Centenares de damnificados por el terremoto que devastó el sur de Perú en agosto del 2007 han iniciado una serie de protestas por la lentitud con la que se está llevando a cabo la reconstrucción.

Este fin de semana se han cumplido tres años del terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter que devastó las ciudades peruanas de Pisco, Chincha e Ica, al sur del país. A raíz de este aniversario, se ha sabido que centenares de damnificados por el seísmo siguen viviendo en carpas, lo que ha motivado que inicien una campaña de protestas ante la lentitud de las labores de reconstrucción.
 

Las protestas comenzaron con un “cacerolazo” en la ciudad de Pisco, a 250 kilómetros al sur de Lima, ciudad que quedó destruida por la catástrofe en un 80%. Los manifestantes cortaron por unos momentos la carretera Panamericana, que conecta la capital peruana, Lima, con el sur de Perú. Además, bloquearon durante unas horas el puente Huamaní y anunciaron un paro provincial indefinido, en fecha sin confirmar, como medida de presión por el retraso en el cumplimiento de las promesas de ayuda del gobierno.

Proceso lento
En un año que ha sido testigo de fuertes catástrofes naturales, como los terremotos de Haití y de Chile, o las más recientes inundaciones en Pakistán y China, llama la atención la demora con la que se están desarrollando las tareas de reconstrucción en Perú.
 

La cooperación internacional se movilizó en su momento para ayudar al gobierno peruano en la atención a la emergencia, y numerosas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, emprendieron la labor de reconstruir las zonas devastadas lo antes posible.

El director de la ONG CARE Perú, Milo Stanojevich, reconoce que todavía queda mucho por hacer. En entrevista concedida a Radio Nederland, Stanojevich explica que CARE Perú y otras organizaciones en el país forman un grupo que se llama “Grupo de Viviendas Seguras y Saludables” que durante los tres últimos años ha reconstruido cerca de 3.800 viviendas, con otras doscientas en camino.

El balance tras el seísmo fue de alrededor de 10.000 viviendas destruidas en zonas rurales y CARE Perú ha enfocado su trabajo en atender a las familias más pobres que no tenían acceso a programas de vivienda ni a crédito. El apoyo del gobierno central no ha llegado a las zonas rurales y ese vacío ha sido cubierto por las ONGs, la cooperación internacional y el apoyo de los municipios y los gobiernos locales.

Stanojevich advierte que el período de recepción de ayuda internacional se acerca a su fin, por lo que su organización pide al gobierno de Alan García que asuma la responsabilidad de continuar con el trabajo que se ha iniciado. El director de CARE Perú señala además que existe la tecnología necesaria para poder hacer este trabajo: los expertos cuentan con la posibilidad de construir casas seísmo-resistentes mejores de las que había antes del terremoto. En el trabajo realizado hasta ahora las familias se han involucrado en la reconstrucción de sus viviendas, y las organizaciones locales y nacionales han recibido el apoyo de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en este caso a través de la organización CARE Nederland.

Bono 6000
Todo trabajo de reconstrucción necesita su tiempo, sobre todo si se trata de una catástrofe de la magnitud del seísmo que sacudió al Perú en el 2007. Sin embargo, esto no impide que se señalen las carencias de un sistema que mantiene a centenares de personas con una carpa como único techo. Milo Stanojevich opina que el gobierno central se ha concentrado más en la reconstrucción de infraestructuras como carreteras, hospitales o escuelas y no ha atendido como debería la rehabilitación de viviendas.

Por su parte, el presidente peruano Alan García respondió a las críticas que se hacen a su gobierno y aseguró que se han entregado bonos de ayuda a las familias para que puedan reconstruir sus viviendas. En declaraciones a la prensa, García habló de la irresponsabilidad de las familias y afirmó que todo Perú “no puede sacrificarse solamente para Ica”.

Stanojevich explica que, efectivamente, se entregaron bonos de ayuda prometidos por Alan García inmediatamente después del terremoto por valor de 6.000 soles peruanos (alrededor de 2.000 dólares) a cada familia damnificada.

El sistema, dice el director de CARE Perú, no fue muy bien implementado. El problema no fue identificar a las familias que podían optar al bono, sino la manera en que se llevó a cabo el proceso, El bono se entregó en forma de una tarjeta de débito y las familias no recibieron ningún apoyo técnico para reconstruir sus casas. Con la tarjeta de débito no se podía pagar mano de obra especializada y todo el sistema fue muy complicado, tanto que el gobierno terminó eliminando el llamado bono 6000. Stanojevich dice que se entregaron 28.000 bonos pero muy pocas casas fueron reconstruidas.

Importante cooperación internacional
A pesar del paso de los años desde el terremoto, Milo Stanojevich confía en poder contar con la colaboración internacional en el futuro.

CARE Perú mantiene muy buenas relaciones con las organizaciones con las que trabaja y junto a CARE Nederland está involucrada en un proyecto de aplicación de viviendas reforzadas con malla polímera o viviendas de adobe adecuadas térmicamente para regiones que se encuentran a 3000 metros de altura, por ejemplo.

También se mantiene la cooperación con Canadá, centrada en un programa de trabajo integral de lucha contra la desnutrición infantil, y con los Estados Unidos en un programa de atención a las zonas rurales de la costa. El trabajo continúa, pero Milo Stanojevich, director de CARE Perú. confía en que el gobierno central recoja el testigo y asuma su responsabilidad en estas tareas.