La organización Brigadas de Paz Internacional celebra la aprobación de la ley para la Protección de Defensores de Derechos humanos y espera que no se convierta en letra muerta después de las elecciones.

Esta semana, el Congreso mexicano dio un importante paso en la protección de los derechos humanos. Los pasados lunes y martes se aprobaron el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la Ley General de Víctimas. La primera contempla medidas urgentes de protección a aquellos activistas de derechos humanos y a reporteros que ejercen su trabajo en condiciones de riesgo. La segunda establece, como puntos principales, la atención y reparación de las víctimas de hechos violentos. Durante más de 5 años, México ha estado inmerso en una guerra frontal contra el crimen organizado, que ha dejado más de 50 mil muertos y ha puesto en la mira de los violentos a defensores y defensoras de derechos humanos y a los trabajadores de los medios de comunicación.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas inglesas), organización que participó en todo el proceso de aprobación del Mecanismo de Protección, aplaude la decisión del Parlamento y confía en que la Ley se convierta en una eficaz herramienta que puedan usar los activistas para proteger su vida. PBI lleva años acompañando a personas y organizaciones amenazadas y realiza labores de interlocución y cabildeo (lobby) con autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales.

Para Sierra Schraff, Coordinadora de equipos de PBI en México, uno de los puntos más relevantes que contempla el Mecanismo es la consulta con los beneficiarios. En la práctica, esto significaría que, por ejemplo, una persona que ha sido agredida por policías no deseará una escolta policial. Así mismo la coordinadora destaca, que las medidas de protección bajo este nuevo marco legal deben estar consensuadas con los beneficiarios y deben ser acordes con la situación particular de cada afectado. Schraff resalta la necesidad de implementar las medidas no sólo a nivel Federal, sino también estatal y local. “Hemos visto en algunos casos que el Gobierno federal implementa los mecanismos de protección, pero luego las investigaciones que se llevan a cabo en los procuradurías estatales no se cumplen”.

Ley de Víctimas
Otra legislación que vio la luz esta semana en México es la Ley de Víctimas, normativa que crea mecanismos de atención para aquellas personas que hayan sido afectadas de manera directa o indirecta por un acto violento o por la violación de sus derechos fundamentales. La ley contempla, además, la creación de un fondo económico para la reparación de daños y la posibilidad de pedir justicia al menor costo posible. Frente a este último punto, a Sierra Schraff le preocupa que la reparación económica reemplace la aplicación de Justicia. “Ya lo hemos visto con las sentencias que ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México, en las cuales se obliga tanto a la reparación económica como a las investigaciones judiciales. El Estado mexicano suele pagar rápidamente a las víctimas pero tarda años en condenar a los culpables”. No obstante, Schraff se muestra muy complacida por el hecho de que, finalmente, las decenas de miles de víctimas en México tengan una ley que no sólo las atienda, sino que además, las reconozca.