El pasado fin de semana han sido asesinadas en Ciudad Juárez tres personas vinculadas al consulado de estadounidense en México.

Con el crimen los narcos envían un claro mensaje al Gobierno de Barack Obama: ningún ciudadano está seguro ni dentro ni fuera de las fronteras estadounidenses.

Una vez más, se pone en evidencia la vulnerabilidad de Estados Unidos. Pero lo que se intenta a todas luces con estos crímenes es detener la participación estadounidense en el combate contra el narcotráfico en la zona fronteriza que separa los dos países.

Inicialmente las autoridades no quisieron dar a conocer la identidad de las víctimas, pero sí se reveló que los muertos eran una mujer estadounidense, funcionaria del consulado, y su esposo, asesinados en el centro de Ciudad Juárez cuando viajaban a bordo de una camioneta. Más tarde se supo que se trataba de la pareja conformada por Lesley A. Enríquez, funcionaria consular, y Redelfs Arthur Haycock. Ambos fueron ultimados a balazos el sábado delante de su hija pequeña tras asistir a una reunión social.
 

En otro ataque fue asesinado el marido de otra funcionaria de la sede diplomática, Jorge Alberto Salcido, de nacionalidad mexicana. Horas más tarde y con base a "información intercambiada con agencias federales estadounidenses", el gobierno de Chihuahua estableció que los autores de los tres asesinatos pertenecen a la pandilla de 'Los Aztecas', sicarios a sueldo del Cártel de Juárez.
 

Por lo pronto la Casa Blanca ha decidido tomar medidas de seguridad y aconsejó al personal consular de segunda línea salir del país y fueron sobre todo las familias de los diplomáticos las primeras en acatar la sugerencia. El Departamento de Estado habría dado esas instrucciones a seis de sus consulados ubicados en la frontera aunque estos se mantienen de todos modos abiertos. Se trata de las oficinas consulares en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros.
 

En un comunicado el Departamento de Estado dijo que "Los cárteles de droga y criminales asociados han tomado violentas represalias contra las personas que hablan en contra de ellos o quienes son consideradas como una amenaza para estas organizaciones".
 

Estados Unidos, primer consumidor de drogas del mundo, ha admitido bajo el gobierno de Obama su corresponsabilidad en el problema del narcotráfico en México y ese reconocimiento se puede constatar en la política seguida por la Casa Blanca en materia de combate a los carteles de la droga. Desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México, EE.UU. y México han estrechado su colaboración en la guerra contra el narcotráfico poniendo el acento, casi exclusivamente, en el aspecto militar. El resultado ha sido un incremento inédito de la violencia, fenómeno que ya se ha extendido, con algunas excepciones, a todo el país. La violencia ligada al tráfico de drogas en México ha dejado más 15.000 muertos en tres años y de nada ha servido el despliegue de más de 50.000 militares en distintos puntos del país como parte del operativo federal contra el crimen organizado.

En el caso de México, la colaboración estadounidense para combatir a las bandas de narcotraficantes es muy estrecha. No sólo se trata del suministro de fondos y armas sino que se extiende incluso al apoyo logístico y de inteligencia. Para eso se requiere la presencia de la agencia antinarcóticos DEA y del FBI, aparatos que se encuentran en México desde hace tiempo. Este lunes el FBI reportó su presencia en Ciudad Juárez en el marco de las investigaciones que se realizan a los autores del crimen.
Paralelamente la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que Washington hará todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos y castigar a los responsables de los crímenes.

Pero las víctimas este fin de semana no fueron sólo los tres funcionarios vinculados al consulado estadounidense. La violencia criminal, relacionada a los cárteles de droga, dejó cerca de 60 muertos, 25 de los cuales en el balneario de Acapulco y otros 14 en diferentes localidades del estado de Guerrero. Ante este desarrollo cabe preguntarse si a la embajada estadounidense, o a cualquier otra, le será posible resguardar la seguridad de los ciudadanos.