El gobierno mexicano tiene el problema de cómo encarar el gran poder acumulado por los cárteles de las drogas, que han pasado de esquemas de concentración de riqueza económica, política, militar y social, para tratar de imponer su voluntad al Estado y la sociedad.

Las preguntas obligadas son: ¿el Estado va ganando la guerra?, o ¿quién gana con la paramilitarización y división en territorios donde los cárteles se reparten ciudades, carreteras, barrios y se enfrentan para desplazar a sus rivales? Si el Estado no puede parar el baño de sangre entre los cárteles, muchos analistas sostienen que las fuerzas gubernamentales van perdiendo. Esta afirmación es simplista y sólo se basa en el análisis de una variable: los muertos. Definitivamente tampoco se puede sustentar que el gobierno va ganando la guerra, y si lo afirman los funcionarios del Estado, es difícil creerles. Sin embargo, si por vez primera los cárteles están siendo perseguidos de forma real, no simulada (como se sostiene que sucedió en el pasado), el Estado apenas comienza a construir una estrategia, con todas las dificultades políticas que ello implica.

Sostenemos que esta guerra la podría ganar el gobierno mexicano si articula bien sus recursos, se profesionalizan sus policías, las fuerzas armadas hacen su trabajo de forma eficiente y respetando el Estado de Derecho (lo principal son los derechos humanos de la población afectada), se reforma el sistema de justicia, los sistemas de inteligencia se centran en el verdadero enemigo (antes desviaron sus recursos en la política), además de construir una estrategia integral educativa, cultural, de medios de comunicación y preventiva. Pero también los cárteles podrían doblegar al Estado y la sociedad, corromper a los funcionarios que les sean necesarios para desarrollar sus operaciones en todos los frentes, desde el lavado de dinero hasta entrenar sicarios, o, en síntesis, “comprar al Estado” para sus fines. Depende de la estrategia que cada parte diseñe y despliegue, y de sus capacidades para que esa estrategia opere en el nivel táctico. En otras palabras, la verdadera guerra es la que se da entre construir un Estado Democrático de Derecho donde no tengan cabida las actividades criminales de ningún tipo, o un narcoestado, gobernado por poderes fácticos y grupos de poder que se benefician de ellos. Si se negocia un “armisticio” como sugieren algunos analistas, se construiría un “narcoestado pacífico”.

Nuestra hipótesis es que se vive un momento de definición estratégica. Por vez primera en muchos sexenios, un presidente decide declarar un combate frontal a las organizaciones criminales. Según el mismo mandatario, tras su triunfo electoral en 2006 los servicios de inteligencia y los comandantes militares le mostraron la “verdadera película”, le abrieron la fotografía del cuerpo invadido y lo encontró con cáncer. Ahí mismo decidió dar la guerra para que el Estado no perezca ante el poder de las células enfermas y su irradiación. Si no hubiera actuado, su argumento es que la tendencia al narcoestado podría hundir todos los esfuerzos por construir la democracia y desarrollar el país. La gran pregunta es si valió la pena declarar la guerra en esas condiciones o si había otras terapias de reconstrucción de instituciones, preventivas, de cooperación internacional, o simplemente otras estrategias. Como el jefe de Estado declara la guerra, el instrumento es aquello que está especializado para enfrentarla: la milicia.

Si en México el acumulado de más 17 mil muertos en el gobierno de Calderón entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 va a ser el indicador para definir que el gobierno perdió la guerra -como se sostiene con frecuencia-, no serviría para saber que el gobierno la ha perdido. Además las bajas son en más de 90 por ciento entre las propias organizaciones criminales, por lo que se podría afirmar que esos muertos se dan entre las filas del enemigo. Sin embargo, el frente comunicacional y social de la guerra se puede volver el principal obstáculo para el libre despliegue de la estrategia militar del presidente. O sea, la guerra al narcotráfico en México no se define en las calles ni con sicarios, sino en los medios de comunicación y en el gran impacto en la sociedad, sobre todo porque desde enero de 2010, con el asesinato de los jóvenes en ciudad Juárez y en Durango, la trasmisión psicológica entre la población es de total pánico, principalmente en los llamados territorios en disputa, como ciudad Juárez, Tijuana, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y ahora, de forma terrible para la imagen del país, Monterrey, la Sultana del Norte y símbolo de desarrollo y progreso.

¿Quién es quién? Los cárteles
Los cárteles han aprovechado las débiles estructuras gubernamentales mexicanas, pero están divididos. Se dice (desde la DEA, la PGR y las fuerzas armadas) que hay seis grandes corporaciones criminales, con franquicias a socios y sicarios locales, y que también ellos viven un proceso de acumulación de poder, donde las ejecuciones sería la forma de sacar a los competidores del juego.

