencia de prensa el 5 de marzo:
“Tanto el gobernador Peña Nieto como el Secretario de Gobernación Gómez Mont, cometieron una grave violación constitucional y una grave violación a la Ley Electoral (...). El gobierno federal ya no tiene participación en temas electorales ¿Por qué un secretario de gobernación convoca a un gobierno estatal y a dos dirigentes de partidos políticos a firmar acuerdos y estampa su firma en documentos que ahora son públicos, para proteger a una entidad, un proceso electoral y una aspiración?
Por su parte Peña Nieto se niega a hablar del tema para evitar que crezca el conflicto.
 

Más de lo mismo
¿Dónde quedó la prometida transparencia? ¿Dónde están los principios democráticos y de rendición de cuentas? ¿El presupuesto de ingresos no es obra del Congreso sino de un puñado de sátrapas?
El escándalo ha traído nuevas divisiones internas en las entrañas tanto del PRI como del PAN.
Todo apunta a que hay más episodios ocultos y a nadie le entusiasma los nuevos capítulos de esta tragicomedia, pues la población es la que paga los platos rotos.