Mientras los mercenarios de Gadafi siembran la muerte en Libia, los juristas estudian la situación. Se habla de “crímenes de lesa humanidad” e incluso de “genocidio”. Son palabras fuertes. Cabe preguntarse si habrá justicia una vez que se termine la dictadura en Libia y si el caso alcanzará a la Corte Penal Internacional.
El líder libio, Muamar Gadafi, intenta por todos los medios detener la revolución. En lugar del diálogo, opta por la mano dura. La comunidad internacional condena la violencia. Esa semana el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon habló de “serias violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos” en Libia. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, exigió el pasado martes una investigación internacional independiente. La jurista sudafricana calificó de “inmoral” el hecho de que en Libia “se dispara contra manifestantes pacíficos”.
Según Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional, CPI, es posible que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el fiscal general de la CPI en La Haya Luis Moreno Ocampo, ha dicho que de momento la Corte no puede hacer nada. En primera instancia es la propia Libia la que debe actuar. La CPI es el último instrumento jurídico.
La Corte Penal Internacional
Desde julio del 2002 la Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya.
El fiscal general, Luis Moreno Ocampo, sólo puede perseguir a personas sospechosas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, cometidos después del 1 de julio del 2002.
El Tratado de Roma ha sido firmado por 114 países.
En la cárcel de Scheveningen, Holanda, se encuentran cinco sospechosos que están siendos enjuiciados por la CPI:
• Lubanga (RD de Congo)
• Katanga & Ngudjolo Chui (RD de Congo)
• Bemba (República de África Central)
Las personas más buscadas son:
• Omar al Bashir (Sudán) en relación con crímenes de guerra y genocidio
• Joseph Kony (Uganda) en relación con crímenes de guerra por el LRA
La CPI de La Haya solo puede entrar en acción si la misma Libia no es capaz o no está dispuesta a investigar los crímenes. A Ocampo no le queda otra cosa que esperar. Si Gadafi es destituido, es posible que los nuevos líderes del país deseen juzgarlo en un tribunal nacional. Pero por el momento, Gadafi ha anunciado que luchará “hasta la última bala”.
De cualquier forma, Ocampo está supeditado al Tratado de Roma, que en 1998 creó la Corte Penal Internacional. Libia nunca firmó el convenio, lo que significa que el fiscal general de momento está imposibilitado de actuar.
Aún así existe una posibilidad de que la CPI entre en acción. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede darle la orden a Ocampo para que investigue la situación en Libia.
Por otra parte es posible que un nuevo régimen reconozca la jurisdicción de la CPI.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad está profundamente dividido sobre el tema de Libia. Hasta ahora la ONU solamente envió a Ocampo a la región de Darfur en Sudán. Ello significa que hay que esperar a ver si los nuevos mandatarios en Trípoli invitan a Ocampo para investigar la actual violencia política en el país.
En el caso de que la CPI sea invitada para hacerlo, Ocampo investigará sobre todo si se puede hablar de crímenes de lesa humanidad. Todos los delitos que hayan sido cometido Gadafi antes de julio del 2002, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en julio del 2002 se instauró la Corte Penal Internacional en La Haya.


























Enviar nuevo comentario