La lucha contra la impunidad sigue adelante en México. Las organizaciones sociales celebran que se haya logrado tipificar el feminicidio en el Código Penal de Ciudad de México. ¿Seguirán el ejemplo el resto de los estados?

El Código Penal de Ciudad de México cuenta con un nuevo delito: el feminicidio. A partir de ahora, los acusados por feminicidio se pueden enfrentar a sentencias de 60 años de prisión. La Asamblea Legislativa de México DF aprobó a finales de junio la tipificación del feminicidio en el Código Penal del estado, hecho corroborado esta semana con la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial.

El feminicidio hace referencia a todo ataque que se realice contra una mujer por cuestión de género. Más allá del asesinato, esta definición incluye aquellos casos en los que “se le hayan infringido a la mujer lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida”. La existencia de algún vínculo entre víctima y victimario será agravante para el acusado y, además, “las amenazas, acoso, violencia o lesiones, o el hecho de que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado a la vía pública” también se considerará homicidio por razón de género.

Cauta alegría
Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres han recibido la noticia con satisfacción pero también con cierta cautela. Irene Miramontes, directora de Desarrollo de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua, hace hincapié en el hecho de que la tipificación se ha producido en el Estado de México. Miramontes reconoce que es un paso importante, que poco a poco puede contribuir a la solución del problema, pero recuerda que todavía falta por ver los resultados de esta medida. “El problema del feminicidio”, dice Miramontes, “va más allá de lo penal. Esto es un paso, pero hay otras cosas que prever”.

La investigadora de Justicia para Nuestras Hijas hace referencia a la cultura machista o patriarcal que subyace como una de las causas principales del drama del feminicidio. Su organización cuenta con una amplia experiencia en la investigación de casos de mujeres desaparecidas y feminicidios en el Estado de Chihuahua. Allí constatan que el obstáculo más grande es la falta de medios para realizar las investigaciones.

Irene Miramontes señala que la desaparición no es un delito, lo cual repercute negativamente en la investigación de los casos de desapariciones. Cuando una mujer desaparece, se hace un reporte a la unidad de personas ausentes y extraviadas y la investigación no comienza de forma inmediata, cuando en este tipo de casos, las primeras horas son esenciales para lograr su resolución.