Las implicaciones y consecuencias en materia de justicia universal, de lucha contra la impunidad y de imposibilidad de investigar los crímenes cometidos durante la guerra y posguerra civil española que pueden tener los llamados “casos Garzón”, han abierto numerosos debates de todo tipo a escala internacional que merecen ser analizados.
Retos de la justicia universal
Desde hace años hemos abordado en nuestras columnas diversos aspectos de la justicia penal universal y hemos analizado los avances y retrocesos en la materia. Los balbuceos de la Corte Penal Internacional, los casos de los Tribunales Penales de Ruanda o ex Yugoslavia, las decisiones de algunos países como la propia España en materia de jurisdicción penal universal, el caso Pinochet…, entre otros acontecimientos, han ocupado estas páginas con frecuencia. Por ello, y aunque no solemos tratar temas relacionados con la realidad doméstica española, debido al interés internacional creado y a las indudables repercusiones que la evolución de los casos contra el juez Baltasar Garzón puedan tener, nos parece obligado analizar, aunque sea parcialmente, algunos aspectos de estos casos que, no solo están suponiendo la pérdida de confianza de muchos sectores de la sociedad española en su justicia, sino su descrédito internacional.
España ya limitó su aplicación de la jurisdicción universal en el año 2009 mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reforma que, tras la presiones de algunos Estados como Israel, contó con el apoyo en el Congreso de los Diputados tanto del PSOE como del PP. Tras este frenazo, los actuales casos contra el juez Garzón pueden suponer aún más retroceso en materia penal. Tribunales españoles han pretendido juzgar en el pasado atrocidades cometidas en otros países, pero cuando se trata de investigar nuestra propia historia, de asumir nuestra memoria, las cosas cambian.
Más allá del caso Garzón
La atención de los medios de comunicación internacionales a este caso ha sido enorme y prácticamente todos los grandes medios –con la previsible excepción del conservador Wall Street Journal- han planteado su perplejidad por que se pudiera estar juzgando a un juez por perseguir los crímenes franquistas y han manifestado su claro apoyo y respeto a Garzón. Por ello, en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo español convocó una reunión para los corresponsales extranjeros, para tratar de explicar los detalles de los casos contra el juez Garzón y darles a conocer los complejos aspectos procesales de los mismos. Los corresponsales extranjeros en España son gente preparada y al corriente de lo que sucede en el país, y esta decisión del alto tribunal supone, de facto, el reconocimiento de un fracaso: nadie en su sano juicio y con cierto distanciamiento y objetividad en su mirada sobre España, puede entender que antiguos franquistas y miembros de partidos políticos como Falange Española puedan llevar a los tribunales –y lo que es peor, con posibilidades de éxito- a un juez por el delito de querer perseguir las atrocidades cometidas durante la guerra y posguerra civil española. Por mucho que el Tribunal Supremo se oculte y se empeñe en situar el problema en tecnicismos, detalles procesales o aspectos formales, la realidad es, como ha dicho con contundencia el antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jimenez Villarejo, que la admisión de querellas contra Garzón por su persecución de los crímenes del franquismo convierte al Tribunal “en algo que da un golpe brutal a la democracia, esto es, constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español”.
Sin duda, el juez Garzón se ha convertido en su trayectoria profesional en un juez polémico, que ha dado muestras de gran atrevimiento y osadía al iniciar procedimientos, como la persecución del dictador Pinochet especialmente, con una lectura progresista y avanzada del derecho penal internacional que no comparten algunos de sus colegas. Eso y la popularidad que ha conseguido y su reconocimiento y notoriedad internacional, le han creado numerosos enemigos entre algunos de sus compañeros que le acusan de “juez estrella” y de estar más preocupado por la imagen que por instruir bien las causas. Pero situar ahí el problema, como hacen algunos medios y algunos juristas, es de una mezquindad corporativa intolerable.
El problema de fondo, lo que está en juego en la posible condena a Garzón en el caso de la persecución de los crímenes del franquismo, es que se puede poner fin –por el momento al menos- a la posibilidad de profundizar en la investigación de esos crímenes, negando una mínima satisfacción a las familias de las víctimas, y situando en la impunidad a los criminales. El que el Juez Instructor del Tribunal Supremo en este caso, Luciano Varela, acuse a Garzón de “imaginación creativa” para desacreditar su argumentación basada en los instrumentos jurídicos internacionales firmados por España, o el que se niegue a autorizar el testimonio de prestigiosos juristas internacionales en la causa por que ello supondría, a su juicio, una “desconsideración a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, pretenden situar el caso en los límites del ordenamiento español y de la Ley de Amnistía de 1977, lo cual es incoherente en un caso que trata, precisamente, de juzgar delitos imprescriptibles y que no pueden ser amnistiados.
Hace algunos años un alcalde andaluz dijo que “la justicia es un cachondeo” y fue procesado por ello, pero desde entonces la justicia española ha mejorado poco. Esperemos que deje de serlo y que la resolución de este caso considere elementos de justicia universal, como en otras ocasiones y para otros casos han considerado los tribunales españoles. Afortunadamente aún nos quedan otros países con jurisdicción universal y otras instancias jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No perdemos la esperanza.





