Los cárteles mexicanos han pasado por diferentes etapas. De productores y exportadores de marihuana y amapola-opio en Sinaloa y lugares como Guerrero y Michoacán, ingresan a los mercados globales con la cocaína, por los golpes dados a los grandes cárteles de Medellín y Cali desde inicios de los años noventa en Colombia. La cocaína eleva las ganancias exponencialmente, y por tanto se habla de amenaza a la seguridad nacional. Desde inicios del siglo XXI se agregan las metanfetaminas, por lo que se tienen principalmente cuatro productos, cada uno con su historia, sus mercados y sus efectos en la seguridad. El control de la producción, tráfico y distribución al minorista de estos cuatro productos y su persecución verdadera por los gobiernos de México y Estados Unidos desató la guerra entre los cárteles. Se habla míticamente (quizás sea realidad, sólo los servicios de inteligencia propios y extranjeros lo saben) del poder del Chapo Guzmán. Se dice, según la revista de Forbes, que tiene una riqueza de más de mil millones de dólares y que controla del 30 al 40 por ciento de todo el negocio, por lo que las ejecuciones, asesinatos de jóvenes, retenes y otras formas de acción criminal son para sacar del juego a sus rivales.

El gobierno, ¿unificado y preparado?
El presidente Felipe Calderón asume, como todo jefe de Estado, que él da una orden a sus subordinados y éstos la procesan y le obedecen. Supone que el Estado es un actor racional unificado y que todas las dependencias se apoyan unas a otras y se dividen el trabajo. En realidad no todas las dependencias o sus integrantes responden a la estrategia presidencial seleccionada, hay intereses particulares que dominan sobre los del Estado, los niveles de profesionalidad son abismalmente diferentes, la corrupción es diferenciada según la dependencia y el nivel del funcionario determina si responderá al presidente o a otros poderes.

A ello hay que agregar las capacidades humanas y recursos materiales disponibles. No es lo mismo un general o almirante del ejército, fuerza aérea y armada y su nivel de compromiso con la nación y el presidente, que el de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR (quien en teoría debe encabezar la cruzada contra los cárteles) o un agente del Ministerio Público. Entre los servicios de inteligencia sucede lo mismo, la diferencia en el nivel de profesionalidad de los integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y los de otras dependencias es abismal. No se diga con los niveles estatales y municipales. En otras palabras, no hay una fuerza estatal centralizada con los mismos objetivos, capacidades, recursos, financiamiento y entrenamiento. Por ello, la guerra del presidente no se da con la premisa básica de toda guerra: la unidad de mando, fuerzas y recursos, para centrar las fuerzas en el enemigo y su epicentro. Por ello el gobierno no está preparado para hacer la guerra, está preparándose. Además, en un inusual reconocimiento de incapacidad, se solicita ayuda al extranjero. La Iniciativa Mérida rompió el paradigma de la soberanía nacional en la aplicación de las políticas de seguridad del país.

Las instituciones escogidas por el presidente para encabezar la guerra, el ejército, la armada y la Secretaría de Seguridad Pública y su Policía Federal, en consecuencia, acumularán más poder. Sus enemigos están en los cárteles, pero también al interior del propio Estado. O sea, es en primer lugar un problema de contrainteligencia, pues se debe saber quién responde al enemigo y no al presidente en el seno de las instituciones del gobierno. Muy probablemente los diferentes servicios de inteligencia del Estado e incluso los extranjeros, como la DEA y la CIA, no saben a ciencia cierta quién trabaja para quién, o su información puede estar incompleta, dispersa o compartimentada.

También es un problema de información e inteligencia dirigida hacia los cárteles, para poder parar en primera instancia el baño de sangre. Las decisiones del presidente parece que se centran en este nivel: desarticular la actividad de los sicarios, para que baje el impacto violento de la pelea de los cárteles por las plazas, ciudades y puntos estratégicos de la frontera y estados de alta incidencia de sicariato como Michoacán, Guerrero y Durango. Mientras ello no se logre, se seguirá diciendo que el gobierno desarrolla una estrategia fallida. Si esta decisión gubernamental, donde es fundamental la eficiencia del ejército, la armada y la Policía Federal, no se amplía hacia las redes empresariales, de lavado de dinero y narcopolíticas, la fase militar de la estrategia se prolongará y no tendrá éxito. Pero negociar con el narco, como sugieren algunos, es darle el beso al diablo, donde éste saldrá ganando.

