En los últimos meses se han presentado varios casos de “falsas víctimas” del conflicto colombiano. Hechos que le hacen un flaco favor a la aplicación de la ley que pretende compensar y restituir la tierras a los millones de personas afectadas por la guerra.

Hace algunos días les contábamos en estas mismas páginas la historia de los campesinos colombianos ubicados en una zona denominada Las Pavas a quienes por décadas se les han despojado de sus tierras producto del conflicto colombiano. Unas horas después de publicada esa información, la Fiscalía de ese país daba a conocer un documento en el que aseveraba que no existía ningún indicio que demostrara dicho desplazamiento forzado. “No existen motivos o circunstancias fácticas que permitan considerar que nos encontramos ante la caracterización de un delito de desplazamiento forzado”. El mismo documento asegura que “se investigará por conducta punible de fraude procesal a todos los directivos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y demás ONG nacionales y extranjeras que le exigían al Estado colombiano”.

Estas aseveraciones de la Fiscalía de Colombia fueron rebatidas de inmediato no solo por los representantes legales de las victimas sino por académicos y estudiosos del conflicto colombiano. El director de la clínica jurídica de la Universidad Javeriana, Roberto Vidal, entidad que junto a otras 13 organizaciones y con el apoyo de la cooperación internacional ha venido asesorando legalmente desde el 2009 a los campesinos de Las Pavas, rebate totalmente las afirmaciones de la funcionaria.

“Hemos podido constatar que durante la última década en esta zona de masiva violencia por parte de los grupos armados en Colombia han tenido lugar graves situaciones de desplazamiento de ésta y de muchas de las comunidades vecinas de Las Pavas que han sido víctimas del despojo y la violación de derechos. Nosotros hemos afirmado que allí ocurrió el desplazamiento, no solo de esta comunidad sino de toda la zona”.

La investigación de la Fiscalía se fundamenta, en su gran mayoría, en el testimonio de Pedro Moreno, antiguo compañero y líder de la organización de los campesinos, quien sorpresivamente cambió su versión y afirmó que su comunidad nunca había sufrido desplazamiento ni hostigamiento por parte de los paramilitares que operaban en la región. El señor Moreno es actualmente empleado de una de las empresas palmeras que reclaman la restitución de la propiedad de la tierra.

Radio Nederland buscó la opinión de los afectados por este dictamen de la Fiscalía. "Desde hace años sufrimos el desprecio de las autoridades colombianas. Han intentado tacharnos de violentos pero nosotros no hemos caído en su juego; amamos, respetamos y defendemos la vida de todos los hombres. La Corte Constitucional hizo que reconocieran nuestros derechos. Después del fallo de la Corte, un compañero nuestro, desplazado como todas nuestras familias, apareció diciendo que no era ni éramos desplazados. La estrategia de dividirnos ha surtido efecto. En el pronunciamiento de la Fiscalía han conseguido que uno de los nuestros, un compañero, nos clavara un puñal. Pero seguiremos luchando por nuestros derechos; nuestras familias, de campesinos, no pueden vivir sin la tierra; ella hace parte de cada uno de nosotros y de todos como comunidad", nos decía Misael Payares, uno de sus líderes.

Igualmente, Radio Nederland intentó durante varios días obtener sin éxito la versión de la Fiscalía General de Colombia que en los últimos días abrió una nueva investigación sobre el caso.

Los enemigos de la Ley de Víctimas
El caso de Las Pavas aviva aún más el debate que en el último tiempo ha copado las portadas de los medios de comunicación colombianos y que tiene que ver con las llamadas “Falsas Víctimas” del conflicto de ese país. El término se comenzó a acuñar hace un par de meses cuando la Fiscalía develó otro caso en el que había encontrado irregularidades. Esta vez, en el proceso judicial por la conocida masacre de Mapiripán perpetrada en 1997 por un grupo de paramilitares.

Catorce años después de la matanza, investigadores de la Unidad de Justicia y Paz encontraron que al menos 12 de las 20 víctimas, que fueron reconocidas por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del cual se condenó al Estado colombiano, eran falsas. Incluso, uno de los supuestos desaparecidos compareció en una audiencia judicial en Bogotá hace algo más de un mes. Varias personas recibieron millonarias compensaciones por estos hechos. Y aunque una inédita revisión del fallo podría darse, hasta el momento el tribunal interamericano solo le ha dado al estado colombiano un par de meses para presentar las pruebas que demuestren que hubo tales falsas víctimas.

Todos estos hechos han sembrado un manto de duda sobre las víctimas del conflicto colombiano y sus organizaciones, pero sobre todo, ha generado un debate alrededor de la aplicación de la Ley de Víctimas y una enorme preocupación de la que no está exento ni siquiera el mismo presidente colombiano Juan Manuel Santos. “Porque lo que estamos viendo es que hay enemigos que quieren que esa ley no funcione. Recordarán ustedes que yo hice mención de que hay una mano negra de la derecha y de la izquierda. Pues esta mano negra de la derecha y de la izquierda está comenzando a funcionar en contra de esta ley y no vamos a permitir que se salgan con la suya”.

Mientras la justicia nacional e internacional logra desentrañar la verdad alrededor de estos dos casos que retratan el drama de la violencia en Colombia, la aplicación ciertamente dificultosa de la tan anhelada ley de víctimas en Colombia sigue su curso. A pesar de todas esas manos negras de las que habla el presidente Santos.