El gobierno del MAS empieza a gobernar. Eso está bien. Sin embargo, en su intento de hacer cumplir la ley se encuentra ante una nueva estrategia de la oposición que ha salido en defensa, a través de los medios, de personas detenidas por haber atentado contra el estado. La desinformación está en plena marcha.
 

Fernando Cabrera
 

A los prefectos de la oposición no les interesa mucho la autonomía departamental ni el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Lo que persiguen en resumidas cuentas es evitar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Esa puede ser la conclusión después de analizar los hechos de los últimos días.
 

Esta vez el argumento es que el oficialismo ha violado el acuerdo previo a la reiniciación de las negociaciones del pasado fin de semana. El gobierno no tomaría represalias políticas que tengan relación con las manifestaciones, bloqueos y protestas que siguieron al referendo revocatorio del mes de agosto. Pero las represalias llegaron aunque el ejecutivo las desvincula de cualquier contenido político.
 

Debido a eso las autoridades departamentales de la Media Luna suspendieron el dialogo y mantienen su decisión de marginarse del proceso de negociaciones "mientras el Presidente no cumpla con su compromiso."
 

Se trata concretamente de la detención del ciudadano José Vaca, cívico de la localidad de Villamontes, acusado por el gobierno y la justicia de haber perpetrado un acto criminal al volar un gaseoducto ocasionando pérdidas al estado. El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, determinó la detención preventiva de Vaca en el penal de San Pedro, en la sede de gobierno, acusándolo concretamente de "participar en la explosión de un tramo del gaseoducto Palmar Grande y en la toma del campo hidrocarburífero de Vuelta Grande."
 

Por otro lado, el Ministerio Público involucro en el mismo caso a otras siete personas, entre ellas al presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, y al titular del Comité Cívico de Villamontes, Felipe Moza. Uno de ellos, ya está detenido en La Paz.
 

Las acciones judiciales abarcan también otras partes del territorio. El secretario general del Comité Cívico del departamento de Beni, Juan Jesús Hurtado, denunció que el Ejecutivo inició un juicio en contra de más de 20 dirigentes de esta entidad, a quienes acusa de instigación, conspiración y otros delitos, que se habrían cometido durante la toma de instituciones públicas en septiembre, como parte de las movilizaciones autonomistas. "Estamos siendo perseguidos, amedrentados con juicios, quieren asustarnos, pero no nos van a acallar", es la respuesta.
 

Además de estos hechos señalados por el gobierno, hubo otros de la misma o mayor gravedad. Tras el referendo revocatorio del 10 de agosto que ratificó al presidente Evo Morales con el 67.4 por ciento del voto popular los prefectos y dirigentes cívicos de los departamentos rebeldes, iniciaron la toma y saqueo de las instituciones públicas del Estado en las ciudades de Cobija, Trinidad y Santa Cruz. A esto se sumó la masacre de una veintena de campesinos en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, en el departamento de Pando, hecho que colmó la medida y fue interpretado por el gobierno como "un intento de asestar un golpe de estado civil prefectural".
 

Pero ese intento se frustró, y fue entonces que el prefecto del sureño departamento de Tarija, Mario Cossío, a nombre de los otros prefectos de la Media Luna, aceptó reencaminar el diálogo con el Gobierno con el objetivo, claro está, de minimizar el efecto de los actos violentos perpetrados en el norte del país. Esas muertes, al menos eso intentaba Cossio, tenían que quedar en la impunidad.

Medios
Al constatar que el Poder Ejecutivo no negociaría la masacre es que se urde un segundo plan. Los opositores desatan una campaña de desinformación a través de los medios con la que intentan justificar la ruptura del diálogo. A partir de ese momento la prensa escrita más importante del país publica a diario y en primera plana las denuncias de "abuso y amedrentamiento" por parte del gobierno. Los programas informativos de los diferentes canales privados de televisión abren con la "falta de voluntad de pacificar el país y salir de la crisis" del gobierno de Evo Morales.
 

Mientras una gran parte de la población aún repudia la matanza del pasado 11 de septiembre, el llamado Consejo Nacional Departamental, Conalde, (órgano creado por los prefectos opositores) sale en defensa, a través de los medios, de algunos dirigentes que, según el gobierno, realizaron actos vandálicos y atentaron contra los intereses del estado durante los días de la violencia en el oriente. Tal es así que Conalde aboga por la libertad del responsable del baño de sangre en Pando, el prefecto Leopoldo Fernández, además de los otros cívicos detenidos recientemente.
 

El diputado oficialista Gustavo Torrico denunció el jueves pasado que "..cuando el país demandaba diálogo los prefectos de oposición hacían bloqueos, cuando el país repudiaba la matanza de Pando salieron a defender a un criminal, y ahora cuando el país exige justicia y comienza a actuar la justicia, salen en defensa de los terroristas y criminales".
 

Ahora las negociaciones están suspendidas. El presidente Morales, decidido a gobernar e "imponer la voluntad popular'', ha anunciado ya que con o sin los prefectos cerrará el diálogo este domingo y ha agregado que incorporará al proyecto constitucional los acuerdos a los que hasta el momento se llegó con los opositores. Y esos acuerdos no son muchos. El mandatario señaló además que los delitos no pueden ser parte de una negociación política.
Los prefectos, decididos a bloquear la nueva constitución, no ven las palabras del presidente como una muestra de buena voluntad para salir de la crisis. La ciudadanía, afligida por la incertidumbre y por el incesante alta de los precios de la canasta familiar, protesta y ha llegado a desconfiar de todos los actores políticos.
¿Se podía esperar otra reacción?