La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) acaba de presentar su informe anual sobre el 2011. El control y el exterminio de zonas de cultivos ilícitos en América Latina son motivo de gran preocupación.

Rosa Euler

América Central y América Latina
Reina creciente preocupación en torno al control y la exterminación de los terrenos de producción en América Latina, y al combate de redes de narcotráfico que operan en países centroamericanos, desde donde introducen estupefacientes en países consumidores del norte. ¿Acaso se trata de una batalla perdida?

Un ejemplo de ello es México. Según el Informe de la JIFE, en julio del 2011, el Gobierno de este país anunció que había detectado la mayor plantación de cannabis en la historia del país, con una superficie de 120 hectáreas, cuyo rendimiento se estimaba en 120 toneladas con un valor comercial de 160 millones de dólares norteamericanos. Se calcula que, anualmente, fallecen más de 45.000 personas en la región por causas relacionadas con las drogas, cifra que equivale al índice anual más elevado de mortalidad vinculado a las drogas a nivel mundial.

Otros ejemplos son Colombia, Bolivia y Perú. En el 2010, la superficie total dedicada al cultivo ilícito del arbusto de coca en América del Sur era de 154.200 hectáreas, un 6% menos que en el 2009. Si bien en Colombia esta superficie descendió considerablemente, aumentó algo en el Perú. Además, en Bolivia no se registró ningún cambio apreciable en el cultivo de esa planta. La cocaína sigue siendo la principal droga de uso indebido entre personas que reciben tratamiento por problemas de drogadicción, y es la sustancia que se cita con más frecuencia como causa de fallecimientos causados por drogas o relacionados con ellas, en América del Sur.

La hoja de coca está clasificada como estupefaciente en la Convención de 1961, y para su fiscalización se han de aplicar medidas estrictas. En el 2009, el Gobierno de Bolivia formuló una propuesta encaminada a eliminar de la Convención de 1961 determinadas disposiciones relativas a la hoja de coca. Pese a que la propuesta fue rechazada, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado su intención de lanzar una nueva iniciativa para lograr que se autorice el consumo de la hoja de coca.

A este respecto, el presidente de la JIFE, el doctor Hamid Ghodse, declaró que “con mucho pesar, la Junta observa la medida adoptada por el Gobierno de Bolivia, pues es contraria al objeto fundamental y al espíritu de la Convención de 1961. La Junta cree que si la comunidad internacional adoptara un enfoque según el cual los Estados parte utilizaran el mecanismo de denuncia y nueva adhesión con reservas, para superar problemas en la aplicación de ciertas disposiciones de los tratados, la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas quedaría desvirtuada”.

Delitos propiciados por drogas
Los expertos de JIFE manifiestan igual preocupación acerca de la dimensión que ha alcanzado el consumo  de drogas entre la población juvenil. Con frecuencia, se utilizan sustancias psicoactivas para cometer agresiones sexuales y otros delitos. En estos casos, las sustancias, que suelen ser inodoras e insípidas, se administran de forma camuflada a las víctimas en sus bebidas en lugares públicos, como bares o salas de espera en aeropuertos, así como en entornos privados. Según la información de que dispone la Junta, tan sólo un Gobierno exige un análisis de sangre y de orina en todos los casos de violación. Por su parte, el doctor Hamid Ghodse lamenta que la información recibida hasta la fecha es orientativa, mas no exhaustiva, e insta a todos los Gobiernos a que adopten medidas para velar por que se obtengan pruebas forenses siempre que se sospeche que se ha cometido un delito propiciado por drogas”.

Despenalización
El tema posee gran actualidad en América Central, y no se descarta que se debata en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en la colombiana Cartagena de Indias. Una idea que cobra creciente fuerza es el de dedicar fondos, hasta ahora destinados a combatir la droga, a proyectos de información, prevención y tratamiento de drogadictos. Si la erradicación del consumo de estupefacientes parece una batalla perdida, tal vez sea necesario reconsiderar las políticas con que se combate.

“La legalización de las drogas que no estén destinadas a fines médicos,” comenta Andrés Fingerut, Secretario General de JIFE, “no está prevista en las decisiones de las Convenciones, y toda legalización que no se atenga a estas decisiones contradice las decisiones adoptadas en la Convenciones”. A lo anterior, agrega que no se establece una diferencia entre las drogas en tanto a su grado de nocividad. En lo que concierne a la heroína, se están llevando a cabo programas denominados “comprensivos” para lograr que los drogadictos sean tratados y logren reintegrarse a la sociedad”.

El mensaje del presidente del JIFE, Hamid Ghodse, es el siguiente : “Siguen existiendo desigualdades en el acceso a sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos. En consecuencia, muchas personas sufren innecesariamente dolor o enfermedades mentales, a causa de la insuficiente disponibilidad de esas sustancias. Simultáneamente, en otros países el consumo excesivo de medicamentos sujetos a fiscalización internacional amenaza la salud de muchos. Algunas voces han expresado dudas acerca de la eficacia de los vigentes instrumentos de fiscalización internacional de drogas y han propuesto la legalización de algunas de éstas. Sin embargo, muchos de los argumentos esgrimidos a favor de la legalización fallan por su base, pues pasan por alto la complejidad del problema de las drogas, y es difícil imaginar una opción que sea mejor que el actual régimen de fiscalización de drogas”.

Entre tanto, la marginación de numerosos sectores de la población confrontados al consumo de drogas sigue su curso y aumenta de forma tan alarmante, que muchos expertos consideran que si los Gobiernos no toman medidas adecuadas, la situación podría convertirse en irreversible.

El Secretario General del JIFE considera obvio que “los narcotraficantes busquen captar nuevos consumidores y estén interesados en que comiencen a muy temprana edad, porque, en consecuencia, es mucho más difícil que abandonen el vicio.” Y en contrapartida, las políticas de información y prevención tienen como objetivo evitar los problemas que una economía de drogas puede generar en la población, y que afectan la salud física y mental y generan graves conflictos sociales”.

Centenario de la primera Convención
El sistema de control internacional de drogas cumple un siglo desde que se firmó la primera Convención Internacional del Opio en La Haya, en 1912. ¿Cuales ha sido los logros? En opinión del Sr. Finguerut, uno de los más importantes es que las decisiones adoptadas en las Convenciones han logrado un sistema de fiscalización sobre el uso lícito de drogas con fines médicos y se ha logrado evitar una desviación del uso con otros fines. Se ha conseguido reducir este desvío de sustancias hasta un mínimo casi inexistente. Y las Convenciones cuentan con apoyo universal por parte de los Estados.