El problema no esta en investigar los "crimenes del franquismo" sino en ignorar los crimenes de sus opositores. La Ley de Amnistia de 1977 proscribió todos los crimenes políticos cometidos y ello incluye los realizados en la Guerra Civil y posteriormente en la lucha contra el franquismo. Si se van a investigar "los crímenes del franquismo" ese mismo derecho lo tienen los familiares de los asesinados por republicanos, comunistas, troskistas, socialistas, libertarios (anarquistas), más los realizados en las insurrecciones campesinas en Galicia, Cantabría, Valencia, Cataluña, etc., etc. Las barbaridades contra monjas, curas, simples creyentes, figuras de la intelectualidad, simples trabajadores, comerciantes, etc., que no simpatizaban o que fueron denunciados falsamente de simpatizantes del franquismo, están más que documentados. Por tanto, si se abre el frente jurídico de investigar (y castigar, desde luego) los crimenes cometidos durante y después de la Segunda República por los partidarios del Caudillo, igualmente es válido y lícito invesigar y castigar los crímenes cometidos contra los españoles que no simpatizaban con la República. Esto no es cosa de juego: la Guerra Civil española esta considerada entre las 10 más sangrientes de la Historia, por la relación entre muertos totales y población existente en aquellos años. Aquí no se ha constituido una Comisión de la Verdad Histórica,- como en muchos otros países-, que situe las responsabilidades de cada cual ante la Historia y el pueblo español. Un proceso contra el franquismo no es lo mismo ni parecido, al derecho cierto que tienen todas las familias de encontrar sus muertos y darles digna sepultura.
Considero que todo este proceso esta parcializado y mira sólo hacia un lado, ¿Y el otro? ¿No tiene derecho también a que se les haga justicia? Hay que vivir en España y percibir todavía el miedo que cierra la boca a la población mayor, escuchar sus narraciones sobre el hambre y sobre sus muertos.
Merece la pena pensar un poco más sobre el tema y sus implicaciones antes de continuar atacando a la Justicia Española y a la Ley de Amnistia que se aprobó en un momento histórico determinado para terminar con la heridas abiertas en esta Sociedad. R.
NO puedo dejar de reaccionar ante alguien que escribe caudillo con mayúsculas y entrecomilla los crímenes del franquismo. Que además diga ¡¡como gran sorpresa!! que no se ha constituido una Comisión de la verdad histórica resulta ya increible, De eso se trata de que se hubiera consttuido pero no parece que los que ganaron la guerra tuvieran interés, por eso ha habido que esperar más de 70 años y hacer algo parecido a eso. Ese era el objetivo para muchos de la Ley de Memoria histórica que finalmente quedó en poca cosa. Por último, es también curioso que se apoye ahora la Ley de Amnistia que sirvió, precisamente, para legitimar una transición amnésica en la que salieron favorecidos los colaboradores con el franquismo
Lo que se deberia debatir en este caso , antes de pasar a juzgar coss ya reguladas por la ley de Punto fFnal, es si dicha ley debe ser abolida o no.
Si al final se decide ser abolida, pues que se empieze a juzgar lo que haga falta, pero la ley es la ley, por el momento la ley de Punto Final existe y no ha sido abolida. La ley se respeta o se cambia.
Por otra parte, cuando se trata de resolver los cirimenes del franquismo nos hablan con gran pompa y aire emocionado del derecho a la "Memoria historica". Muy bien, pero ¿porque cuando se intenta hacer lo mismo en los paises que fueron comunistas, como Polonia, los mismos medios como RN, El Pais, Le Monde, Liberatoon L'Humanité, etc nos dicen que eso es caceria de brujas?
¿Que pasa? Los muertos son menos muertos cuando el que mata es un facista que cuando el qeu mata es un comunista?
¿No será mas bien todo esto un asunto ideológico de nostalgicos del comununismo contra nostalgicos del facismo?
Buen artículo y buen comentario. Pero Mario olvida que el problema central no son los crímenes cometidos durante la guerra civil sino en los años posteriores. Y ahi, solo hubo crímenes por parte del régimen franquista que, tampoco lo olvidemos, duró muchos años y en el que participaron algunos de los actuales politicos del PP y destacados miembros de la judicatura. Y muchos de esos son los que no toleran que se reabra la memoria y que sus crímenes ( o los que ellos conocieron y no hicieron nada) puedan ser, auqnue muy tarde, investigados.
Es cierto, Leandro, claro que yo me refería a lo antiguo, ya que lo que se cuestiona a Garzón es enjuiciar muertos, lo que no corresponde en el Derecho Penal.
El autor de la nota afirma que el Tribunal Supremo "se empeña en situar el problema en tecnicismos, detalles procesales o aspectos formales", y que, en realidad , al admitir querellas contra Garzón, se constituye en un "instrumento de la actual expresión del fascismo español”. Soy abogado. Para poder opinar sobre una causa judicial, es necesario estudiarla y con conocimientos jurídicos. La mera opinión desde posturas ideológicas no parece ser seria, y además, como en el caso, si hay poco apego al Estado de Derecho y a la Ley. Lo que indica como tecnicismos procesales, son las garantías procesales y constitucionales que en un Estado democrático rigen para que exista un debido proceso. No se puede descalificar así sin más a un Tribunal, invocando razones ideológicas o el apoyo de grupos o individualidades de ideas afines. No se puede por razones ideologicas, pretender por ejemplo, que se siga un proceso contra un muerto, como entiendo que pretendía Garazón. Si lo que se busca es que descendientes de victimas de la Guerra Civil puedan conocer el destino de sus ancestros, por ehchos ocurridos hace más de 80 años, y con las tremendas dificultades de tener éxito en el intento, ello es posible sin que deba encuadrarse tal investigación en un proceso penal y enjuiciamiento de muertos, basta una ley que disponga tal investigación, y proporcione los medios económicos y técnicos necesarios a tal fin. Lo que no se puede es pretender, embanderado en una parcialidad de la historia, enjuiciar a la otra parcialidad, para sacar réditos políticos, y reescribir la Historia, hacer un relato solo desde el punto de vista d euna de las partes, la investigación tendrá que abarcar v´ctimas de ambos bandos
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