Casi un año tras su derrocamiento, Manuel Zelaya es aún una realidad política en Honduras. Ahora protagoniza una guerra diplomática con el presidente Porfirio Lobo, en la que se mezclan agendas internacionales ocultas.
En el recuento numérico de la contienda, Zelaya conserva el respaldo de diez de los doce presidentes de Sudamérica, agrupados en UNASUR, mientras que Lobo tiene el apoyo de Estados Unidos, Canadá y gana terreno en México, Europa y Centroamérica.
Esta semana, la contienda de ambos políticos se trasladó al sur del continente. Mientras Lobo hizo visitas oficiales a Colombia y Perú, Zelaya fue invitado de honor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con ocasión de los festejos del bicentenario de Argentina.
En cada viaje y contacto diplomático, Lobo despliega una ofensiva en la que se presenta como un Gobierno legítimo y con voluntad de impulsar políticas de reconciliación y reforma institucional.
En contraste, Zelaya sostiene que Lobo es producto de un proceso electoral viciado por el golpe de Estado de junio del 2009, y que permite una brutalidad represiva que se sintetiza en la eliminación de sus adversarios políticos del Frente de Resistencia.
Un detalle significativo de la disputa que encabezan Lobo y Zelaya es que, por donde se desplazan, arrastran la controversia de un conflicto geopolítico internacional que oculta agendas dentro de otras agendas.
Tanto Uribe como García soportaron recriminaciones políticas de la oposición por su beneplácito a Lobo y la suscripción de acuerdos bilaterales de inversiones, lucha contra el narcotráfico, seguridad y cultura.
A nivel macro, el conflicto hondureño sirve de excusa para un pulso entre la diplomacia de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, y la política exterior de Estados Unidos y de la Unión Europea en América Latina.
La reciente amenaza de esos países latinoamericanos con no asistir a la Cumbre Unión Europea-América Latina si Lobo estaba presente en Madrid reflejó ásperas controversias pendientes, desde comerciales hasta petrolíferas, que rebasan el caso Honduras.
Algo similar ocurre en el trasfondo de las relaciones entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, y Perú y Bolivia, cargadas de tensión y pleitos inconclusos.
Consciente de lo movedizo de la arena latinoamericana, la diplomacia de Washington maniobra con cautela, y avanza, yarda a yarda, como en el fútbol americano. Primero, coincidió respecto a Honduras con la política exterior de Canadá y luego con México.
En una declaración conjunta, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de México, Felipe Calderón, reconocieron los “pasos que Honduras ha tomado desde la celebración de las elecciones en noviembre del 2009, para restaurar el orden democrático” e instaron por el fin de su aislamiento.
México confirmó así su distancia de las posiciones encabezadas por Venezuela y Brasil, los otros pesos pesados del continente.
Incluso una fuente política reveló a Radio Nederland, en Tegucigalpa, la negativa del Gobierno de Calderón a una consulta secreta de Zelaya para cambiar su asilo de la República Dominicana a México.
Por su parte, el Gobierno mexicano argumentó diplomáticamente que no estaba en condiciones de garantizar la integridad física de Zelaya en caso de que se planeara un atentado en su contra.
Bajo ese contexto, hay quienes en Honduras se preguntan sí hay verdadero interés de la comunidad internacional involucrada de resolver la crisis de este país, o si la opción encubierta es dar largas al asunto, proponiendo soluciones imposibles como convocar de nuevo las elecciones generales.
Zelaya, más pragmático, propuso un plan de reconciliación nacional que contempla su retorno “con todas las garantías” a Honduras, el otorgamiento de una personalidad jurídica como partido político a la Resistencia, el respeto de los derechos humanos y la convocatoria a una Constituyente.
La respuesta de Lobo es negociar dentro de lo que está a su alcance y le conviene. Quizá el paso más firme que ha dado para la reconciliación es el menos debatido, y fue su reconocimiento, en Madrid, de que lo ocurrido el 28 de junio “fue un Golpe de Estado”.
Los ultraderechistas locales interpretaron esa declaración como una especie de traición o puñalada trapera, puesto que si, jurídicamente, el Estado admite que se trató de un golpe y no de una sucesión presidencial, entonces los expuestos a la aplicación de la ley serían ellos y no Zelaya.
En todo caso, las concesiones de ambos bandos en la negociación internacional se perfilan inevitables y controversiales para alcanzar un acuerdo. La pregunta que inquieta en el país es ¿cuáles serán, cuándo y a qué costo?
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Cuando no Alan García cumpliendo con la voluntad de Obama, no es pura casualidad que García y Uribe tan pegados a Obama hayan reconocido a Lobo como presidente de HOnduras. García y Uribe siempre denostan las reuniones que se realizan en sudamérica, pues prefiren las grandes reuniones donde están en presentes los grupos de poder econmomico.
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