El empate
En una guerra el empate es temporal. En la guerra al narcotráfico en México el presidente Calderón puso toda la carne en el asador en intentar ganarla a través de las fuerzas armadas, por desconfianza del resto de las instituciones. Se hace un esfuerzo importante por trasladar responsabilidades a la Policía Federal, pero su juventud (nació en 1999), recursos escasos (aproximadamente 27 mil integrantes) frente a los militares (250 mil hombres), apenas la perfilan como una institución confiable y en proceso de maduración.

Los servicios de inteligencia también están viviendo procesos de profesionalización y reentrenamiento, pero al igual que otras instancias, saber quién no está infiltrado, o simplemente que sean capaces de enfrentar al nuevo enemigo, es un desafío. El esfuerzo de cooperación internacional se centra en la Iniciativa Mérida y el apoyo de Estados Unidos, con un programa inicial de 1.400 millones de pesos, que apenas están ingresando en paquetes de ayuda, por lo que su impacto aun es difícil de evaluar. Los distintos cárteles han sufrido el embate de la estrategia del gobierno, y las luchas intestinas entre ellos llevan a las 17 mil ejecuciones. Sin embargo, cada vez son más las muertes de funcionarios del gobierno civiles y militares y lo más grave, de ciudadanos inocentes. Se dice que no hay simetría en el esfuerzo gubernamental.

El gobierno necesita indicadores de éxito que aun no están a la vista, por ejemplo, reducir los muertos (al mes de marzo de 2010 la tendencia era la contraria, más muertos, comparando la cifra con el año 2009, con lo cual van a sumar más de 7.000 en 2010). Además, la muerte de inocentes, el factor de mayor impacto negativo, es el principal Talón de Aquiles del gobierno y de la estrategia de militarización. En Ciudad Juárez la población afirma que el despliegue de saturación de fuerzas militares y de policías federales es teatral y sólo sirve para demostrar fuerza, sin resultados reales, pues las ejecuciones y asesinatos siguen creciendo. Los recientes ataques a guarniciones militares también serían un indicador de que los jefes de los cárteles, por la intensidad de la ofensiva que el gobierno les aplica, habrían decidido focalizar sus ataques y seleccionar a la milicia como blanco.

Cinco características necesarias de “la guerra” para ganarla
Para que esta guerra se vuelque a favor del gobierno hay que tomar en cuenta cinco variables principales. En primer término, debe ser integral, no sólo militar o de inteligencia, y el Estado debe desplegar coordinadamente, con un fin compartido y sin rivalidades, burocracias o ineficiencias, los recursos de todas sus estructuras, incluyendo las de salud, educación, de comunicación o de infraestructura. Se debe comenzar por limpiar la casa para no estar durmiendo con el enemigo.

Como segunda característica, debido a que los cárteles están en guerra entre ellos, si el gobierno no actúa simétricamente contra todos y en todos los frentes –no sólo tratando de desarmar las células de sicarios-, se beneficiará a quien menos puedan atacar las fuerzas del Estado, o en otras palabras, se producirá un efecto de concentración de poder entre los cárteles. Este es el debate sobre la falta de energía contra la organización criminal del Chapo Guzmán.

En tercer lugar, se deben respetar los derechos humanos. Contra el narcotráfico y en todos los frentes, el Estado es un ente superior, no puede emplear los mismos recursos que los cárteles y la población se debe sentir apoyada por su gobierno, sus fuerzas armadas y policíacas. Al ser una guerra que se vislumbra como prolongada, el apoyo de la población es vital, por lo que no se puede dar el lujo el Estado de emplear tácticas militares o policíacas que no respeten las garantías individuales. Los cateos de casas, los retenes, las detenciones extrajudiciales, los interrogatorios in situ y la posibilidad de confundir ciudadanos con criminales podrían llevar a la población a no verse representada ni confiar en las fuerzas del Estado.

En cuarto lugar, esta guerra es global, por lo que la cooperación internacional es fundamental. Argumentar soberanía es vivir creyendo que esta guerra es como las guerras del siglo XX. Se da en otros países, con medios nuevos, como la Internet, las transferencias bancarias electrónicas basados en el sagrado secreto bancario, e incluso beneficiándose de leyes permisivas en otros países, como las de posesión y compra libre de armas en Estados Unidos.

Como quinto factor estratégico, no se deben rechazar a priori otras formas de acción estatal, como liberalización de algunas drogas ligeras para adictos, despenalizar el consumo para no mezclar enfermos con delincuentes, y abrirse a opciones como las que han aparecido en algunos países europeos o en algunos estados de Estados Unidos como Alaska, Massachussets, California y otros. Sin estas cinco premisas básicas, difícilmente el gobierno podría romper el empate a su favor.

 

Raúl Benítez Manaut es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. UNAM. Presidente de la ONG: colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE)